Rodrigo Villar
Este es un tema del que tengo, desde hace varias semanas, deseo de exponerlo a usted amable lector, pero dadas las vicisitudes pasadas no lo podía hacer.
El tema, nos acerca por historia, porque muchos de los que viven ahí son de los nuestros y porque nos ufanamos, dentro de nuestra miseria interna, de hechos que significan nuestra decadencia como sociedad.
Los esclavos del Valle Nacional de la Oaxaca porfiriana, de hace más un siglo, tendrían poco que envidiarle a sus paisanos jornaleros en el San Quintín de la Baja California del nuevo milenio. En el trasfondo histórico hay semejanzas en ambos casos.
Entre los desterrados al sur del México bárbaro de Porfirio Díaz había yaquis indómitos que fueron a pagar su rebelión en el infierno de las haciendas henequeneras de Yucatán, sitio menos terrible que las haciendas oaxaqueñas.
En Baja California, San Quintín específicamente, constituye un claro ejemplo de lo que ocasionan el crecimiento y desarrollo desiguales en una región con marcadas ventajas geográficas.
El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociológico de la migración jornalera en el país.
Una característica peculiar del fenómeno laboral que se registra en esta zona, es la ubicación de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes migran.
Baja California puede vanagloriarse de vivir los resultados de la bonanza manifestada en la evolución de algunas variables macroeconómicas que tal parece ya estamos habituados a escuchar.
En los años 2009 y 2010 diversos hechos registrados en el Valle de San Quintín sacudieron nuestras conciencias.
El accidente de un autobús en la carretera de La Rumorosa con destino a Villa de Juárez, Sinaloa, donde fallecieron 16 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres, y con igual número de heridos, todos jornaleros agrícolas y en su mayoría indígenas.
La desesperación de miles de familias indígenas jornaleras al verse sin alimentos e ingreso debido a los desastres ocasionados por las tormentas que azotaron los principales poblados de la región de San Quintín, y otro accidente de carretera a la altura de Punta Colonet, de un camión que transportaba jornaleros que laboraban en la Empresa Agrícola Vicente Camalú, propiedad de la familia García, y que provocó la muerte de una persona y 10 lesionados de gravedad.
Es imperdonable que, después de lo ocurrido, en el accidente de La Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de funcionarios federales, estatales y municipales de hacer una revisión profunda del marco jurídico del transporte, de la seguridad social, del respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada se ha hecho para prevenir y solventar las consecuencias de este tipo de accidentes.
Este último percance pone a la vista que la empresa agrícola Vicente Camalú, contrató el servicio de transporte de un autobús cuyos documentos no guardan ninguna relación con la transportación de trabajadores; que para cubrir las apariencias el camión fue pintado del mismo color que una línea de transporte autorizada; que de nueva cuenta, la situación de los heridos en términos de su atención vuelve a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus trabajadores al régimen ordinario del Seguro Social.
Los recursos jurídicos a favor del trabajador difícilmente son reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el papel del sindicato con el cual está firmado el convenio laboral es de extorsión para ambas partes, a unos les impone el contrato con la dádiva de proteger a la empresa y de tener todo en calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningún derecho.
Los jornaleros agrícolas cruzan no una sino varias fronteras para llegar a su destino.
También son víctimas de sujetos sin escrúpulos y la intrincada red de corrupción que existe en el país.
Ellos no son chinos y por eso no los regresan en avión a sus lugares de origen. No hay organismos internacionales preocupados por su situación.
A los organismos nacionales que luchan por sus derechos no se les escucha. A ellos, menos aún.
Pareciera que hay una conspiración entre algunos medios, autoridades y partidos para hacer un silencio, ahí donde debería haber un foco rojo encendido.
Ellos son principalmente mixtecos, zapotecos, triquis y purépechas, son originarios de nuestra Oaxaca, de Guerrero y Michoacán. Llevan consigo sus costumbres y un pedazo de esperanza.
Muchas veces también traen a sus familias. Ellos son los indocumentados mexicanos en México.
Pero sus condiciones de vida y de trabajo son tan o más difíciles que la de aquellos compatriotas que cruzan la frontera.
Son los indocumentados que no gozan de la protección de las leyes ni de las autoridades federales y estatales, a pesar de ser mexicanos. Solamente saltan a la primera plana de los diarios cuando ocurren accidentes que incluso les cuestan la vida.
Los jornaleros se encuentran en una permanente desprotección jurídico-laboral, para ellos no existe seguridad en el empleo. Se les contrata por día o por temporada, encontrándose siempre expuestos al trabajo eventual y al desempleo; su permanencia en el trabajo depende del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del mercado de trabajo, así como de la modalidad que asume el salario, que puede ser por destajo o por tarea.
La justa preocupación que se ha manifestado en la sociedad y en el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras
fronteras, debe traducirse en la misma preocupación por las que se cometen en nuestra propia casa.
En el Valle de San Quintín, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos.
Documentos proporcionados por diversas organizaciones de jornaleros agrícolas, muestran que muchos mexicanos viven en condiciones infrahumanas.
Algunos patrones se comportan como hacendados de principios de siglo.
También hay empresarios con sus trabajadores, que acompasan productividad con buen trato para el personal, pero han sido arrastrados por quienes prefieren burlar las normas jurídicas.
El problema no es nuevo, tiene décadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar.
Las denuncias son muy concretas.
Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado número de mujeres, hombres y niños.
