Juicio político a Gabino Cue, exigen
Policía Estatal, disparó: Alberto Ruiz Martínez
La investigación, a cargo de la PGR
Tomás Ezequiel Toledo
Al Congreso de la Unión le urgía -en especial al PAN- cerrar la investigación que una comisión especial integrada por senadores y diputados realizó para tratar de encontrar datos que acercaron a la verdad sobre la agresión policiaca a pobladores en Nochixtlán, para desalojar la carretera, acción que derivó en la muerte de civiles.
Si se toma en cuenta que hasta ahora el único sancionado es Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, al que se despidió la semana pasada por el operativo policiaco, ningún funcionario público ha sido sancionado, mientras se indicó que será la Procuraduría General de la República la que determine qué autoridad inició los disparos contra la población.
La comisión no investigó a fondo. Sólo trabajó un mes, y tuvo tres reuniones importantes, en las que no estuvieron los principales afectados, esto es los ciudadanos.
La primera, con Gabino Cué, quien les entregó la versión oficial de los hechos ocurridos el 19 de junio; la segunda, con Arturo Peimbert, quien atribuyó la agresión a la Policía Federal; y una tercera con los propios policías, que reconocieron haber portado y disparado armas.
El informe, que se presentó el jueves, por lo tanto carece de la versión de la sociedad agredida, más aún cuando se concluye que fue la Policía Estatal y Federal la que estuvo a cargo del operativo para desalojar la autopista y que se le atribuye una falta de inteligencia de investigación antes de actuar.
Un dato relevante del documento señala que la policía no tomó en cuenta que el 19 de junio era domingo, y que era día de plaza, esto es que había decenas de personas en la calle y que, como indicaron los legisladores, para la policía dirigida entonces por Galindo «‘no debió pasar inadvertido debido a que el desarrollo y consecuencias del operativo podían ser distintas a las consideradas originalmente».
La consecuencia y se conoce, ocho personas muertas y más de 200 lesionados.
Una falta de tacto -por decir lo menos- se trasluce de la redacción del informe. Porque la comisión habla de «dos bandos», esto es policías y la población.
Cuando se hace referencia, de esa manera, a dos grupos confrontados se induce que se trata de agresores. El operativo inició con la movilización policiaca, y hasta donde se han conocido los testimonios señalan que los federales iniciaron la agresión, que derivó en enfrentamiento.
Así, la comisión justifica que los dos grupos «recurrieron a la violencia». Aunque más adelante anota que si bien el desbloqueo de la autopista fue exitoso, la confrontación continuó y ello causó la violencia y las agresiones.
Una de las conclusiones de los legisladores es que la PGR debe determinar «quién inició el fuego», porque las versiones de las autoridades federales, estatales y Peimbert no coinciden.
Tampoco se tiene claro qué autoridad solicitó, según los legisladores, la intervención de las fuerzas federales para liberar la autopista, aunque la noche misma del operativo, Gabino Cué dijo que él había participado en esa petición.
Después del encuentro con los federales, la comisión concluyó que la menos uno de éstos disparó su arma de fuego, pero también resalta: «la población civil agredió a las fuerzas del orden en un primer momento con piedras, palos, cohetones, bombas molotov, pero también con armas de fuego, dado que hubo elementos policiales lesionados y aeronaves oficiales dañadas por impactos provocados por este tipo de armas».
Las víctimas, como se ha dicho, no fueron escuchadas. El Comité de Víctimas de Nochixtlán se presentó a la Cámara de Senadores, donde sesionó la comisión especial, pero no se les permitió la entrada, así que ofrecieron una conferencia en la calle, sobre la avenida Reforma.
Ahí demandaron una nueva comisión y juicio político a Gabino Cué, y castigo al ex comisionado.
Otro ingrediente que contribuye a enrarecer los hechos, más que aclararlos, es la declaración del secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, quien reconoció que la Policía Estatal sí disparó.
Según él, los policías que detonaron sus armas lo hicieron al aire, como una forma de dispersar a la multitud.
Ahora bien, los policías estatales que participaron en el desalojo ya fueron llamados a declarar ante la PGR, incluidos los comandantes y el director de la policía vial. Se entregaron las armas para que les realizarán las pertinentes pruebas de balística.
Dijo que cada policía cuenta con dos armas: «pusimos 400 armas cortas y 200 largas para las pruebas de balística. Esto no significa que se desarmó a la policía. Queremos que haya certeza de lo que pasó, de que si alguien tuvo responsabilidad, sea comprobada».
Según él, ninguna de las balas que salieron de las armas estatales causó alguno de los ocho muertos. Falta, claro, que se concluyan las pruebas periciales.
«Claro que se disparó. Hay un detalle, el hecho de que se dispare no significa que haya una persona fallecida. Se dispara al aire porque amedrenta y hace que la gente se contenga y se detenga. Entonces, se tienen que analizar cosas que se han ido perdiendo”.
Y que se determine, también, cuál es la responsabilidad política de Gabino Cué, que mientras se realizaba el operativo él asistía a una boda.
