Ordena la SCJN al gobierno de Oaxaca armonizar Ley Educativa
Estar del mismo lado y no poder avanzar
Raúl Sánchez Carrillo
Sin excusa ni pretexto la controversia constitucional que interpuso el presidente Enrique Peña Nieto contra el gobernador de Oaxaca Gabino Cué sobre la aplicación de la Reforma Constitucional Educativa, ya tuvo la respuesta del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que ordena a aquel estado que en 6 meses tenga aplicada y en marcha dicha reforma.
Y es que el Pleno de la Corte resolvió que el estado de Oaxaca incurrió en una omisión legislativa al no actualizar sus leyes conforme a la Reforma Educativa de 2013 ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.
La Legislatura oaxaqueña iniciará su periodo de sesiones en noviembre de este año y contará con un plazo de seis meses para aprobar, promulgar y aplicar las leyes en materia educativa, pero si esto no ocurre los líderes del Congreso estatal y el Gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, podrían ser destituidos por la Suprema Corte.
Cuando el Gobernador Gabino Cué le quitó el control del Instituto Estatal de Educación Pública a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instruyó a los nuevos responsables a que aplicaran las leyes generales, sin embargo, no se puede omitir el mandato constitucional para que los Estados generen sus propias leyes educativas…
TRAS LA REUNIÓN
Tras llevarse a cabo la segunda reunión del Presidente Enrique Peña Nieto con algunos de los padres de Ayotzinapa en el Museo Tecnológico de la CFE en Chapultepec, se consideraron cinco puntos para atender el caso en los que se concluye que la investigación no se ha cerrado y se plantea la creación de una fiscalía especializada.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, habló sobre la reunión que sostuvo el Presidente Peña y señaló que fue una reunión compleja por su naturaleza, se trata de personas que cargan un dolor, la angustia de no saber qué pasó con sus familiares.
Añadió que hubo planteamientos concretos del Presidente Enrique Peña Nieto a padres de normalistas.
“Dejamos claro que la investigación sobre caso Ayotzinapa sigue abierta, hay diferencias con padres en torno a resultados de investigación de Ayotzinapa, la incineración en Cocula tiene fundamentos», aseveró Roberto Campa.
Dijo que han trabajado con expertos internacionales y reconocen su trabajo. Aseguró que profundizarán las búsquedas individuales con información de familiares…
Bastó que un legislador del partido Verde volteara los reflectores a AMLO y otros líderes que incorporaron al PRD e hicieron de José Luis Abarca el presidente Municipal de Iguala para que, como agua fría en aceite hirviendo, en el Congreso los perredistas magnificaran la acusación y la calificaran de ramplona.
Y es que hay razón, pero si de algo no se ha hablado es de cómo llegó a la presidencia municipal un fabricante de sombreros de palma que en solo dos años era propietario de joyerías, residencias y manejaba millones de pesos a través del tráfico de la heroína producida en las cañadas de Guerrero.
ESCÁNDALO DE LAYDA SANSORES
La petista Layda Sansores acusó en un principio al presidente Enrique Peña Nieto de tener responsabilidad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al plantear que entre las fuerzas del orden que conocieron de los hechos esa noche del 26 de septiembre estuvo el Ejército y además el reporte de los expertos de la CIDH señala que la Policía Federal también supo de lo ocurrido.
Sansores presentó la propuesta de que se exhorte a la creación de una fiscalía especial con observancia de los expertos internacionales y subrayó que es lo menos que se puede hacer para atender la demanda de encontrar a los normalistas.
Por su parte, el ecologista Pablo Escudero destinó sus 10 minutos a machacar que el PRD, con José Luis Abarca la cabeza, es el responsable de la violencia y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y agregó que esa situación se generó desde antes, cuando la dirigencia de ese partido y López Obrador postularon al alcalde cuya policía persiguió a los estudiantes sin que hasta hoy se conozca su paradero.
Desde la tribuna sostuvo que no debe haber conflicto de interés y desde aquí exigimos que digan cuándo van a acudir a la PGR a declarar la senadora Angélica de la Peña, Guadalupe Acosta Naranjo y Andrés Manuel López Obrador.
Ello generó que de inmediato Armando Ríos Piter pidiera la tribuna por alusiones personales.
Ante esta situación, el presidente del Senado, Roberto Gil, aceptó abrirle el micrófono al guerrerense quien le replicó:
Debo reconocerle que el PRI le hizo un gran discurso, que lo construyó con el ánimo de golpear al PRD.
Dijo que seguramente el ecologista no leyó el informe de los expertos de la CIDH porque ahí queda claramente estipulado que en los hechos tuvieron responsabilidad autoridades municipales, estatales y federales.
Aunque el PAN había señalado que pedirían una fiscalía internacional con coadyuvancia de los expertos, la senadora Pilar Ortega presentó la propuesta de que se impulse una fiscalía especial con coadyuvancia de los expertos y coincidió con el PRD al decir que la federación tiene responsabilidad en los hechos.
@RSCarrillo1