Víctor M. Quintana S./La Jornada
La primera carga que tienen que soportar los pueblos originarios es comprobar que existen. Al menos esto se da en las regiones donde el derecho de los mestizos –derecho del más fuerte– se ha impuesto. El derecho agrario, a pesar de ser emanado de la lucha revolucionaria y de muchos combates campesinos, cuando se trata de poblaciones indígenas, muchas veces resulta excluyente y hasta colonialista. Es el caso de la comunidad de Mogótavo, en la región del Divisadero Barrancas, municipio de Urique, Chihuahua.
En esa comunidad rarámuri viven 300 personas de unas 80 familias. Habitan, trabajan, ahí desde tiempos inmemoriales. Ya en 1890 el antropólogo danés Carl Lumholtz registró que la región de Barrancas del Cobre estaba habitada por tarahumaras. Existen registros de bautizos de personas rarámuris que habitaban en Mogótavo en 1915.
La epidemia de gripe española en 1918 acabó con mucha gente de la Tarahumara, pero en Mogótavo sobrevivieron familias rarámuris. En 1919 un individuo de nombre Tirso Loya compró dos hectáreas de un rancho en la comunidad por un bote de aguardiente. Un año después, Indalecio Loya le compró ese rancho.
Luego vinieron las reformas y los repartos agrarios, pero la comunidad fue totalmente ignorada. Se formaron dos ejidos en los terrenos colindantes, el de San Alonso y el de San Luis de Majimachi, pero las autoridades agrarias declararon inafectable el terreno de la comunidad de Mogótavo. La razón: las dos hectáreas del rancho adquirido por Sandoval en 1920 ya se habían convertido en mil 500. Nunca tomaron en cuenta que ahí habitaba toda una comunidad rarámuri mucho antes de la compra del rancho.
El terreno de Mogótavo ofrece una vista espectacular de la Barranca del Cobre y a partir de 1961 es cruzado por el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Esto detonó el desarrollo turístico de la zona y la familia que ostenta la propiedad de los terrenos comenzó a construir cabañas y un hotel de gran turismo. Poco a poco se fueron adueñando de más terreno a pesar de todos los recursos legales interpuestos por la comunidad. Las autoridades agrarias siguieron y siguen tercas: las tierras de Mogótavo son inafectables porque tienen propietarios y éstos no son los rarámuris de la comunidad.
En 2008 la familia Sandoval vendió 154 hectáreas a varios negociantes muy relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, en 2 millones 250 mil dólares. La compraventa se hizo ante el notario público número 18 en la ciudad de Chihuahua. El avalúo que presentó en la compraventa del terreno especifica que en ese territorio habitan familias rarámuris. Incluso hay una cláusula donde el vendedor se compromete a desalojar las familias indígenas del lugar, con todo y escuela albergue y dispensario médico.
En 2011 la comunidad de Mogótavo inició un juicio de controversia territorial ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito cinco de Chihuahua por el reconocimiento de su territorio ancestral. Reclamó la nulidad de las adjudicaciones y compraventas efectuadas sobre su territorio bajo el expediente 64/2011. Siete años después la autoridad agraria dictó sentencia definitiva decretando improcedente la solicitud de la comunidad. Ésta promovió un recurso de revisión del expediente, ante el Tribunal Superior Agrario, pero le fue denegado sin que se le haya notificado a la comunidad. Tampoco fue notificada por el Tribunal Unitario del distrito cinco cuando éste emitió un acuerdo que causa ejecutoria en contra de la comunidad.
Ahora la situación se ha empeorado para la comunidad rarámuri; el 22 de marzo de este año la jueza de primera instancia en materia penal del distrito judicial Benito Juárez envió citatorios a los tres gobernadores indígenas para que se presenten en la audiencia de imputación programada para el 9 de junio del presente año. Esto como consecuencia de la denuncia presentada por los negociantes que adquirieron las 154 hectáreas en 2008, donde acusan por despojo agravado a los rarámuris por vivir en un inmueble ajeno.