Escandalosos desfalcos de Gabino Cué Monteagudo.
Oaxaca recibió 4 mil 645 millones de fondos federales.
Sólo un botón de muestra: desaparece 279 millones.
Tomás Ezequiel Toledo
Para el próximo año, los estados del país recibirán 811 mil 931 millones de pesos, un incremento de 69 mil 365 millones respecto de lo que la Cámara de Diputados autorizó para el año en curso, en transferencias de fondos federales, recursos que forman parte del acuerdo de la federación en la relación política y económica con los gobiernos locales.
Se trata de un volumen importante de transferencias, que les permiten a los estados mantener su ritmo de gasto, y que aún así no les alcanza. Al tercer trimestre de este año, la deuda de estados y municipios, también llamada «sub deuda nacional», ascendía a 570 mil 299 millones de pesos.
Pese a ello, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba de aprobar una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, que permitirá a gobernadores y alcaldes contratar deuda con reglas más flexibles.
¿Qué hacen los gobernadores con el dinero? Ahí están los casos de Javier Duarte y de César Duarte o de los hermanos Rubén y Humberto Moreira.
En el caso de Oaxaca, Gabino Cué despilfarró los recursos y los utilizó a su modo, sin ningún control, como comprobó la Auditoría Superior de la Federación, que en octubre pasado entregó su informe de revisión de la cuenta pública 2016, esto es el último año del mal gobierno de ese personaje.
Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual entró en vigor en el ejercicio 1980.
Como señala la ASF, los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el convenio de adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos, y los estados suscribieron un convenio de colaboración administrativa, incluidos sus anexos.
El sistema permite que estados y municipios dejen el cobro de los impuestos a la federación y a cambio ésta hace una participación de los ingresos, mediante una distribución equitativa.
De los fondos más importantes que entrega la federación a los estados está el General de Participaciones, yo al ser transferencias federales son plenamente auditadas por la ASF. En el caso de la de Oaxaca, la auditoría se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca y de sus conclusiones se reveló que Gabino no entregó o retrasó la entrega de 278 millones 969 mil pesos a los presidentes municipales.
En ese tenor, la ASF determinó que el gobierno de Oaxaca debe regresar esa cantidad, que incluye los intereses obtenidos por la entrega tardía de fondos a los municipios.
Reportó: «la gestión del proceso de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno del estado, presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la generación, entrega y difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los procesos anteriores».
Agregó: «en ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, se determinó que la entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos que establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas involucradas que participan en el proceso de ministración de las participaciones federales a los municipios.
«Tampoco dispone de controles suficientes para consolidar las cifras que se utilizan para el cálculo de los coeficientes de la distribución de los recursos a los municipios. Asimismo, carece de mecanismos de control que permitan asegurar la correcta y oportuna distribución y pago de las participaciones que corresponden a los municipios.
«Además, no tiene las memorias de cálculo para la distribución correspondiente, ni dispone de la documentación que justifique las variables utilizadas en 2016 para la aplicación de las fórmulas respectivas, y utilizó variables desactualizadas».
Además concluyó que en los recursos que debió entrenar a los municipios, el gobierno de Gabino Cué no contaba con controles «para garantizar la transferencia mensual a los municipios en tiempo y forma, de las participaciones federales por concepto de fondos e incentivos correspondientes, y no todos los recursos de las participaciones federales recibidos por su administración fueron pagados a los municipios, ni en las fechas previstas por la normativa federal y estatal».
El truco estuvo en que, además, el cálculo de los montos que debía entregar a los alcaldes presentó diferencias en lo que realmente se transfirió, «lo que originó que no todos los municipios recibieran lo que metodológicamente les corresponde».
La maniobra fue posible debido a que el gobierno de Cué no constituyó un fideicomiso de administración y pago, como estaba obligado, lo cual «propició la generación de cheques, como medio de pago, de las participaciones federales a algunos municipios, lo cual no da certeza de que se entregaron en los tiempos establecidos en la normativa; tampoco proporcionó todos los SPEI (o transferencias electrónicas) para acreditar la transferencia de recursos a los municipios y carece de constancias oficiales que permitan verificar que los municipios los recibieron; además, carece de la mayoría de los comprobantes fiscales digitales que justifiquen los pagos a sus municipios».
Ese desbarajuste administrativo para mantener ocultos los fondos -así como en el juego de «¿dónde quedó la bolita»?, que sólo sirve para estafar a los incautos- le permitió también echar mano de las transferencias para tomarlos como garantía de la deuda que contrató en ese año.
Al respecto, la auditoría señaló: «Asimismo, realizó afectaciones a las participaciones federales de seis municipios para garantizar deuda pública, a fondos e incentivos no permitidos por la normativa».
Para todo ese esquema financiero para ocultar el destino de los fondos, el gobierno del estado no contó con mecanismos para controlar y organizar los documentos que soporten toda la ruta del dinero, principalmente las transferencias a los municipios.
Ahora, la ASF considera como probables recuperaciones esos 279 millones de pesos, y la solventación o no de la forma en que Gabino Cué se hizo de ese dinero, dándole un «pellizco» a los municipios, recae en el gobierno de Alejandro Murat.
Mientras, Gabino Cué continúa libre y disfrutando de los millones que se robó, viajando por el mundo y comiendo en los mejores restaurantes. A costa, claro, de la pobreza que azota a los oaxaqueños.
