Rodrigo Villar
La democracia representativa a la mexicana, beneficiaria de todos los partidos -sin excepción de alguno-, es otro fruto podrido en la política nacional. La ley electoral garantiza, cada año, que esos grupos obtengan en conjunto miles de millones de pesos del presupuesto público, para su manutención y gastos, muchos de ellos superfluos.
En la Cámara de Diputados, el partido Morena pretende usar el tema del financiamiento a los partidos como una arma demagógica, aduciendo que es necesario reducir ese gasto en cincuenta por ciento, sin decir con claridad que su propuesta sólo podría aplicarse en la elección presidencial del 2024.
Además, como no tiene mayoría calificada, ni aún sumando los votos de sus aliados el PT, PES y el PVEM podría ganar la votación a favor de su propuesta. Y no es de imaginarse que Morena, quiera renunciar al dinero que recibe, que tan sólo sumó este año más 800 millones de pesos.
En la Cámara de Diputados, precisamente Morena presentó la iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 41 de la Constitución, con el propósito de reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE), pretende que se apruebe una bolsa de 7 mil millones de pesos, para ese propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.
No obstante, de aprobarse, una vez que se dictamine en la Comisión de Puntos Constitucionales y se turne al pleno cameral, no tendría efecto para el proceso electoral del 2021, que inicia precisamente el próximo lunes 7 de septiembre. El artículo 105 de la Constitución enuncia que para entrar en vigor una reforma tal, deberá ser promulgada el proceso electoral 90 días antes del proceso electoral. Por consiguiente si se avalará en los términos que propone Morena, se aplicará para el proceso electoral federal, es decir en 2024.
Así el grupo mayoritario en San Lázaro, enlistó por segunda ocasión en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro, la misma propuesta (la primera ocurrió el 7 de marzo de 2019). También contempla la disminución considerable del gasto del Estado en actividades político-electorales, pero también mantiene garantizada una distribución proporcional y equitativa de los recursos públicos asignados a la vida partidista y a las actividades de obtención del voto.
“Además, la disminución deberá promover que los partidos políticos realicen un uso más racional de los recursos públicos y ejerzan sus funciones con objetivos más ideológicos que pragmáticos. Es preciso que la política vuelva a la dinámica de la convicción. Que deje ya de intercambiarse el voto por una dádiva. Que cese el lucro con la necesidad que tiene la gente de acceder a los benefactores más esenciales. Que los partidos regresen a la actividad de convencer, no de condicionar, coaccionar o inducir. El Grupo Parlamentario de Morena manifiesta su compromiso con la transformación de esas obsoletas formas de hacer política en México.”
Los argumentos del morenismo tienen fundamento en el devenir del sistema de partidos, en el que todos ellos han gozado de un trato privilegiado, enunciado por ello mismos en las leyes electorales. Se trata de “reducir el dispendio de recursos en campañas políticas que poco aportan a una decisión verdaderamente informada, es parte de esa transformación.”
Proyecto de decreto del morenismo, señala en el numeral 2 inciso A, del artículo 41 de la Constitución la reducción del 50 por ciento a las prerrogativas partidistas, de la siguiente forma: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta porciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.”
El contenido político de la propuesta advierte que “dentro de los procesos electorales, los partidos políticos se conducen bajo una fórmula conforme a la cual dinero es igual a votos y viceversa. En esa lógica, más dinero significa más votos y también viceversa. Y al amparo de esa lógica, cada vez crece más el dispendio electoral de los escasos recursos del pueblo mexicano y se hace más presente el dinero ilícito, ya sea el que se desvía de su legítimo destino en la función pública o aquél que procede de actividades delincuenciales.”
Así para el año 2020, el Instituto Nacional Electoral determinó una asignación presupuestal de 5 mil 239 millones de pesos para prerrogativas partidistas. Suma que considera los gastos para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, así como el uso de las franquicias postal y telegráfica.
En dicho monto no hay financiamiento para campañas políticas dado que 2020 no es año electoral federal. Pero, una estimación sobre el financiamiento para el 2021, año en que se elegirán diputados federales, permite prever que bajo las reglas actuales se otorgarán prerrogativas ordinarias y de campaña por una cantidad superior a los 7 mil 200 millones de pesos.
Con todo ello, el 7 de marzo de 2019, Morena presentó a esta Cámara la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reducir las prerrogativas. La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó dicha iniciativa en conjunto con otras siete propuestas de legisladores de otros partidos. El texto fue sometido a discusión y votación por el pleno en su sesión ordinaria del siguiente 12 de diciembre. Pero no consiguió la mayoría calificada requerida (dos tercios de los diputados presentes), y con 274 votos a favor y 207 en contra, de la oposición a la coalición de Morenas, PT y PES.