La amenaza del sistema de pensiones mexicanos sobre los trabajadores
La falta de una política social adecuada trajo a mexicanos a la debacle.
Universidades y gobiernos estatales, con grandes adeudos por ese concepto
Rodrigo Villar
Entre los recuerdos de juventud surge constante –en estos tiempos de ira y descomposición- aquella película de 1973, con el titulo de Cuando el Destino nos Alcance, protagonizada por Charlton Heston, Edward G. Robinson y Leigh Taylor-Young en los papeles principales y basada en la novela ¡Hagan sitio!, ¡hagan sitio! (1966), de Harry Harrison. El titulo se aviene a nuestra realidad y la trama –quizá no tan cercana- si cobra tintes de preocupación porque comenzamos a observar la degradación de las panaceas gubernamentales, para supuestamente, afrontar los que viene.
Y lo que viene ya llegó. Para el año 2050 habrá 13 mexicanos en edad de recibir una pensión por cada 10 jóvenes laboralmente activos. Es decir la proporción será la siguiente: por cada pensionado, habrá sólo tres trabajadores activos.
Lo que desde su introducción se advirtió como un enorme riesgo para los trabajadores y las instituciones del Estado, hoy está haciendo agua, y no tiene más nombre que sistema de pensiones. Ahora los promotores del mismo –empresarios, y sus empleados especialistas que labran en instituciones bancarias y académicas creadas ex profeso para defender el régimen económico neoliberal como el ITAM o el Tecnológico de Monterey, nos advierten que se requerirán –en 20 años- seis millones de empleos nuevos para mantener el sistema en equilibrio.
UNIVERSIDADES, SIN CAPACIDAD FINANCIERA
Y precisamente la crisis ya la tenemos sobre los hombros, algunas universidades públicas en los estados tienen una carga de 400 mil millones de pesos de déficit en materia de pensiones y por tanto carecen siquiera de reservas financieras para afrontar tan severa carga.
Y es que el sistema de pensiones en México se fragmentó al dividirse en un sistema de reparto y uno de capitalización individual, propiciado esto por las negociaciones contractuales en el sector público, dejando ver una la ausencia de una política social planificada.
DESCUBRIENDO EL HILO NEGRO
El IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación. En aquellos tiempos se sostuvo que para realizar la reforma era necesario echar abajo el sistema de beneficios definidos porque era inviable, pues cada vez se registrarían más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones), ¡que novedad!, descubierta hasta hoy por los prominentes beneficiarios del sistema: los bancos y sus filiales.
El resultado de aquellas mentiras y canalladas fue el surgimiento del sistema de pensiones privadas, creándose las afores, que hoy administran 2.4 billones de pesos.
Pero fue una solución parcial y que no resolvió el problema financiero. Por un lado, los trabajadores que empezaron a cotizar antes de las reformas conservan su derecho a obtener una pensión bajo el antiguo régimen. Tan sólo cubrir el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las reformas, con base en la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30 por ciento del PIB, expone una investigación de la revista Expansión.
YA EXISTEN GRANDES ADEUDOS; 116% DEL PIB
Esa publicación especializada advierte con preocupación la existencia de pasivos por pensiones del IMSS, Pemex, CFE, universidades públicas y gobiernos estatales, que hoy superan en valor a la economía mexicana, pues equivalen a 116 por ciento del PIB y son, por tanto, la quiebra técnica, pues estos compromisos son financieramente imposibles de cumplir.
Tan sólo los pasivos laborales del IMSS, en el rubro de beneficios definidos, equivale a 1.5 billones de pesos, esto es más de 10 por ciento del PIB, mientras que el presupuesto total del Instituto es de 497,695 mdp, según su último informe entregado al Congreso.
El costo fiscal del pasivo laboral del IMSS entre 2012-2050 será de 32.9% del PIB, sobre todo por el pago de pensiones relacionadas con la Ley de 1973, es decir aquella generación que tiene derecho a una pensión garantizada, pero también porque crecerá la población en edad para jubilarse.
Además, están los empleados de Pemex, que no ahorran para su retiro porque ni la ley ni su contrato colectivo se los exige. Ese derecho a la pensión, sin obligación de contribuir a su financiamiento, ha generado una deuda de 10 por ciento del PIB, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio manifiesta que la mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales. Aun así, el asunto de las pensiones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mitad de toda la nómina estatal 46 por ciento, según estimaciones de la calificadora Standard & Poor’s (S&P).
El gobierno federal ya destina hoy el equivalente a 3.1 por ciento del PIB, cerca de 530,000 mdp para el pago de pensiones estatales, y toma ese dinero del gasto programable, es decir, de lo que hace llegar a entidades federales, como son las secretarías de estado.
Con tal volumen de tragos amargos creo que, la realidad ya nos marcó cuando el destino nos alcance, y se avizora, ¡otra vez!, que los paganos serán los millones de trabajadores ahorcados por el sistema de pensiones consecuentado por el gobierno.