Durante el porfiriato Valle Nacional, hoy Valle de San Quintín lugar de injusticias.
Trabajadores carecen de vivienda digna, educación y servicios médicos básicos.
Productores nacionales y estadunidenses aprovechan la mano de obra barata.
Rodrigo Villar
La región de San Quintín se localiza a 300 kilómetros de la frontera con el estado de California, EUA, lo que representa ventajas a las más de 14 empresas agroexportadoras en la competencia con otros productores no sólo nacionales sino estadunidenses, lo que se traduce en la reducción de costos en el proceso de comercialización.
No sólo estamos hablando del insumo del transporte, sino también del costo del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde la siembra, limpieza, fertilización y cosecha.
La preocupación de garantizar la mano de obra en Baja California y tener mayor control en la regulación del mercado de trabajo llevó a propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años llevan al Valle de San Quintín a contar con más de 45 asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas.
De ahí que si bien es cierto la población asentada no es suficiente y se requieren flujos de mano de obra, éstos cada vez resultan menores: de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años, su número se ha reducido a cerca de la mitad, de ahí que de los 40 albergues o campamentos que existían ahora son menos de 15.
Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el ámbito de la seguridad social. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social la enuncian como un derecho irrenunciable de los trabajadores que garantiza la prevención y atención en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, la gratuidad en el costo de medicamentos, la atención especializada de segundo y tercer nivel y prestaciones sociales como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos, y aquellos dependientes económicos como pueden ser los padres y personas con discapacidad.
La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y será el de ser afiliados al régimen permanente del Seguro Social. Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.
La infraestructura de salud está rebasada por el alto crecimiento demográfico que tiene la región, la tasa es arriba de 5.6 por ciento.
HORARIOS BUROCRÁTICOS; HOSPITALES INEXISTENTES
Existen dos servicios de atención médica en el Valle de San Quintín, que brindan atención abierta de primer y segundo nivel; uno por parte de Isesalud, del gobierno del estado y otro por parte del IMSS, los cuales se ubican en la Delegación municipal de la Colonia Vicente Guerrero, en donde sólo se trabaja de lunes a viernes, y las guardias que se establecen, poco o nada resuelven la demanda.
No existe en la región un hospital con especialidades que responda a las necesidades de la población, y esto es más preocupante, si consideramos que no existe infraestructura médica en la región, menos aun en la región Sur-Sur del municipio de Ensenada.
Es decir, más de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tiene que dar, si es del Valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros, y si es de las delegaciones de la Sur-Sur, les resulta más económico viajar por avión al estado de Sonora.
Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse solamente en el ámbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las características de la población.
Debe observarse que en los programas de prevención y atención no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indígena que existe en la región.
La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal, quien debe convocar a todos los actores involucrados en la revisión de las políticas públicas que se ejecutan, sin seguir postergando la demanda de los pueblos indígenas en materia de justicia y seguridad social.
LA REALIDAD QUE SE OCULTA
El gobierno del estado nos dice que para 1998 el ingreso per cápita anual fue de alrededor de cinco mil dólares, lo cual es alto comparado con los estándares nacionales. Para el Gobierno de Baja California es el paraíso del empleo. Sin embargo, hay otras cifras siniestras que se ocultan debajo de la alfombra, pero sobre todo aquellas relacionadas con las condiciones del Valle de San Quintín.
Los trabajadores migratorios permanecen periodos fluctuantes en la zona. Se asientan en campamentos adjuntos a los campos de trabajo, pero en condiciones sumamente deplorables.
Esta población flotante concentra un caudal significativo de niños jornaleros, auténtica carne de yugo en la entidad del paraíso del pleno empleo y la inversión. Los infantes, virtualmente arrancados de un entorno natural sano, necesario para su desarrollo como seres humanos, deben contribuir desde pequeños a la subsistencia familiar.
NIÑOS JORNALEROS
En 1996 se estimó que uno de cada cinco trabajadores estacionales en el Valle de San Quintín era un niño de entre 8 y 14 años. Algunos de ellos ya son auténticos veteranos de las faenas agrícolas. Como diría el poeta Miguel Hernández, el niño jornalero no sabe contar sus años y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal.
Las virtudes del libre mercado saltan a la vista en la oferta y demanda laboral en el Valle de San Quintín.
Para los apologistas de la economía de mercado, gran becerro de oro de la actualidad, todo es posible y todo está permitido. Hay ajustes naturales y el mercado se encarga de corregir cualquier exceso.
Debemos reconocer que a Baja California fluye la inversión, atraída por los bajos salarios y por la oferta ilimitada de mano de obra. Sin embargo, las condiciones sociales en San Quintín dejan de cubrir todos los supuestos sobre los que se construye la justificación económica del libre mercado, a pesar de la pretendida “libertad” de que gozan los jornaleros para elegir si trabajan o no.
La enumeración de estos hechos de violencia refleja la dificultad de las instituciones para garantizar la tranquilidad social en Baja California. El trato hacia los jornaleros es despótico.
En medio de la crisis se oculta un componente altamente racista, alimentado por la ignorancia y el prejuicio.
La situación actual en San Quintín es más vergonzosa que la de hace un siglo en el Valle Nacional.
En aquel entonces se vivía una dictadura, cobijada en un pacto social altamente clasista.
Ahora vivimos en un Estado de derecho, que en la realidad sólo parece ser de palabra.
En el Valle, en la Baja California del tercer milenio, la inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que labran los niños jornaleros.
Por cierto, la mayoría de los jornales agrícolas que son explotados en San Quintín, son oaxaqueños.