Rodrigo Villar
La elección de Javier Duarte de Ochoa, como gobernador de Veracruz, hace siete años, fue controvertida aún en sus antecedentes. Su pasado –entonces- como de secretario de finanzas del estado, en la administración de Fidel Herrera, la imposición como candidato, su admiración por el dictador español Francisco Franco, y su voz aguda, lo terminaron por colocar en la esfera de los personajes más despreciables en el terreno de la política.
Sin duda este ex gobernante, caído en desgracia por su exagerada exposición mediática, por las graves acusaciones de violencia contra defensores de los derechos humanos, el homicidio y la intimidación de reporteros, los inconfesables actos de corrupción e impunidad de él sus allegados, en fin la podredumbre que significó su paso por el poder, merece un castigo ejemplar.
Javier Duarte, es sólo uno de muchos de pillos que han tundido, herido, llevado al paroxismo, al desastre a un país tan grande y prometedor, poblado –aún- de personas decentes y buenas.
Él no es la punta del iceberg, él forma parte de una casta que se debe proscribir en el papel, y darle entonces, oportunidad a la sociedad a decidir libremente quien le gobierne, y cuando sea el momento necesario echarlos del ejercicio público, con el consiguiente castigo que merecen.
Hace unos días, el Ministerio Público Federal (MPF) integró un expediente de pruebas que sirvan de sustento legal para castigar con la prisión a Javier “N”. Bueno, se trata de que así fuera.
Sobre todo porque, cuando este ex gobernador fue capturado en Guatemala, después de que se había boletinado su orden de captura, su actitud nos provocó cierto enfado porque en las imágenes que se distribuyeron en los medios mostrándose sonriente, sin tapujos, y anunciado implícitamente que la ley mexicana no le generará ni un pellizco.
Eso es precisamente lo que más enerva a los ciudadanos: el cinismo de aquellos que expoliaron los recursos económicos y naturales del país. Pues Duarte ya envió el mensaje de que saldrá con la frente en alto, cuando las evidencias le incriminan y lo colocan en una posición incómoda en el ámbito de la moral y la ética pública.
Y a este ambiente de sorpresa y estupor se suma la incertidumbre que provoca la autoridad judicial al elaborar un pliego de demandas contra Javier “N”, con la manufactura de la pésima elaboración del Ministerio Público.
Hace unos días se evidencio, ante la opinión pública, que el pliego de la denuncia por delincuencia organizada y manejo de recursos de procedencia ilícita que pesa contra el ex gobernador de Veracruz, carecía de sustento de fondo que garantizara a la sociedad, que éste personaje será encerrado en prisión sin posibilidad de que vea a luz del día.
No obstante, se impone la realidad, por negativa que esta sea.
Anticipemos como actuará la autoridad y el sistema con este personaje y es que todo es ahora tan previsible como lo siguiente.
Pongámonos en el lugar de lo que vemos a diario: en un Estado democrático se requiere un sistema también democrático, que nos someta a todos a la ley.
Una institución de corte inquisitivo que es el arraigo, por ejemplo, partiendo de la base que el sistema acusatorio es aquel en el que se investiga para detener, el arraigo es atípico, porque se detiene para investigar, el arraigo le ha quitado, diríamos, prestigio al Sistema de Justicia Penal y ha dado pocos resultados.
Así, con Javier “N”, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, es mayor capacitación de los operadores del mismo, de los policías investigadores; para poner en contexto, son las personas que antes los ubicábamos como los policías judiciales.
Es decir, la policía de investigación que no se dedica sólo a reportar lo que ocurrió, sino se dedica a investigar, desde luego, echando mano de elementos científicos, seguramente sofisticados, dada la sofisticación del crimen organizado.
Los peritos que son indispensables cuando a la verdad no se llega con lo que fue hace muchos años, la reina de las pruebas, la confesión, hoy la confesión puede o no ser importante, lo que importan más son los indicios que juntos pueden convertirse en una presunción.
En pocas palabras, lo que demanda el Sistema de Justicia Penal es más competitividad de los operadores, ¿quiénes son los operadores? Los policías, los peritos, el Ministerio Público o los fiscales, los jueces, los responsables de los sistemas penitenciarios, para castigar a los corruptos. ¿Será?
