Política confesable


Reprobado el IEEPO por auditoría estatal

Encuesta a maestros y padres revela insuficiencias

Más daños, ahora por 47 millones en educación

Tomás Ezequiel Toledo

 Además de la revisión que practicó la Auditoría Superior de la Federación, la Entidad de Fiscalización de la legislatura de Oaxaca también llevó a cabo su propia investigación respecto de cómo se ejerció en 2013 el gasto que la Hacienda Pública federal transfirió a la entidad para el Fondo de Apoyo a la Educación Básica y Normal (FAEB).

Y el resultado complementa los que ya se publicaron en El Correo de Oaxaca la semana pasada. Y se confirma, además, que Gabino Cué está reprobado.

La Auditoría Superior de Oaxaca, realizó una investigación sobre cómo ejerció Cué el gasto del FAEB con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y equipamiento de las escuelas, así como la participación social en la educación.

Del primer caso, la auditoría estatal revisó un monto de 383 millones 508 mil 100 pesos, esto es sólo 2.7 por ciento de los 14 mil 401 millones que se transfirieron a la administración de Cué en ese año.

La auditoría concluyó lo siguiente:

“En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias en la normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y el equipamiento de trabajo, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública federal por 47 millones 324 mil 700 pesos”.

Además, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), no proporcionó la estadística de los consejos de participación social ni de los centros de trabajo que visitaron los auditores; tampoco proporcionaron las actas de constitución de dichos consejos, por lo cual no se pudo comprobar su operación ni funcionamiento.

CONFESABLE ANTONIO ITURRIBARRIA

Al presentar los resultados de la auditoría estatal, la ASF abundó: “En conclusión, el gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula los procesos realizados”.

Los auditorías realizaron 119 entrevistas a maestros y 111 a padres de familia para conocer la evaluación que tienen sobre la calidad de la infraestructura de las escuelas en Oaxaca.

¿Y qué encontraron?

Que 61 por ciento de los profesores entrevistados consideró que sus escuelas no disponen de instalaciones suficientes para impartir clases y 92 por ciento afirmó que los planteles no disponen de equipamiento suficiente.

Además, que 80 por ciento señaló que las condiciones de las aulas escolares no satisfacen los requerimiento de los alumnos para su desempeño.

Otro 75 por ciento dijo que la capacitación que reciben no está orientada a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Otro 77 por ciento calificó como malo el nivel educativo de los alumnos.

Y también identificaron como los principales factores que afectan la calidad educativa en Oaxaca, los siguientes, en orden de importancia: insuficiente atención de los padres de familia, condiciones de pobreza y deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar.

Una pregunta fundamental a los maestros fue identificar, también por orden de importancia, los factores que llevan a un alumno oaxaqueño a abandonar la escuela: problemas familiares, cambio de domicilio y condiciones de pobreza.

¿Y qué respondieron los padres de familia?

Del total, 63 por ciento consideró que la infraestructura de la escuela no es adecuada para que sus hijos aprendan; 71 por ciento opinó que las escuelas no disponen del equipamiento para la correcta atención de los alumnos.

Y sobre los factores que inciden en los resultados de aprendizaje revelaron: deficiencias en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar, condiciones de pobreza e insuficiente atención de los padres de familia.

Respecto de qué incide, en su opinión, para que sus hijos dejen la escuela respondieron: condiciones de pobreza, cambio de domicilio y falta de interés en la educación.

De esa encuesta, además, se puede concluir que padres y maestros coinciden en la pobreza y en el cambio de domicilio, como dos factores principales en la deserción escolar. Y cada grupo añade uno adicional: problemas familiares y falta de interés.

Identificada la realidad educativa de Oaxaca, ¿será muy complejo que Gabino Cué también lo haga y ponga atención en esos cuatro factores? ¿O que el IEEPO atienda la recomendaciones de los fiscalizadores del gasto? Es probable que sí, que además de mal administrar los recursos para la educación, también sean de lento aprendizaje. Y que entonces 14 mil millones 401 mil pesos no se utilizaron como se debe.

CONFESABLE  DANZA DE MILLONES, ESCUELAS EN PESIMAS...

Porque todavía hay más.

La auditoría estatal identificó que el IEEPO pagó 10 millones 672 mil 700 pesos a 48 maestros que tenían más de una plaza sin que se presentara la respectiva compatibilidad de empleo.

Efectuó pagos de 713 mil 900 pesos a trabajadores beneficiados por el Programa Nacional de Carrera Magisterial, sin que se pudiera comprobar que desempeñaran actividades de educación básica pública.

A 146 trabajadores sin RFC les pagó su salario y a otros 78 mil 448 con RFC pero sin homoclave completa. Al revisar 6 mil 568 recibos de nómina de la quincena 13 a 15 pagadas con el FAEB se encontraron 37 sin firma que amparan pagos por 64 mil 900 pesos.

En el caso de compra de equipo, proveedores no cumplieron a tiempo con la entrega y el IEEPO no aplicó sanciones equivalentes a 102 mil 400 pesos.

También, pagó 6 millones 90 mil 900 pesos a 57 trabajadores que no fueron localizados en las listas de asistencia ni se proporcionó documentación que acredite su situación laboral, porque no existen controles en las incidencias, movimientos y plantillas de personal en 29 planteles que fueron visitados.

Esto es, los auditores no comprobaron que ese salario en realidad fue ganado por maestros.

El IEEPO utilizó 29 millones 489 mil 154 pesos para el pago de nóminas de personal de honorarios de ejercicios anteriores, de 2009 a 2012, y la cereza del pastel: dispuso de 214 millones 753 mil 100 pesos para 73 mil 9785 pagos, pero los auditores no pudieron comprobar que el personal registrado en las nóminas del instituto efectivamente trabajó y que existieron controles de asistencia y puntualidad.

“No se permitió el acceso por cuestiones sindicales”, explicó la auditoría.