Política Confesable


Gabino Cué sí envió policías armados a Nochixtlán

Crimen de lesa humanidad cometido contra ciudadanos

PresentaráCNDHel caso para que se investigue penalmente

Tomás EzequielToledo

Cada vez más se acumulan pruebas de que Gabino Cué actuó como un virrey en el ejercicio del poder en Oaxaca, más que como
un gobernador: no sólo trató de desaparecer a los movimientos sociales, saqueó la arcas a manos llenas, sino que también fue la mano que ordenó la agresión con armas de fuego para disolver el bloqueo en Asunción Nochixtlán del 19 de junio del año pasado,
donde a causa de ello fallecieron 7 personas.

Sí, ya se sabía. No obstante, la confirmación proviene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano que goza de prestigio nacional e internacional, que la semana pasada presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indaga la agresión, un informe donde las conclusiones no dejan lugar a dudas sobre la decisión de enviar a ese municipio policías estatales armados, en una primera instancia, y después elementos
de la Gendarmería contra la población.

Si bien el expediente que abrió la CNDH sobre este caso está en su etapa final de integración, ya hay elementos suficientes para
determinar la probable responsabilidad de Gabino Cué, para que las autoridades correspondientes presenten la denuncia penal que
lo lleve a un proceso del cual, esperamos, se derive su plena culpabilidad.

De entrada, el presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez –un abogado de toda pulcritud- explicó a los legisladores que
la investigación enfrentó varios obstáculos.

Los principales fueron los siguientes:

La indebida preservación del lugar de los hechos, lo cual motivo que diversas evidencias no fueras resguardas y se hubiesen
movido del lugar donde fueron originalmente encontradas;
La existencia de contradicciones entre los diversos testimonios recabados, lo que ha obligado a que los mismos se contrasten y
confronten con otros elementos objetivos de convicción, a fin de dilucidar lo que realmente aconteció; El hecho de que las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no
siempre han sido oportunas ni incluyen todo lo requerido, por lo que la CNDH se ha visto obligada a dirigirse nuevamente a la autoridad correspondiente para insistirle en el envío de la información solicitada.

De esos tres resalta, por la gravedad que implica, el primero: la alteración de pruebas y la no preservación del lugar de los hechos, precisamente para tratar de esconder las huellas.

¿En qué etapa va precisamente la investigación?

Debido a que, de acuerdo a la CNDH, se trata de un tema complejo, decidió ampliar el espectro de la investigación, con objeto de para comprender de manera integral lo ocurrido el 19 de junio del año pasado porque si bien, dijo, el enfrentamiento inició en Nochixtlán, los hechos de confrontación continuó después a las comunidades cercanas, Huitzo, Telixtlahuaca, Viguera y Hacienda Blanca.

Así, la comisión envió a sus visitadores adjuntos a esas localidades para también ahí recabar testimonios, solicitudes de informaci
ón, levantar peritajes, así como atender a víctimas y lesionados.
El expediente de este esfuerzo incluye 830 actas circunstanciadas, de las cuales 571 corresponden a los hechos suscitados en
Nochixtlán, 43 a Huitzo yTelixtlahuaca, 92 en Hacienda Blanca yViguera, que incluyen testimonios de familiares de fallecidos, testigos de los hechos, lesionados, detenidos, afectados por gases lacrimógenos, personas reportadascomo no localizadas, afectados en sus bienes, personal de salud de instituciones públicas y médicos particulares, comerciantes y taxistas.

También incluye 124 actas derivadas de entrevistas y certificaciones médicas a elementos de Policía Federal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca que Gabino mandó a los operativos, incluyendo mandos y policías lesionados, así como de la inspección que se realizó a vehículos oficiales y el depósito de armas.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó peritajes en lugares claves para su investigación, así como observación y fijación fotográfica de indicios balísticos, planimetrías de las zonas de los enfrentamientos (algunas con el apoyo de un dron); probables trayectorias de las balas respecto del lugar en donde se encontró a las personas muertas y el lugar desde el cual pudieron hacerse los disparos.

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La comisión también logró obtener una copia de la carpeta de investigación de la Procuraduría General de la República y aclar
ó a los diputados federales que el Ministerio Público Federal se ha negado a entregar otras carpetas de investigación iniciadas que,
aunque están relacionadas con los hechos, no se acumularon a la principal.

Cuestionó el ombudsman: «Para un caso de esta envergadura resulta indispensable que las autoridades brinden a la CNDH, con
oportunidad, toda la información que les sea requerida y que la misma se actualice cuando ello sea necesario».

También cuenta con copia de las diversas carpetas de investigación iniciadas por lesiones y daños en propiedades en la Fiscal ía del Estado y el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo el propio expediente que inició sobre la agresión.

¿Quéconcluye laCNDHsobre el cúmulo de informaciónqueha recibido, analizado, cotejado y que tiene sustento en sus evidencias?

Que Gabino Cué envió policías armados a disolver una manifestación pacífica.

Dice la comisión al respecto: «El operativo fue realizado a solicitud
del gobierno del estado de Oaxaca, días previos al 19 de junio, dentro de un grupo interinstitucional conformado por dependencias federales y estatales en materia de la seguridad pública (Grupo de Coordinación Oaxaca en materia de Seguridad),
el cual en la fecha de los hechos se reunió en un hotel en la Ciudad de Oaxaca. En ese mismo hotel se concentró el Centro de
Mando de la Policía Federal, para dar seguimiento al operativo».

