Jorge Durand/La Jornada
Si algo ha sido demostrado empíricamente, en repetidos contextos y diferentes momentos históricos, es que las políticas
migratorias no funcionan, se desempeñan a medias y la mayoría de las veces se adaptan a coyunturas específicas, por tanto quedan obsoletas. Sólo sirven en condiciones dictatoriales.
En Francia acaban de desmantelar el campamento de refugiados La Jungla en el Pas de Calais (punto más cercano entre Francia e
Inglaterra) y sólo han trasladado el problema a las calles de París, donde vuelven a concentrarse los migrantes. La mayoría son sujetos de refugio, pero no quieren quedarse en Francia, sino en el Reino Unido, donde están sus parientes, amigos, contactos, comunidades.
Tratar a estas personas como migrantes económicos o refugiados, es no entender buena parte de la problemática social del fenómeno. La solución pasa por una negociación bilateral o multilateral.
Y es ahí cuando nos topamos con un problema difícil. La premisa fundamental de toda legislación migratoria radica, nada más y nada menos, que en el principio de soberanía nacional.
El Estado nación tiene el derecho de controlar sus fronteras y establecer reglas de ingreso, estancia y salida de su territorio.
No obstante, hay dos salvedades que tienen que tomarse en cuenta. En primer término, los migrantes son seres humanos, personas con derechos que están más allá de la soberanía de las naciones y que se acogen a derechos consagrados en principios universales y tratados internacionales. En segundo lugar, las políticas migratorias implican a extranjeros y a nacionales de terceros países a los cuales hay que tomar en cuenta; por
tanto, una parte de la política migratoria es
política exterior.
La Ley de Exclusión China en Estados Unidos (1882) afectó a los chinos, igual que la Ley de Ajuste a los cubanos, pero en ambos
casos un tercer afectado fue México. Los chinos que no podían llegar a las costas de California lo hacían a las de Baja California y
luego trataban de arribar, de una u otra manera, al otro lado.
De igual modo, los cubanos que ya no podían llegar a Estados Unidos por el estrecho de Florida se desviaron a Yucatán. La
Ley de Ajuste cubano se reformó para paliar el problema de los balseros y se llegó a un acuerdo con Cuba de que se podría deportar a todos los que fueran capturados en el mar
pies mojados, pero los que llegaran por tierra (pies secos) tendrían acceso al refugio.
Las políticas migratorias y de asilo de Estados Unidos y sus acuerdos con Cuba afectan a México. Pero ahora incluso afectan a
Ecuador, Colombia y todos los países centroamericanos por donde atraviesan los cubanos.
En muchos casos no se les puede deportar a Cuba, porque aducen que son perseguidos políticos y tienen derecho a pedir refugio o
simplemente porque Cuba no tiene ningún inter és en recibirlos. Como a los cubanos no les interesa quedarse en México, sino ir a Estados Unidos, se les da un salvoconducto, para transitar
hacia ese país.
Ahora también se otorgan salvoconductos para haitianos y africanos, para que transiten a Estados Unidos, pero éstos no tienen la puerta abierta como los cubanos, y están atorados en la frontera. El país vecino ha fijado una cuota diaria para atender sus solicitudes;
Ahora es de 20 personas al día, pero son miles, y México tiene que resolver el problema de alimentar y ayudar a los solicitantes
de refugio.
El asunto va más allá. Los haitianos que llegan a Estados Unidos o a México, en teoría, no pueden ser deportados a Haití, sin
autorización del país de origen. Haití aduce que no puede acogerlos porque simplemente no tiene capacidad para atenderlos, y hay razones suficientes en su favor, dados los
graves problemas que atraviesa.
Y todo esto tiene que ver con otras políticas migratorias de otros países, entre ellos Brasil y Ecuador. El primero concedió visas
humanitarias a los haitianos, pero no podían.
viajar directamente a Brasil, por eso optaron por ir a Ecuador, que no les exigía visa. De allí pasaron de manera ilegal a Perú y Bolivia, para llegar por la selva a Brasil. Y ahora, después de las Olimpiadas, que ya no hay trabajo y están en crisis, vienen de regreso.
Todos estos procesos no pueden ser previstos por una ley migratoria. Hay principios fundamentales que respetar, antes que las aludidas razones de soberanía nacional y hay que negociar y llegar a acuerdos con otros países para poder manejar o encauzar los flujos. Y esto se soluciona con posiciones pragmáticas y la búsqueda del consenso, no con decisiones unilaterales.
México no puede deportar a los haitianos, menos aún cuando éstos afirman que son africanos y vienen del Congo, y en cierto
modo están protegidos por acuerdos internacionales.
De nada sirve desenmascararlos y decir que son haitianos, el problema persiste.
Por eso los dejan pasar, con la formalidad del salvoconducto porque afirman ser solicitantes de refugio en Estados Unidos.
Todo esto era válido antes del martes 8 de noviembre de 2016, cuando los derechos de la personas y de los otros países se respetaban, medianamente.
Ahora con el señor Trump, como candidato electo a la presidencia, volverán a primar los principios de la soberanía nacional, ya lo dijo hace un mes en su discurso sobre la migración en Fénix.
También tenemos que ser honestos sobre el hecho de que no todo el que intenta ingresar a nuestro país podrá adaptarse exitosamente. Es nuestro derecho como nación soberana elegir los inmigrantes que creemos son los más propensos a prosperar y florecer aquí.
Al parecer, volvemos al siglo XIX, asunto que trata a profundidad Pablo Yankelevichen su libro Deseables o inconvenientes, del
cual retomamos el título.
