- En la administración de Lorenzo Córdova en el INE se facilitaron negocios de organismos internacionales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior con el árbitro electoral.
- Esa relación del ahora promotor de Xóchitl Gálvez con las AC llegó a tal grado que se crean fideicomisos temporales para pagar esas contrataciones por servicios de observación.
- Otros gastos con cargo al erario son: asesorías, elaboración de proyectos, evaluaciones y hasta “testificaciones sociales” en licitaciones públicas.
- Tan sólo en las elecciones de 2018 y de 2021, el INE pagó 30.9 millones de pesos a las organizaciones que “observaron” los comicios, y 20.8 millones a universidades.
Nancy Flores/Contralínea
Organismos internacionales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior han accedido a una bolsa millonaria del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de ser “observadores” de los comicios federales y estatales. Así, con cargo al erario de la nación, tres instituciones extranjeras se embolsaron 55 millones de pesos entre 2015 y 2018; 42 asociaciones locales obtuvieron 30.9 millones de pesos en las elecciones de 2018 y de 2021; y nueve universidades, 20.8 millones de pesos en 2018 y 2021, revelan informes.
Los procesos electorales en los que fueron contratadas para legitimar las elecciones empatan con la presidencia del ahora ex consejero Lorenzo Córdova Vianello, quien recientemente se sumó de forma indirecta a la campaña de la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez: el ahora investigador de la UNAM será el único orador en la marcha convocada por el empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, para el próximo 18 de febrero. Marcha que tiene como respaldo algunas de las asociaciones civiles satélite del accionista de Kimberly Clark.
Como se recordará, Córdova Vianello asumió la presidencia del INE el 3 de abril de 2014, y concluyó el 4 de abril de 2023. En ese periodo, el Instituto generó un Fondo de Apoyo a la Observación Electoral por cada jornada que organizó, con asistencia financiera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [https://www.youtube.com/watch?v=iYUfdENezw8 ]
En dicho fondo también participaron organismos internacionales, por ejemplo, las bases del fondo de 2021 fueron signadas el 13 de enero de ese año por el entonces consejero presidente del Instituto, y por José Thompson Jiménez, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esta organización extranjera es la que más recursos del INE ha obtenido.
IRREGULARIDADES
DETECTADAS
El dinero público de esos fondos no sólo sufragó el concepto de la observación electoral el día de los comicios, sino también se destinó a contratar “estudios” sobre democracia y evaluación del proceso antes, durante y después de la jornada electoral. En 2021, se fijó como pago máximo 800 mil pesos por AC.
No obstante, en esos ejercicios se detectaron presuntas irregularidades atribuibles tanto a la autoridad electoral como a las propias organizaciones y universidades. Las auditorías internas DAOC/06/FI/2021 y DAOC/03/FI/2022 al Fondo de Apoyo para la Observación Electoral –bajo reserva temporal establecida en octubre de 2023, por encontrarse todavía en etapa de solventación– documentan parte de esas anomalías.
El acuerdo CF/007/2023, de la Comisión de Fiscalización del INE, revela en su página cinco que se registraron “gastos no comprobados y/o no justificados por parte de las IES [instituciones de educación superior] por un monto de 1 millón 272 mil 312 pesos, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral de los ejercicios 2018 y 2021”.
Además, descubre que en esas dos auditorías, el Órgano Interno de Control documentó “gastos no comprobados y/o no justificados por parte de los OI [organismos internacionales] por un monto de 422 mil 614 pesos, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral del ejercicio 2018”
Por ello, determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE debería de “presentar un informe pormenorizado, fundado y motivado, en el que
justifique, técnica y jurídicamente, que implementó acciones” ante ambos casos de presuntas anomalías.
Ese acuerdo fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, del 3 de abril de 2023, por votación unánime de las y los consejeros Electorales: Jaime Rivera Velázquez, Uuc-Kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, y Carla Astrid Humphrey Jordán.
Todavía el 15 de diciembre de 2023, el Consejo General del INE instruyó a su Coordinación de Asuntos Internacionales atender las observaciones de esas dos auditorías internas. Ese día, los consejeros y consejeras encabezados por la presidenta Guadalupe Taddei aprobaron el presupuesto para 2024, y convinieron: “en relación con el proyecto D050310 denominado ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’, con motivo de las observaciones derivadas de las auditorías DAOC/06/FI/2021 denominada: ‘Fondo de Apoyo para la Observación Electoral’ y la auditoría DAOC/03/FI/2022 denominada ‘Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Fase II’, practicadas por el Órgano Interno de Control a los ejercicios fiscales de 2015 a 2022, se instruye a la Coordinación de Asuntos Internacionales a generar el Plan de Acciones Correctivas para la atención de dichas observaciones”.
Asimismo, establecieron que “en relación con el proyecto D050310 denominado ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’, con motivo de las observaciones derivadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control a los ejercicios fiscales de 2015 a 2022, se instruye a la Coordinación de Asuntos Internacionales, en su caso, en coordinación con las áreas que corresponda en el ámbito de su competencia a emitir los lineamientos que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas sobre la administración y manejo del Fondo que se asignará para la observación electoral en 2024, y su respectiva aprobación por la Junta General Ejecutiva, de conformidad con los artículos 48 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 40 numeral 1 incisos c) y d) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral”.
Ese 15 de diciembre, en la sesión del Consejo General del INE se vivieron algunos momentos de tensión por este mismo tema, pues por la austeridad republicana se buscaba reducir gastos vinculados a estos negocios de organismos internacionales, asociaciones civiles y universidades, que no necesariamente aportan certeza a los comicios. Ello, porque también se contrataron en la época del IFE para las elecciones de 2006 y 2012, manchadas por la corrupción y el fraude.
