Rodrigo Villar.
Desde hace una década se conocía públicamente la gran importancia de ese mineral llamado litio para el desarrollo de la energía que las nuevas tecnologías de comunicación y transporte en el mundo requieren.
Para entonces, y hasta ahora, no se contemplaba la posesión exclusiva de ese mineral, en manos de la nación. Había un limbo -y lo hay- en las leyes mexicanas. Nadie, desde entonces, pretendió remediarlo porque en esa medida el descubrimiento de los yacimientos en territorio nacional, reveló entre la clase política dirigente y los empresarios -tanto nacionales como extranjeros-, un potencial de riqueza aún más grande que las mismas reservas de petróleo.
Fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que sus funcionarios vivaces y vivales, trataron de resolver a su favor y de un puñado de empresas mineras del país y del extranjero, la adjudicación de las vastas regiones ricas en litio.
Aquel gobierno peñista otorgó ocho concesiones a igual número de mineras. Fue y es tal el interés que para conseguir el permiso -aún no sabemos a cambio de qué-, una asociación multinacional constituida con capital chino e inglés, conformo una empresa que se llama Bacanora.
El propósito es explotar por lo menos mil hectáreas en el estado de Sonora, donde se ha descubierto una amplia región, en cuyo subsuelo se encuentra el preciado mineral, litio. Tan sólo recordemos que ese material es el que da sustento de energía al teléfono celular que usted usa a diario, incluso en este mismo momento, y ya se utiliza para alargar la vida útil de las baterías de todo tipo, de relojes y aditamentos electrónicos, incluida la batería de su automóvil.
Como usted verá, se abrió la caja de Pandora, de la que se desprendió una oportunidad de oro para hacer negocios inconfesables entre gobierno y empresarios que buscan lucrar con todo aquello, que les sea ajeno, es decir que no forme parte de sus intereses.
Sin embargo, el tiempo no les alcanzó, para garantizarle a sus socios privados el dominio y posesión del preciado mineral. Lo que puede considerarse – si se confirma que México es propietario de grandes yacimientos. La derrota electoral del PRI significó un duro golpe a cualquier afán de poner de rodillas al país, aún a costa de la misma propiedad del mineral.
Ese es el torbellino de la contradicción, en la que se ha visto sujeto el país durante 30 años de gobiernos de corte privatizador (llamados neoliberales), y el cual ya fue acotado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Resulta estimado lector, que el tabasqueño, al que no se le puede regatear que tenga un pelo de tonto, porque si es un hombre que conoce la realidad nacional, anunció hace tres meses, presentaría tres iniciativas de reforma constitucional, con objeto de redondear su proyecto de gobierno, al que hace llamar la cuarta transformación.
Entre ellas, había anunciado presentaría la reforma eléctrica para devolverle a la Comisión Federal de Electricidad, el papel rector en la generación y distribución de energía en el país.
Y como lo anunció, lo hizo. La semana pasada envío a la Cámara de Diputados su propuesta entorno a la CFE. Pero traía un as bajo la manga, incluyó en ese paquete de reformas a los artículos 25, 27 y 28, la obligación del Estado a garantizar la posesión del litio a favor de la nación.
Tal determinación reveló la capacidad que tiene el presidente para adelantarse a los escenarios que van conformando el acontecer nacional. Sin duda, incluir el tema del litio en el debate público nacional, es un acierto, que sólo tiene parangón con aquellas decisiones de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, que garantizaron al país la propiedad de algo de lo mucho que se le ha arrebatado: el petróleo y la generación de energía eléctrica, las dos aunque sea a la mitad, porque por obra y gracia de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón están a un paso de terminar en manos y control de los capitales privados, nacionales y extranjeros, que al final del día son lo mismo.