Rodrigo Villar
Llama la atención el crecimiento espectacular del subsector minero, al pasar de un valor de la producción de 779 millones en 1994, a 16,745 millones en el 2013 ¡Más de dieciséis veces!
En la actualidad, la participación extranjera en la minería en exploración minera es del 70%. De esta cifra, Canadá participa con el 74%, Estados Unidos con el 15% y China con el 8.3%. Las tres grandes empresas mexicanas son Grupo Peñoles, Grupo México y Grupo Frisco.
El auge de los consorcios mineros en estos últimos veinte años, estuvo favorecido por el alza de los precios de los metales, pero también por la complacencia estatal ante la exploración y explotación de las áreas concesionadas, sin atender reclamos laborales y sociales de las comunidades mineras.
Incluso, las concesiones se otorgaron mediante exiguos pagos fiscales y con ínfimas regalías a los originales dueños de las tierras y aguas.
Ante esta bonanza, la inversión minera creció, de 250 millones de dólares en el 2002 a 8 mil millones once años después.
Por supuesto, las utilidades crecieron en forma espectacular.
¿Y los pueblos mineros?
¿Y los trabajadores y sus familias?
¿Y los dueños originales de las tierras concesionadas?
Para ellos, lo único que ha crecido, ha sido el grado de pobreza y la conflictividad en las zonas indígenas y campesinas.
La industria minera multiplicó sus ganancias, y en paralelo causó un enorme daño al medio ambiente y deterioro del tejido social de las comunidades, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco de las arcas nacionales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por concepto de pago de derechos sobre minería, monto que representa sólo el 2.2% del valor total de la producción minera.
PROPUESTAS ATENDIDAS… OTRAS, SIN ESCUCHAR
Ninguna sociedad es monolítica, únicamente las dictaduras. En la democracia se escuchan las voces de los diferentes grupos políticos y poderes fácticos organizados.
¿Cuáles eran las propuestas que se enarbolaban hace veinte años en el debate sobre nuestra economía, y sexenio tras sexenio?
¿Qué distinciones se pueden identificar en el manejo de los instrumentos de política económica?
Todos los grupos políticos enarbolan medidas para alcanzar el bienestar social, ahí no hay diferencias; el problema es el cómo, las prioridades y los énfasis que se aplican en cada medida para modificar el rumbo de la economía y hacia qué sectores van dirigidos los beneficios.
Las propuestas de los grandes empresarios tenían que ver con la confianza en el libre mercado: mientras menos participara el Estado en la economía, más competencia de los agentes económicos, nacionales y extranjeros y por lo tanto, mayores niveles de empleo y bienestar.
El debate entre los académicos y sectores más críticos al libre mercado, pugnaban por establecer mecanismos estatales para impedir la formación de monopolios y no confiaban que la libre empresa fuera la panacea para los grandes problemas del país.
Las crisis, se argumentaba, eran producto de la rapiña, y sin la conducción estatal, la distribución de los frutos del progreso sería inequitativa y se profundizaría la brecha entre ricos y pobres.
En medio de este debate, surgieron voces y propuestas más aterrizadas en la problemática nacional e hicieron énfasis en las economías regionales.
La más trascendente fue la respuesta del EZLN. Desde el mes de enero de 1994 pusieron el dedo en la llaga y exigieron al gobierno federal atender los reclamos y demandas históricas.
En términos económicos fueron ideas muy simples.
Más que propuestas de tipo económico, eran reclamos en donde subyacía el señalamiento para saber por dónde no transitar, porque los resultados estaban a la vista, y las medidas adoptadas en las últimas décadas no habían arrojado resultados alentadores.
Para los grupos que enarbolaban estos reclamos estaba claro que la medicina inyectada al país no era la adecuada.
¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblos indígenas?
A raíz del levantamiento Zapatista, en el año de 1994 se inició el proceso de los diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno federal construyeron los Acuerdos para el reconocimiento de sus derechos. El próximo 16 de Febrero del 2016, se cumplirán 20 años de haberse firmado.
Es proceso de construcción de acuerdos, más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientos no sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país.
Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001, excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés. El no cumplimiento de estos acuerdos, ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.
La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales, ha fracasado. Los datos del CONEVAL no mienten.
Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico-nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia.
El reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de los siguientes elementos:
- a) Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos;
- b) Establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para su reproducción y sobrevivencia;
- c) Derecho de los pueblos al desarrollo;
- d) Derecho al ejercicio de su cultura y su conservación;
- e) Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio de estos derechos.
A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, comprometida por el Presidente de la República en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas celebrada en Septiembre de 2014, junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas, salir de atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.
Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas, que de no ser atendidas por la vía institucional generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional.
No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado estamos obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.
Las salidas deben ser estructurales, sólo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural.
En esta tarea, que requiere la participación más amplia posible de todos los poderes, órganos de gobiernos y sectores económicos, políticos y sociales, nos corresponderá a cada quien decidir el carácter de nuestra participación, como compañero de viaje o como escollo avasallado.