Durante la sesión, la consejera Carla Humprey –quien encabezó la Comisión Temporal de Presupuesto 2024– sugirió destinar fondos a los organismos internacionales, las asociaciones civiles y las instituciones educativas. “Quiero referirme brevemente al proyecto D050310, ‘Fondo de apoyo para la observación electoral y el acompañamiento técnico’: mediante un oficio el pasado 11 de diciembre, que hice llegar a la presidencia de este Consejo General, argumenté el valor institucional y de confianza que la observación electoral genera. Es, además, un derecho político-electoral de las y los ciudadanos, expresamente regulado por la ley, que hay que garantizar.
“En dicho oficio, solicité a la presidencia del Consejo que, en la medida de las posibilidades normativas y presupuestales correspondientes, se vaya dotando gradualmente al proyecto referido de los recursos necesarios para lograr cumplir con su objetivo y alcances, con toda oportunidad, de cara al estado actual del proceso electoral, siempre teniendo en mente que éstos son recursos que tienen que comprobarse y tiene que haber lineamientos claros para su adecuada conformación porque se trata de recursos públicos que están destinados, sí, a la observación electoral, pero esto no los hace que no deban comprobarse de manera adecuada y a la luz de toda la normatividad que tenemos para que sea transparente la asignación de su uso y su comprobación ante este Instituto Electoral”.
Al respecto, el diputado Sergio Gutiérrez Luna –consejero del Poder Legislativo de Morena– señaló que lo que no se quiere en la Cámara de Diputados es “que se dé dinero a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AC, 2 millones 291 mil pesos; que se dé dinero al Colmex, 1 millón 131 mil pesos; que se dé dinero a la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, 1 millón 200 mil pesos; a FLACSO, 500 mil pesos; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1 millón 246 mil pesos; al ITAM, para elaborar el proyecto que afecta la democracia, por 380 mil pesos; al ITESO.
“Y no queremos tampoco que siga existiendo esta discrecionalidad que tienen aquí: en 2012, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 36 millones 800 mil pesos, el objetivo: operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2012; 2015, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 11 millones 500 mil pesos, el mismo Fondo de Apoyo a la Observación electoral; 2017, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 15 millones 233 mil pesos, otra vez lo mismo, operaciones del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral; 2018, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 8 millones de pesos, [para] operación del proyecto apoyo al acompañamiento técnico; 2018 nuevamente, al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), 1 millón de pesos, [para el] análisis del proyecto electoral federal 2020-2021; en 2020, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 20 millones de pesos, operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral”.
El morenista Gutiérrez Luna acusó que “ese dinero era utilizado para que luego estos entes internacionales defendieran a Lorenzo [Córdova], lo acompañaran en el debate público político que él tenía. Eso es lo que ya no queremos en la Cámara de Diputados”.
A esta crítica se suma el hecho de que la propia Comisión de Fiscalización del INE ha detectado irregularidades e impuesto sanciones a las asociaciones civiles. De ello hay constancia en el Informe de actividades, septiembre 2021- marzo 2023, de la Comisión de Fiscalización, donde se da cuenta de las “sanciones impuestas derivado de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes de las organizaciones de observación electoral”: multas por 83 mil 77 pesos, y amonestación pública a 54 organizaciones.
Al Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, AC (Transversal), por 20 mil 612.60 pesos; Creando Oportunidades en el Presente, AC, por 896.20 pesos; Gente Diversa de Baja California, AC, por 17 mil 924 pesos; Los Dos Méxicos, AC, por 1 mil 523.54; Ollin, Jóvenes en Movimiento, AC, por 19 mil 716.40; Organización Fuerza Ciudadana, AC, por 1 mil 792.40; Participación Ciudadana, AC, por 896.20 pesos; y Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, AC, por 19 mil 716.40 pesos.
LAS BENEFICIARIAS
Información del propio INE revela que en el periodo de Lorenzo Córdova, tres organizaciones internacionales obtuvieron más de 55 millones de pesos para legitimar los comicios: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
En el primer caso, los recursos para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos fluyeron en los comicios de 2015, por 11 millones 500 mil pesos; en 2018, por 8 millones de pesos; y en 2020, por 20 millones de pesos. En total, este organismo internacional obtuvo del erario mexicano 39 millones 500 mil pesos.
De acuerdo con su propia información, esta institución extranjera se creó en 1980 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos –vinculada a la Organización de Estados Americanos– y la República de Costa Rica. El IIDH se describe a sí mismo como “una entidad internacional autónoma, académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos”.
Su función en los periodos electorales de México ha sido operar los proyectos “Fondo de apoyo para la observación electoral y acompañamiento técnico”. Es decir, la selección de las asociaciones civiles locales y de las instituciones de educación superior que fungen como observadores, asesores o vigilantes –servicios por los cuales se les paga–, así como el manejo y designación de los recursos públicos para esos fines.
Por ese motivo, algunas voces al interior del INE ya señalan que sólo se trata de una triangulación del dinero público y una selección marcada por el sesgo de la OEA.
En el segundo caso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo obtuvo 15 millones 233 mil 416 pesos en 2017, para la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. Mientras que en el tercer caso, al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) se le dio 1 millón de pesos en 2018, para realizar un “análisis del proceso electoral federal 2020-2021, considerando la reforma electoral 2014-2015”.