Ana María Aragonés/La Jornada
Estados Unidos está aplicando una extraña ley Título 42 –¿cuestiones sanitarias?, ¿cuáles?– contra migrantes venezolanos y los está deportando hacia México. Como reporta La Jornada (16 de octubre), se les está obligando a salir de México en 20 días; se les informa que el avance en caravanas cancela la admisión como solicitantes de asilo y, según las nuevas disposiciones de Washington, las solicitudes deben realizarse electrónicamente, esto entre otras disposiciones. Lo que preocupa es que el gobierno mexicano acepta que estas condiciones surgieron del trabajo conjunto entre autoridades de ambos países en materia migratoria.
No se justifica que México haya aceptado este triste papel contra migrantes. Son disposiciones a todas luces violatorias de los más elementales derechos humanos y del derecho internacional, que obliga a los países a otorgar asilo a quien lo necesite. Pero además contraviene principios del propio Andrés Manuel López Obrador, quien ha establecido que en cualquier posible circunstancia es imperativo respetar los derechos humanos.
Nuestra posición frente a la migración es que se trata de movimientos forzados ante la falta de condiciones en los países de origen para desarrollar una vida digna, poblaciones empobrecidas al tiempo que sus élites acaparan la riqueza y los estados no cumplen con su responsabilidad de proteger a sus poblaciones. Sin embargo, hay otro factor a tomar en cuenta y son las sanciones unilaterales extraterritoriales, como las que aplica Washington a países como Venezuela. No sólo contravienen las leyes internacionales, sino que, como señala Diana Dauber, las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo desastres económicos a la población a la que, además, convierten en rehén.
¿Ayudan en algo al pueblo venezolano si se destruye la economía y no pueden enviar el dinero a su país, como sucede al prohibir Estados Unidos al Banco Central de Venezuela realizar transacciones en dólares estadunidenses e impedir el acceso a las remesas personales y tarjetas de crédito de EU?
La relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan destaca que los países objeto de sanciones, como Venezuela, se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales, entre ellos medicamentos, alimentos, electricidad, agua, combustible, es decir, se castiga a civiles inocentes por sanciones unilaterales que vulneran el desarrollo. Y lo que más preocupa es que estas sanciones están dirigidas a cambiar el gobierno de Venezuela (Idriss Jazaity), lo que es una violación de todas las normas del derecho internacional, ¡sancionar para derrocar a un gobierno de un Estado soberano!
Es inaceptable que seamos testigos de una arremetida absolutamente fuera de cualquier justificación contra migrantes, ahora les tocó a los venezolanos, pero así se las trae EU con todos los migrantes, no si fuesen ucranios por cierto. Lo que resulta peor es que, además de sancionar en forma unilateral a un país soberano, obliga a terceros países a no comerciar con el país sancionado. ¿Cómo puede ser que esos terceros países se plieguen a tan insensata situación que viola todas las normas del derecho internacional? Por eso el embargo contra Cuba se mantiene, porque los países del mundo resultan cómplices de tan perverso mecanismo utilizado por EU, una de cuyas consecuencias son, por supuesto, crecientes flujos migratorios.
AMLO ha hecho propuestas muy importantes para buscar caminos hacia la paz en el conflicto Rusia-Ucrania, es necesario que aproveche este momento para manifestar su inconformidad ante una política migratoria que es totalmente irracional, injusta y en parte provocada. Plantear a Washington que si quiere revertir las caravanas que vienen del sur es imperativo que cesen las sanciones unilaterales que, además de anacrónicas en pleno siglo XXI, son herramientas contrarias a la democracia, a los derechos humanos y al multilateralismo, principio enmarcado en la Carta de Naciones Unidas.
México y los mexicanos debemos mostrar compasión y solidaridad y otorgarles toda la ayuda posible a los migrantes, como esperamos reciban nuestros connacionales migrantes donde se encuentren. Sería de gran utilidad poner en marcha programas públicos dirigidos a eliminar la dañina desinformación contra la migración que magnifica prejuicios y genera discursos inaceptables de racismo y xenofobia contra esas poblaciones.
Las fronteras mexicanas no deben ser cómplices de medidas coercitivas contrarias a la vida y a los derechos humanos.