En la complicidad para tratar de ocultar su responsabilidad en el operativo, Gabino Cué contrató al Notario Público 65, nada menos que un amigo suyo y también hijo político del juniorcique Diódoro Carrasco Altamirano: Blas Fortino Figueroa Montes.

Es otro de los personajes que deberán responder ante la justicia, porque este Notario que formó parte del equipo jurídico del
juniorcique en Gobernación y fue inhabilitado cinco años junto con Jorge Castillo y el ex secretario de Finanzas de Gabino Cué,
Gerardo Cajiga Estrada por la compra irregular de helicópteros para la Policía Federal, también forma parte de las conclusiones de
la comisión. Al respecto, el ombudsman informó:

Previo al inicio del operativo, a las 4:30 de la mañana, en el destacamento de la Policía Federal ubicado en San Pablo Etla, el notario público número 65 de la ciudad de Oaxaca sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los integrantes de las corporaciones policiacas y señaló que sólo portan kit policiaco antimotines y no armas de fuego ni punzo cortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos, asimismo que inspeccionó los vehículos terrestres que tuvo a la vista, certificando que ‘en su interior no existían armas de fuego ni
punzocortantes’. Sin embargo,  se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo”.

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Vaya, sí que le hizo un gran favor Blasito a su ex compañero en Gobernación. Ocultó precisamente uno de los puntos que se requerían para aclarar la muerte de los siete ciudadanos
en Nochixtlán. Independientemente de que, como dijo el ombudsman, todavía la comisión debe determinar quién disparó primero, es evidente que los policías estatales y de
Gendarmería sí usaron sus armas.

Porque el informe a la Cámara de Diputados continúa:

“Cerca de las 8:50 horas se reporta por radio al Centro de Mando de Policía Federal los primeros disparos y se solicita apoyo.

Pasadas las 9:00 horas al recibir una segunda llamada para pedir apoyo, el Grupo de Coordinación interinstitucional en Oaxaca
decidió que personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal acudiera en apoyo y rescate de los elementos que se
encontraban en Nochixtlán y que algunos elementos fueron armados”.

La comisión reportó que sólo que en cinco de las siete personas fallecidas por arma de fuego se recuperaron las ojivas: tres a una
arma larga calibre .223 y dos a arma corta de calibre 9 milímetros. Es decir, de armas reglamentarias.

El expediente también incluye el número total de lesionados: 190, de los cuales 122 fueron civiles y 68 policías.

Del primer grupo, 37 por arma de fuego, 7 por impactos de los cartuchos de gas lacrimógeno, 13 por quemaduras, 4 fracturas, 37 presentaron contusiones y las 24 restantes no se precisó el origen en el reporte de laDefensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca.

Mientras que del lado de los policías, 43 heridos fueron policías federales y 25 policías estatales; de ellos, un policía federal y
dos estatales fueron heridos por arma de fuego, mientras que el resto lo fueron por quemaduras provocadas por cohetones y lesiones por contusiones.

De las características de los heridos de los dos grupos se concluye que, en efecto, los policías estatales y de Gendarmería dispararon
contra la población y que, en el caso de los dos uniformados heridos pudo tratarse de heridas provocadas por sus propios
compañeros o de alguna persona que, en efecto, acudió a la manifestación armada.

La comisión explicó que esa cifra de heridos no es definitiva, porque se tomó de los registros de quienes acudieron a instituciones públicas de salud, ya que algunas personas
decidieron ser atendidas en la en la parroquia o en su propia casa.
Aunque pudo averiguar que se debió a que se trató de daños causados por los gases lacrimógenos, el daño fue temporal y
pudieron contrarrestar el malestar.

Expuso: “En Nochixtlán, al menos 84 personas fueron afectadas por gases lacrimógenos, entre los que se incluyen 25 menores de la colonia 20 de noviembre, cuyas edades oscilan entre los 8 meses a 14 años. En Huitzo y Telixtlahuaca 25 personas refirieron afectaciones por gas lacrimógeno, mientras que en Hacienda Blanca yViguera, 40 señalaron haber tenido malestares por el
uso de esos agentes químicos”.

A ello hay que añadir el hecho de que policías estatales y de Gendarmería aplicaron prácticas de tortura a los detenidos, como
consta en los testimonios recabados por la CNDH que documentó el caso de tres mujeres que no fueron puestas a disposición de
las autoridades y relataron malos tratos, amenazas, golpes y/o agresiones sexuales por parte de policías femeniles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que está en investigación.

Este último punto también forma parte de la investigación del ombudsman nacional.

Además, 25 de los 27 detenidos por los delitos de lesiones, tentativa de homicidio, ataques a las vías generales de comunicación, resistencia de particulares y lo que resulte
denunciaron incomunicación, tratos indebidos, amenazas y presentaron lesiones, lo que también está en investigación.

Para la comisión, su compromiso es el de determinar qué ocurrió exactamente en Nochixtlán el 19 de junio del año pasado, “así
como determinar quiénes tuvieron responsabilidad para que sean investigados y, en su caso, sancionados; es incuestionable que
los hechos no pueden quedar impunes y que la sociedad debe saber la verdad de lo acontecido en esa fecha”.

De toda la información que entregó a la  Cámara de Diputados podemos ir adelantando una idea de quiénes son los probables responsables.

Gabino, el primero en esa lista.

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