Abraham Nuncio/La Jornada
Son periódicas las manifestaciones ciudadanas que demandan soluciones a los grandes problemas de Nuevo León, la mayoría concentrados en el área metropolitana de Monterrey. La más reciente señalaba en su convocatoria algunos: escasez de agua, vialidad y transporte insuficientes, inseguridad, mala calidad del aire por la contaminación industrial y sus impactos en la salud.
De acuerdo con cifras oficiales, del 100 por ciento de esas empresas que llegan a México, 76 por ciento aterriza en Nuevo León: dos empresas extranjeras por semana.
El interés de las empresas estadunidenses, asiáticas y europeas por instalarse en Nuevo León se debe a la relocalización por efecto, en gran medida, de la pugna China-Estados Unidos y por estar a dos horas del mercado más grande del planeta. Hay otras razones no menos significativas: la infraestructura de la metrópoli, la gran facilidad para obtener cualquier permiso por encima de las normas establecidas, las lucrativas condiciones fiscales del país, la baratura y mansedumbre de la clase obrera de la región, y la estabilidad política nacional, según los parámetros aceptados por los países capitalistas de Occidente. Este último indicador suele omitirse sin tiritar la oposición política al gobierno morenista, y así lo quiere hacer tragar al electorado potencial que decidirá el próximo 2 de junio.
El primer impacto del nearshoring ya se hace sentir, en perjuicio de la población de menores ingresos: a la inflación se suma el sobreprecio de venta, el cual está determinado por la especulación inmobiliaria, misma que se traslada a la construcción y a los alquileres de diferentes espacios urbanos.
Con motivo del nearshoring, el solo vislumbre de la gran inversión está impulsando una enorme oleada de migrantes nacionales y extranjeros. Los adscritos a las empresas en proceso de instalarse buscarán servicios de calidad. El grueso de los migrantes buscarán, simplemente, un empleo. Los de mayor ingreso serán bienvenidos en todas partes y habrá para su demanda espacios y satisfactores de todo tipo, sobre todo en términos de seguridad y de un paisaje humano y urbano adecuado a sus patrones de vida; el resto, que no encuentre trabajo, pasará a engrosar el ejército laboral de reserva y compartirá el destino de los miles de pobres y marginados que sobreviven a duras penas en la ciudad.
Empresas y migrantes enfrentarán, en diferentes niveles de impacto, los problemas que hoy padece la población; pero no sólo: tenderán a agravarlos. Habrá mayor demanda de bienes y servicios que la infraestructura de la metrópoli, si bien con un desarrollo importante tras casi siglo y medio de producción industrial, pero también a causa de éste, no será suficiente para satisfacerla. Cada vez se revela con mayor grado de incapacidad para resolver sus viejos problemas, por más que la publicidad oficial insista en la marcha de su solución.
En la solución real también insisten colectivos, pero no con la fuerza necesaria como para hacer que el gobierno se sienta obligado a tomar medidas. Las empresas que vienen al Monterrey metropolitano confían en que tal inercia permanezca inalterada partiendo de un hecho simple: la burguesía del estado ha sabido engastar un modelo de organización laboral estalinista en el marco capitalista de su enclave proveyendo de satisfactores materiales, educativos y de tiempo libre a cambio de que los trabajadores de sus empresas no ejerzan algún impulso de libertad organizativa ni de expresión contraria a sus intereses.
Asentadas las empresas trasnacionales, se articularán a las que han impuesto su visión y prácticas en Nuevo León; después intentarán adquirir prevalencia para que el gobierno se ciña con vernier a sus exigencias de mercado y de dirección política. Serán, como todas las trasnacionales que en el mundo son, las patrocinadoras y con frecuencia responsables estratégicas de la derecha en la oposición y/o en el gobierno.
La inversión extranjera, no lo soslayemos, trae aparejado un inevitable componente político. Su arquetipo es United Fruit. Pero no es fatal. William Robinson ofrece una respuesta: “Si el Estado (capitalista), como una relación de clase, se está transnacionalizado, entonces, cualquier desafío al poder (global) del Estado capitalista debe incluir un componente transnacional importante. Las luchas a nivel del Estado-nación están lejos de ser inútiles. Ellas siguen siendo fundamentales para las perspectivas de la justicia social y el cambio social progresista.
La cuestión clave es que todas estas luchas deben ser parte de un proyecto contrahegemónico transnacional más amplio, incluyendo el sindicalismo transnacional, los movimientos sociales transnacionales, organizaciones políticas trasnacionales, etcétera, capaces de vincular lo local con lo nacional, lo regional y lo global… Ésta es la razón por la que la movilización permanente desde abajo, que presiona al Estado para profundizar su proyecto transformador ‘en casa’ y su proyecto transnacional contrahegemónico ‘en el extranjero’, es tan crucial”.