Política Inconfesable: Ali Baba y los 40 ladrones…


Rodrigo Villar

Hace más de cinco años, cuando Gabino Cue Monteagudo no imaginaba que sería derrotado en las urnas por un prometedor proyecto político y de desarrollo de Oaxaca, la contralora de su administración, Perla Woolrich Fernández dio a conocer los nombres de los ex funcionarios en la administración del ex  gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el chacal de Chacaltongo, involucrados en probables y comprobados actos de corrupción.

Los señalamientos contra un considerable número de políticos y administradores cercanos a Ulises Ruiz, se sustentó entonces en un grosero desfalco y daño pecuniario causado al erario público estatal del orden de los tres mil seiscientos ochenta y siete millones de pesos.

Desde entonces la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que resultarían responsables, entre ellos: Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de finanzas; Esdras Cruz y Cruz, ex subsecretario de ingresos; Fernando Gonzalez Garcia, ex subsecretario de egresos; Bernardette Rouse Mayor, ex jefa de la unidad de Servicios Juridicos de la Sefin; Armando Félix González Bernabé, ex director de CAO y ex secretario de obras públicas; Ambrosio Vásquez Arango, ex director general de CAO; Lorena Pérez Hernandez, ex directora de administración y finanzas de CAO.

Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex director de administración y finanzas de CAO; Jesús Ángel Díaz Ortega, ex director general del IOCIFED; Rodolfo Antonio Alegría Reyes, ex director de construcción de IOCIFED; Aaron Pérez Bautista, ex director general del Seguro Popular; Enrique Cuevas Gomez, ex subdirector de administración y finanzas del Seguro Popular; Abel Trejo González, ex director general del IEEPO; Rafael Rosalino Zárate Aspiroz, ex subdirector de recursos financieros del IEEPO.

Candido Coheto Martinez, ex director general del COBAO; María del Socorro Esperanza Gazga, ex directora de administración y finanzas del COBAO; Alejandro Flores Pérez, ex director de administración y finanzas del COBAO; Cipriano Flores Cruz, ex director general del IEEA; Leticia Cruz Regino, ex jefa del departamento administrativo del IEEA; Jorge Fausto Bustamante García, ex director general del IEBO; Cesar Román Figueroa Hernández, ex jefe del departamento administrativo del IEBO; Heron García López, ex director general del CSEIIO; Erasmo Ramírez Osorio, ex director de administración del CSEIIO.

Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, ex coordinador de comunicación social; Soledad Rojas Walls, ex coordinadora de comunicación social; Jorge Efrén Rojas Hernández, ex jefe de la unidad administrativa de la coordinación de comunicación social; Claudia Gabriela Ramírez Zamora, ex jefa de recursos financieros de la misma coordinación; Bernardo Barragán Salazar, ex secretario de la contraloria.

Karina Musalem Santiago, ex directora general del DIF; Luz Yanira Morales Castillo, ex directora de administración y finanzas del DIF; Jesús Ruiz Martinez, ex director de asistencia alimentaria; Gisela Zárate Figueroa, ex jefa de recursos financieros, “así como de todos aquellos que de las investigaciones que realicen se encuentren involucrados, incluyéndose en ellos, de ser procedente, a las empresas y personas físicas involucradas, dándose vista al ministerio público en aquellos casos en que así lo determine conforme a sus facultades cuando, independientemente de la falta administrativa, considere la existencia de delitos cometidos en contra del erario público estatal.”

Así se abrió la cueva, y por más que se ha intentado acceder a ella, el sistema de corrupción institucionalizada que se confeccionó con Ulises Ruiz Ortiz, el Chacal de Chacaltongo, la cierra con un pesado manto de impunidad.

Entre todos esos personajes se observó la confabulación de diversos servidores públicos de los cuales hoy informo, a efecto de operar el presupuesto del estado por el ejercicio 2010 de manera discrecional, modificando las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso del estado, autorizando ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias, y que sin duda pusieron y ponen en riesgo los proyectos y programas que la constitución nos obliga a ejecutar en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

Las observaciones más relevantes determinadas por los auditores redundan en la falta de documentación comprobatoria que justificara las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto de referencia; la falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal de las obras y programas en el marco de las autorizaciones realizadas desde el congreso del estado a propuesta del ejecutivo estatal anterior y las cuales, como ya mencioné, sufrieron variaciones relevantes; la aplicación indebida en partidas no autorizadas de diversos fondos, sean federales o estatales, los que, desde su autorización camaral, están definidas en los lineamientos que al efecto se autorizan y que son de cumplimiento estricto.

La aplicación de pagos a diversas empresas o personas físicas, quienes no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados, ya que derivado de las investigaciones de campo efectuadas, se confirmó la inexistencia del servicio o bien, e incluso a veces, la inexistencia de la propia empresa, presumiéndose entonces, desde luego, el desvío de recursos a través de éstas modalidades fraudulentas, quedando así en claro que los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines.

O sea, un cochinero, pues. Y en medio de ese lodazal, vemos con sorpresa que aún hay políticos y funcionarios en activo. Y siguen como si cualquier cosa haya ocurrido.

Esperemos que la justicia se presente y se les haga pagar.

Es lo mínimo que la sociedad espera.