Víctor Ballinas y Andrea Becerril / La Jornada
Ciudad de México. Por unanimidad, el Senado aprobó el Convenio del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales, así como para facilitar la restitución y la devolución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente,.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el morenista Héctor Vasconcelos , al presentar el dictamen, ante el pleno, destacó que desde el siglo XVI, hasta bien entrado el siglo XX, la sustracción de patrimonio cultural fue una práctica constante y considerada “como legítima”.
Ahora, en pleno siglo XXI, el tráfico de bienes ha alcanzado un alto estatus en algunos centros metropolitanos como Londres, París o Nueva York, añadió. La adquisición irregular de los bienes culturales alimenta el ego de coleccionistas, pero mutila el patrimonio de las naciones y con ello erosiona su identidad, subrayó .
Explicó que el Convenio UNIDROIT, por sus siglas en francés, posee características jurídicas que cubren las deficiencias de la Convención de la Unesco y además proporciona recursos legales que mejoran la capacidad de respuesta de los gobiernos que se adhieren a él.
Detalló el senador Vasconcelos que a diferencia de la Convención de la UNESCO, el Convenio UNIDROIT es autoejecutable, es decir, “puede funcionar en ausencia de legislación local en materia de los distintos países donde se originaron esos bienes”.
Enfático, Vasconcelos refirió que el lenguaje “preciso y detallado” del Convenio en lo que se refiere a indemnizaciones a poseedores de buena fe, deja claro que la carga de pruebas de adquisición recae sobre el adquiriente.
En el caso mexicano, precisó, el Estado tiene la propiedad sobre todo el patrimonio arqueológico del país, por lo que una posible solicitud de indemnización sería inadmisible bajo los criterios de UNIDROIT.
Otra característica del Convenio es su cobertura, que abarca a una mayor cantidad de bienes artísticos.