Rodrigo Villar
El año que inicia promete ser uno de esos que marca nuestras vidas. Como sociedad, la mexicana, habrá de ser testigo y esperar sucesos que definirán la marcha económica, política y social, de aquí al año 2024. Principalmente las acciones políticas de los actores que mueven las fichas a nivel nacional, determinarán el comportamiento de los factores que rigen la convivencia: el rumbo de la economía, equilibrios políticos entre los partidos del sistema, y la narrativa que ha impuesto en los últimos tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador al país.
Hasta ahora las acciones del gobierno federal en materia de programas de apoyo a la población y de inversión en las grandes obras de infraestructura que se han desplegado (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, proyecto del Istmo de Tehuantepec, Tren suburbano México-Toluca, y Canales de riego en Sinaloa y Sonora), han resultado muy aceptadas por la población.
En los últimos 30 años los gobiernos del PRI y del PAN no impulsaron obras de esa magnitud, por lo que ahora el nivel de aprobación de López Obrador es inmejorable, solo superado por el presidente de la India.
Y no se diga en el terreno de los programas de asistencia social como son las pensiones de adultos mayores, becas para estudiantes de primaria, a nivel profesional, para madres solteras, niñas y niños con discapacidad.
El panorama que pinta al gobierno de López Obrador es muy positivo. No hay que perder de vista, a su vez, que no sólo el sector social, conformado por millones de personas pobres determina la vida republicana del país. Hay otros sectores y actores que representan un equilibrio al gobierno y sus funcionarios.
Los empresarios, como factor de desarrollo y crecimiento nacional, las clases medias, desde las ilustradas hasta las económicas. Y una nata de mujeres y hombres que siempre se ha negado a participar de forma activa en el terreno político.
A este rompecabezas se debe agregar una pieza, qué si bien hasta ahora ha dejado de ser representativa, por su enorme desprestigio, significará un sector decisivo en los eventos por venir: la llamada clase política representada en partidos e intereses de grupo.
Así los equilibrios en el poder político y económico se mantienen, al día de hoy en calma, pero habrán de desatarse cuando se abra el calendario de actividades sustantivas, como son la discusión y debate público de la iniciativa de reforma eléctrica, que en el Congreso -se espera- se dictamine, apruebe o rechace, en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el primero de febrero en la Cámara de Diputados.
La reforma eléctrica es uno de los principales escollos que debe enfrentar el presidente López Obrador y sus funcionarios, porque en él convergen grandes intereses económicos, no sólo a nivel nacional, sino internacional. De aprobarse en los términos que desea López Obrador el país estaría en camino de una benéfica, segunda nacionalización eléctrica, claro con sus matices, pero finalmente benéfica para la mayoría de los mexicanos que lo que deseamos es pagar precios justos y menores por el precio de la electricidad.
No obstante ahí aplicará la máxima de los ricos y poderosos: no me toques el dinero, y se retorcerán en una guerra mediática contra el gobierno.
El conflicto que ya se prevé deja ver la aprobación de una reforma eléctrica descafeinada, que no sea lo que en sus términos el presidente López Obrador plateó: otorgarle a la Comisión Federal de electricidad, la prioridad productiva en materia eléctrica con el 54 por ciento de la producción, y el 46 restante para los privados.
Esa fórmula además de justa significaría la independencia eléctrica del país, porque obligaría a los productores privados, a los que Enrique Peña Nieto y su gobierno les autorizó no pagar el uso de las instalaciones de la nación, a aportar, lo que legítimamente tendrían qué hacer.
Y detrás de ello viene una segunda batalla legislativa que el presidente López Obrador tendrá que librar contra sus adversarios.
La reforma político-electoral que plantea reducir los presupuestos que se destinan cada año a la autoridad electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
López Obrador ha confirmado que este año enviará esa propuesta al Congreso con objeto de ser aprobada -obviamente sería así, si las dos terceras partes de diputados y senadores lo avalan-, en la que incluye su propuesta de limitar la acción jurídica y política del INE y del tribunal.
En ese momento se librará otro capítulo del conflicto político entre López Obrador y sus adversarios, quienes desde ahora ya se sienten agraviados porque se reducirían los presupuestos para cada uno de ellos, representados como partidos políticos.
Además entre las mismas filas de Morena comienzan a perfilarse conflictos por las candidaturas, tanto a gobernadores, pero fundamentalmente a la candidatura presidencial por ese partido, es decir el alfil que el presidente coloque como abanderado.
La disputa se centra entre tres personajes: Claudia Sheimbaun, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal Ávila.
Del lado del presidente, es decir de la cargada morenista, se vislumbra a Claudia Sheimbaun como la favorita presidencial.
Marcelo Ebrard sería un plan B, y Ricardo Monreal, se perfila como el rebelde incómodo que aglutinaría en cierto momento la simpatía de la oposición.
Este escenario se encuentra en ciernes y habremos de esperar en las próximas semanas cómo se despliega y cómo cada uno de sus actores se desenvuelve para granjearse el respaldo del presidente López Obrador, que a pesar de lo que él diga, hoy más que nunca será el gran elector.