Rodrigo Villar
Apenas, hace unos días, la Relatora Especial en Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, exigió a México alcanzar una relación de igualdad y respeto con los indígenas, para poder poner fin al “serio patrón” de abusos de los derechos humanos.
Durante su misión a México la Relatora Especial argumentó en su informe al organismo multilateral, que un problema serio que “vino a mi atención fue el hecho de que los indígenas no son propiamente consultados, de acuerdo a los estándares internacionales, en proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida”.
Su presencia en México pasó casi a desapercibida. No obstante al recuperar parte de su informe preliminar, se reproducen extractos principales, pues nuestro estado y nosotros mismos tenemos profundas raíces en lo indígena:
“La información recibida durante mi visita indica que, en la práctica, el marco legal, político e institucional vigente no permite el reconocimiento y ejercicio efectivos de estos derechos. Además, el régimen agrario presenta limitaciones al autogobierno de los pueblos indígenas, al establecer estructuras de gobernanza que no siempre reflejan las propias instituciones políticas distintivas de los pueblos indígenas y, a menudo, las socava.
“A la luz del artículo 1 de la Constitución, los conceptos de libre determinación y autonomía deben ser interpretados de acuerdo con los estándares internacionales. En este sentido, debe prestarse atención al reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, al derecho a elegir sus propias autoridades de acuerdo con sus propios procedimientos y a la aplicación de sus propios sistemas jurídicos y normativos.
“He recibido información sobre algunas instancias de que, como respuesta a lo antes señalado, los propios pueblos indígenas están desarrollando y fortaleciendo sus propios sistemas de autonomía y autogobierno. Un ejemplo es la elección de autoridades municipales de acuerdo con los usos y costumbres indígenas. Algunas de estas propuestas han sido reconocidas por las autoridades federales y estatales, lo cual es una buena práctica, como en las sentencias del tribunal electoral sobre el caso de Cherán, Michoacán. Las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país.
“Además del autogobierno, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política del país. He visto algunos avances positivos que podrían facilitar la participación política de los pueblos indígenas en este ámbito, como la posibilidad de registrar candidaturas independientes, las iniciativas para aumentar al acceso a los certificados de nacimiento y al registro oficial para permitir la participación en elecciones federales, estatales y municipales, y el llamado a los partidos políticos a que incluyan candidatos indígenas en sus listas. Sin embargo, persisten numerosos obstáculos para la plena participación política de los pueblos indígenas. Se recibió información sobre prácticas persistentes de presiones indebidas sobre los indígenas para influenciar su voto durante procesos electorales.”
DERECHO A DETERMINAR SUS PRIORIDADES DE DESARROLLO
“Otro aspecto de la libre determinación es el derecho a perseguir libremente el desarrollo económico, social y cultural. La Declaración de la ONU consagra el derecho de los pueblos indígenas a determinar y elaborar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo. Muchos pueblos indígenas mencionaron que sus prioridades y estrategias de desarrollo no estaban consideradas en el actual marco legal y de políticas relativas al desarrollo económico.
“Más aún, lejos de haber tenido un impacto positivo en la situación económica de los pueblos indígenas, los datos muestran que la pobreza entre los pueblos indígenas sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con la población no indígena. En este sentido los datos de CONEVAL indican que mientras que 71.9 por ciento de la población indígena vive en la pobreza o en la extrema pobreza, la proporción es de 40.6 por ciento entre la población no indígena.
“En los últimos años ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el Gobierno y las cuestiones relacionadas de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. En su informe de 2015 sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba que hasta 2013 había en México unas dos mil 600 concesiones mineras, muchas de ellas situadas en tierras indígenas sin su consentimiento. Además, había recibido información de que el 35 por ciento del territorio nacional se veía afectado por más de 29 mil concesiones mineras, hidroeléctricas, y de energía eólica, el 17 por ciento en territorios indígenas. Por lo tanto, identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas son consulta previa ni consentimiento como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.”
Además, durante su visita a México en 2016, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos señaló también que un tema recurrente en las quejas que recibió se refería a las consultas inadecuadas con individuos y comunidades afectados por grandes proyectos de desarrollo lo que, junto a la insuficiente transparencia, habría generado un alto nivel de desconfianza entre los diferentes interesados.
“He escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de las tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Estos proyectos incluyen los mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricos, de energía eólica y solar, infraestructuras, turismo y proyectos agroindustriales.
REFORMA ENERGÉTICA Y ZONAS ESPECIALES
“Se expresaron reiteradas preocupaciones sobre la reforma energética de 2013 y sobre el establecimiento de zonas económicas especiales en tierras indígenas. En mi opinión, es necesario que se establezca un diálogo en términos de igualdad entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas sobre la definición del concepto de desarrollo que pueda conducir a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en los territorios indígenas. Esta es la única forma de garantizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, no dejando a nadie atrás y elaborando una agenda transformadora.
ACCESO A LA JUSTICIA
“Me gustaría referirme a dos aspectos esenciales relativos al acceso a la justicia de los pueblos indígenas: el reconocimiento de sus propios sistemas jurídicos y su acceso al sistema de justicia ordinario.
“Los sistemas de justicia de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución mexicana bajo el término ‘usos y costumbres’. Como se debatió en mis reuniones con la autoridad judicial y otras, no hay todavía una armonización y coordinación adecuadas entre las jurisdicciones indígenas y estatal para que dicho reconocimiento se haga efectivo. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la impunidad en el país alcanza cifras del 98-99 por ciento. La impunidad aumenta el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos y elimina los incentivos para que los perpetradores respeten la ley. Un reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena podría ayudar en la lucha contra este grave problema”.