Rodrigo Villar
La consulta de revocación de mandato de abril próximo, forma parte de una construcción política elaborada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con objeto de sustentar su mandato al frente del Ejecutivo Federal. No es una ocurrencia, ni una obstinación del tabasqueño, es un eslabón de la estrategia para desplegar un régimen que habrá de extenderse por lo menos 12 años, con miras a alargarse seis más, es decir 18.
López Obrador, es de todos los presidentes -en la época posrevolucionaria- el que persiguió esa posición durante 18 años, y ello le permitió preparar un discurso y proyecto presidencial que se sustenta la lucha contra la corrupción, la austeridad, la inconveniencia histórica de mantener el neoliberalismo como doctrina política-económica, y la conformación de una presidencia fuerte.
Y entre las líneas de su discurso, ofreció desde la campaña presidencial del 2006 que promovería una consulta popular para que se definiera si el presidente de la República, debiera continuar al frente de la magistratura, a la mitad de su encargo.
Esa propuesta se sustenta en las ideas de López Obrador -respecto a la democracia participativa-, en las que figura que la intervención de las personas en procedimientos de decisión en urnas, constituye la mejor y más clara expresión de libertad política de mujeres y hombres.
Su triunfo electoral en junio de 2018, le dio margen para reiterar que la revocación sería una realidad en un margen de tres años después. Así, él y su gobierno enviaron al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución para incluirle la revocación como obligación legal que califique el papel del Ejecutivo Federal cada sexenio.
La mayoría que su movimiento (Morena) obtuvo en el Congreso, le permitió granjearse una aprobación sin problema, y por tanto inscribir la revocación en el texto del entramado constitucional. Ese dominio en el Congreso, obviamente fue denunciado por la oposición que argumentó que el presidente pretende victimizarse ante la población, para ganar el apoyo de las personas y que sumado a la política económica paternalista le otorgue su voto mayoritario y lo fortalezca en el último periodo de gobierno.
La ofensiva mediática de los opositores, y la defensa a ultranza desde el lado gubernamental contaminaron la vida pública en los últimos meses. Y al ring se subió el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral sosteniendo que para cumplir con el propósito presidencial se requerirían más de cinco mil millones de pesos. Esa cantidad de recursos públicos, dijeron los detractores significaría el costo económico del capricho presidencial. Pero del otro lado la solicitud tan elevada de dinero, formó parte central de la ofensiva del sector que defiende la presidencia de López Obrador.
Con el paso de las últimas semanas, un mayoritario sector de medios de comunicación ha replicado la narrativa del instituto electoral, que demanda más recursos para garantizar que el ejercicio de consulta se realice con éxito y credibilidad. Y por el otro lado el mismo presidente, su partido y los integrantes de su gabinete, enunciaron la posibilidad de que, si el INE se negara a organizar la revocación, se pediría una cooperación entre la población y de esa bolsa económica se financiaría la consulta.
Al día de hoy, se suma, al escenario, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al INE organizar la consulta.
De lo que no hay duda es que, con INE o sin INE, el gobierno organizará la consulta de revocación de mandato, que ya está interiorizada entre la población. Lo única duda que se cierne sobre el futuro proceso, es cuál será, el porcentaje de apoyo al presidente, cuando se ahonda la crisis económica, la inseguridad y el creciente número de feminicidios y homicidios dolosos, la prevalencia de la pandemia.
Aún con eso, los programas paternalistas tendrán su efecto positivo a favor del presidente, y veremos que se le ratificará en el cargo, y con ello, la consolidación de un proyecto, que sin duda seguirá siendo controvertido.