Opacidad y deuda, entre los legados del sexenio de Gabino Cué


Se jacta el gobernante de haber recibido premios en el rubro de transparencia (balazo)

Recursos sin aclarar en las áreas de Salud, Educación y Obras Públicas.

Quebranto patrimonial durante el paso de Alberto Esteva por Seguridad Pública.

Enrique Quijano/Quadratín

La administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo ha presumido diversos premios en materia de transparencia, sin embargo, hasta ahora en su último y sexto informe de gobierno, no hay claridad en cuanto al estado actual de su gobierno.

La cantidad de deuda que se reconoce es de 14 mil 600 millones de pesos, lo que significaría que cada oaxaqueño tendrá al final de sexenio una deuda de 9 mil 300 pesos.

En los informes públicos hay otras cantidades que no se han explicado. Por ejemplo, la deuda de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que asciende a 9 mil millones de pesos; los 10 mil millones débito del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y los mil 200 millones en los que el ex secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra está implicado, supuestamente destinados a ejecución de trabajos de obra del inacabado Metrobús.

Gabino Cué Monteagudo recibió en todo su sexenio la cantidad de 438 mil 219 millones de pesos de presupuesto estatal, uno de los más altos del país.

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Pero hay obras inconclusas y un manejo poco claro del recurso público durante todo su sexenio. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2011 el IEEPO no se apegó a la normatividad vigente aplicable al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y se realizaron pagos a nóminas sin descripción en categoría.

Además se realizaron pagos a personal sin contar con la compatibilidad de empleos y se realizaron pagos de intereses por el entero extemporáneo de terceros institucionales.

El Gobierno de Oaxaca recibió en ese año 13,700,804.3 miles de pesos (en términos numéricos de la ASF); sin embargo, el IEEPO recibió 13,675,847.1 miles de pesos por parte de Secretaría de Finanzas, por lo que esta última no transfirió un importe de 24,957.2 miles de pesos al IEEPO, de los cuales se desconoce su destino y aplicación a los fines del fondo.

En 2011, en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, la Tesorería de la Federación ministró los recursos al Gobierno del Estado de Oaxaca por 534,855.7 miles de pesos de enero a octubre de 2011, pero el Gobierno transfirió los recursos a las instancias ejecutoras hasta noviembre de 2011, lo que evidencia que no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos.

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OSCURO MANEJO DE LOS RECURSOS

Un año después, en 2012, el Gobierno del Estado de Oaxaca recibió para educación básica y normal 14,060,494.8 miles de pesos de acuerdo con la distribución y calendarización de las ministraciones publicadas en el DOF. Sin embargo, el IEEPO no abrió una cuenta específica para la administración de los recursos, por lo que la fiscalización de la cuenta pública de ese año evidenció irregularidades en el manejo de los recursos. En ese año, la ASF determinó que se destinaron recursos a gastos de operación no vinculados con la educación básica, así como pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

En el caso de la seguridad pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial por 124 millones 992 mil 293 durante el período de Alberto Esteva Salinas, uno de los hombres más cercanos al gobernador.

En 2012, en lo destinado a Salud –en el período de Germán Tenorio– se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 355 mil 71 pesos en un solo caso, por no transferir los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 a los Servicios de Salud de Oaxaca.

En 2013, del fondo para la educación básica se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 54 millones 715 mil 634 pesos.

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Tan sólo en 2014 en el rubro educativo, un estudio de la organización civil Mexicanos Primero calculó el dinero que se desvía o roba del presupuesto educativo en Oaxaca cada año es de aproximadamente 350 millones 160 mil pesos.

En 2014 también se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el segundo trimestre a nivel financiero ni los cuatro trimestres a nivel proyecto; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados de la aplicación de los recursos del fondo.

Ese mismo año, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el tema de infraestructura, entre las observaciones determinadas en la cuenta pública de 2014 se señala que el Gobierno del Estado no dispuso de un adecuado sistema de control interno de los recursos asignados que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, y señala que por ello el gobierno incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

De acuerdo con la fiscalización de la cuenta pública de ese mismo año, el Gobierno del Estado no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio los resultados alcanzados con el fondo.

Las irregularidades en el manejo de los recursos públicos por el Gobierno de Oaxaca han sido observadas por la ASF en todas las cuentas públicas auditadas de 2011 a 2014, y todo apunta a que el número de observaciones va en aumento.

En todo este tiempo, diversos funcionarios han sido inhabilitados, una sanción menor que no restituye el recurso público y es una forma de cubrir a quienes contribuyeron al quebranto de la economía en Oaxaca.

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