Rodrigo Villar
Hace seis años, el Pacto por México, se erigió como el gran acuerdo entre las fuerzas políticas que respondieron al llamado del naciente gobierno de Enrique Peña Nieto con el objeto de respaldar reformas constitucionales que le concedieran margen de maniobra a la nueva administración.
Los partidos políticos aceptaron la propuesta y Peña Nieto, junto a su entorno elaboraron un paquete de once reformas a las que se les dio el nombre de estructurales. Entre ellas, la reforma educativa se planteó como la panacea, cuyo propósito era sacar de ostracismo al sistema educativo nacional.
No obstante lo que avalaron, el gobierno y todos los partidos representando -entonces-e en el Congreso Federal, fue una serie de cambios a la Constitución que introdujeron una visión laboral, más que académica a la Ley máxima.
REFORMA QUE NACIÓ MUERTA
Esa reforma provocó desde entonces una repulsa desde el sector magisterial, que mantuvo la tónica de desacreditar el fondo del cambio legal, acusando que victimizaba a los mentores. Y así la CNTE tomó como bandera una pésima decisión del gobierno peñista. La reforma educativa nació muerta.
Y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como candidato presidencial cogió el estandarte de los opositores a ese adefesio educativo, y prometió que de llegar al poder abrogaría la reforma de Peña Nieto.
El resto de la historia ya lo conocemos. López Obrador llegó y lo primero que hizo fue enviar, en diciembre pasado, una iniciativa de reforma educativa que echaría por tierra la reforma peñista. Todos creíamos que su proposición acabaría con el carácter laboral que la pasada administración le introdujo, el carácter persecutorio y el endurecimiento de las pruebas y medidas de actualización para el magisterio.
No fue así. El tema resultó una papa caliente para el Congreso. Terminar con una reforma como la educativa requería – y requiere- de una capacidad sin igual para manejar el mundo legislativo.
UN ABACO PARA MARIO DELGADO
López Obrador tomó una lamentable decisión al escoger a Mario Delgado como coordinador de los diputados de Morena. Sin duda la intervención de Marcel Ebrard fue determinante, para que el tabasqueño tomara esa decisión. El cálculo político que tanto distingue al presidente, en ese caso dejó muchísimo que desear.
Mario Delgado ha resultado un mediocre, al que la oposición le juega el dedo en la boca, en cada una de las negociaciones fundamentales del Congreso. Si bien en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República las mayorías legislativas llevan la mano para imponer las condiciones que les convengan. Con Delgado, se requiere de un ábaco para enseñarle con que variables se debe jugar en los temas sustantivos que le interesan a López Obrador.
En la negociación del dictamen de Guardia Nacional, el diputado Delgado fracasó estrepitosamente. Tuvo que intervenir el presidente López Obrador para enmendarle la plana, reprobó públicamente el dictamen que tanto publicitó el coordinador de Morena en San Lázaro, y con enojo movió sus piezas que para el debate de la guardia nacional se trasladara al Senado de la República, para que Ricardo Monreal le sacara el buen de la barranca.
Ahora, la ineficiencia, ineficacia, mediocridad y torpeza de Mario Delgado ha orillado, de nuevo, al presidente a echar mano de todas las piezas posibles, en la arena política, para resolver el entuerto, en que ha derivado la desastre legislativo en torno a la reforma educativa.
Resulta que el presidente López Obrador quería que en la Constitución se estableciera, a pesar de su compromiso de abrogar la reforma de Peña Nieto, la obligación del Estado en garantizar la calidad los planes y estrategias en la materia, a través de la supervisión y control del sistema de capacitación gubernamental.
Esa propuesta se encuentra plasmada en el artículo tercero de la Constitución. Pero apenas en días atrás, los maestros lo agarraron al vuelo, se percataron de eso, y reaccionaron de forma tajante: la reforma educativa de López Obrador, no pasara en los términos en que se encuentra, en caso remoto, a menos que al dictamen se le sacuda cualquier indicio de neoliberalismo. Qué paradoja, ¿no?