Érika Ramírez
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante los discursos de odio que promuevan el racismo, la xenofobia y la discriminación, negando o reconociendo la dignidad de las personas, dependiendo de su nacionalidad, género, origen étnico o creencias religiosas, advirtió el ombudsman del país, Luis Raúl González Pérez, en clara alusión a la política antiinmigrante del gobierno estadounidense de Donald Trump.
Destacó que el caso grupos vulnerables como los migrantes que “hoy en día todavía no se comprende que han tenido que salir de sus lugares de origen para buscar una mejor forma de vida, que no ha sido por su voluntad, sino que la violencia, la inseguridad y la pobreza, las orillan a trasladarse corriendo riesgos como ser víctimas de desaparición forzada”.
No podemos voltear la cara ante el sufrimiento de las personas migrantes, ni permitir que sus desapariciones queden impunes; la desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no sólo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional, por lo que debe ser comprendida y encarada de una manera integral, aseguró.
Ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ceremonia por el X Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, González Pérez reconoció que en México lamentablemente subsiste este delito.
Destacó que la impunidad debilita, sin duda alguna, la garantía del respeto a los derechos humanos, lo cual refleja también el debilitamiento del Estado de Derecho. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales actos, lo que propicia un entorno favorecedor para la repetición de este delito. En todos los casos debe llegar la justicia y no debemos permitir el olvido
Agregó que debe reforzarse la atención en los casos de desaparición de personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, menores de edad, indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personas en contexto de migración.
IMPUESTO A COMIDA CHATARRA RECAUDA 37 MIL MDP
Bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica significaron la recaudación de 37 mil 318 millones 102 mil 900 pesos en 2015; la cifra representó el 10.5 por ciento de los 354 mil 293 millones 503 mil 900 pesos de los diversos tipos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) que recauda la hacienda pública.
En 2015, cabilderos y congresistas pretendieron disminuir al 50 por ciento la recaudación, sin éxito.
El monto es el tercero de importancia en la recaudación del IEPS; en primer lugar se encuentran las gasolinas, con el 64.7 por ciento; le siguen las bebidas alcohólicas con el 11.7; bebidas saborizadas y alimentos no básicos, 10.5; tabacos, 10.4 y otros, 2.7 por ciento.
Este impuesto fue publicado por la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013, y entre los términos se disponen que los contribuyentes del IEPS a bebidas saborizadas tienen que pagar un peso por cada litro vendido, o en su caso, por los litros que puedan obtener de los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
Además, los contribuyentes del IEPS a alimentos no básicos con alta densidad calórica tienen que aplicar una tasa del 8.0 por ciento sobre el valor enajenado de los productos siguientes: botanas, confitería, chocolate, derivados del cacao, flanes, pudines, dulces de fruta, dulces de hortalizas, cremas de cacahuate, cremas de avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo.
Los totales fueron proporcionados del Estado Analítico 2015, elaborado por el Servicio de Administración Tributaria para integrarlos al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, presentado por la Auditoría Superior de la Federación.
En días pasados, el diario estadounidense New York Times dio a conocer que en 2016 se había detectado espionaje en contra de los activistas que han promovido y se han manifestado a favor de este impuesto: Simón Barquera, directivo del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, entonces director de Fundación Mídete y Alejandro Calvillo, activista y fundador de El Poder del Consumidor.
