Víctor M. Quintana S./La Jornada
Si hace ya un siglo se instituyó el Día de las Madres como respuesta domesticada y consumista ante la creciente organización de mujeres feministas y libertarias, como las de Yucatán (ver La Marcha del #Terremoto Feminista), ahora son las propias madres quienes subvierten la celebración, cambiando los tonos rosas y el sentimentalismo por gritos y marchas con demandas justicieras por todos los rumbos de México:
Otra vez, como desde 2011, colectivos de madres de desaparecidos de todo el país se dieron cita en la Ciudad de México para reclamar verdad y justicia. Volvieron a marchar por Reforma, volvieron a enarbolar pancartas, algunas incluso se hicieron presentes en la conferencia mañanera. Se entrevistaron con altos funcionarios de Gobernación, quienes, a diferencia de los del antiguo régimen, las escucharon, les mostraron su sensibilidad con su causa, pero no pudieron comprometerse a ofrecer resultados efectivos.
Madres chihuahuenses también tomaron las calles: desde la capital del estado, como vienen haciéndolo desde hace 11 años, partieron más de 80 personas, madres en su mayoría, para acudir a su cita en el Paseo de la Reforma. Largo trayecto por media geografía del país, como largo ha sido el trayecto de búsqueda de alrededor de 400 personas, 95 por ciento hombres, cuya desaparición denuncian, tan sólo en este estado. Trayecto que ha ido tejiendo fuertes lazos de fraternidad y sororidad entre las familias, que ha ido dando una salida organizativa y de exigencia a un dolor que antes sólo se expresaba en el ámbito del hogar. Madres cuyos hijos fueron secuestrados por policías municipales, o se los llevaron en medio de la sierra, o, los más recientes, los 13 migrantes desaparecidos en el desierto noreste, en la frontera con Texas.
Ese día también se expresaron en Juárez las madres de las víctimas de feminicidio afuera del Hospital de la Mujer para recordar a la gobernadora Campos que no ha cumplido el compromiso contraído con ellas desde el 21 de abril para restablecerles la ayuda mensual de 900 pesos y el servicio médico que les suspendieron desde diciembre de 2021. La ayuda mensual se les volvió a entregar sólo por una vez, y no se les ha dado la tarjeta de identificación que se les prometió para que acudan a hospitales y centros de salud a recibir atención médica. Esto lo hacen en un contexto en que la violencia contra la mujer no disminuye en la entidad: de enero a marzo de este año, según la Fiscalía General del estado, mil 931 mujeres fueron víctimas de violencia por cuestiones de género y se han registrado 73 asesinatos dolosos contra mujeres en la entidad, de los cuales 41, 56 por ciento, ocurrieron en Ciudad Juárez (bit.ly/3wwrN06).
También las madres campesinas chihuahuenses hicieron lo propio. Luego de saberse que la fiscalía del estado giró órdenes de aprehensión contra 19 personas defensoras del agua y del territorio en los ejidos Constitución y Benito Juárez, municipio de Buenaventura, siguiendo una denuncia de daños por un millón de dólares interpuesta por la familia LeBarón, un grupo de madres de ambos ejidos dirigió una carta a la gobernadora Campos. La invitan a que deje sus tacones y se calce en nuestros zapatos de pies de campesinas, curtidos por la tierra y el sol. A pesar de las adversidades de su tierra difícil afirman que son mujeres felices y viven las situaciones en defensa de su tierra, el agua y las raíces de su comunidad. Manifiestan que para dar apoyo a la familia trabajan de jornaleras agrícolas, además de las intensas labores domésticas.
Le hacen ver la importancia del agua para sus campos, y para sus hogares en un par de ejidos que viven de la agricultura y que han sabido acoger con respeto a cientos de familias jornaleras emigradas del sur del país. Denuncian la ilegal perforación de nueve pozos clandestinos por parte de los LeBarón que ha hecho que el pozo de agua potable del pueblo se haya secado y no haya agua ni para los baños de las escuelas. Resaltan la inacción de las autoridades ante esta problemática y, el colmo, que sus hijos y esposos andan a salto de mata porque tienen órdenes de aprehensión por defender el agua.
Demandan a la gobernadora que se retiren esas órdenes de aprehensión, que las acompañe en sus demandas, como lo hizo en 2020 con quienes no dejaron que se abriera la presa de La Boquilla. A éstos los llamó defensores del agua e interpuso sus oficios para que salieran libres quienes estaban detenidos, pero a los ejidatarios pobres se les llama delincuentes y se les gira órdenes de aprehensión.
Como ha sucedido con el 8 de marzo, así con el 10 de mayo: la combatividad de las madres agraviadas convierte la supuesta celebración en jornadas justicieras y libertarias. Del rosa pálido al rojo profundo. Ellas subvierten hasta el calendario.