Gustavo Castillo García / La Jornada
Ciudad de México. La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin presentó un recurso de amparo en contra del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua entre México y Brasil, este acuerdo binacional es parte fundamental para conocer las declaraciones y pruebas aportadas por representantes de Odebrecht respecto a los sobornos que recibió el ex funcionario entre 2012 y 2015, y por los cuales enfrenta proceso penal.
El acuerdo judicial emitido por el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en la Ciudad de México, en el cual desecha la solicitud de amparo, fue dada a conocer un día después de que el gobierno federal modificara su postura de no negociar la reparación del daño y el otorgamiento de un criterio de oportunidad para Lozoya Austin, y que se le siguieran los dos procesos penales en los que se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
El jueves, durante una audiencia realizada en el área de juzgados federales con sede en el Reclusorio Norte los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex, aceptaron alcanzar un acuerdo reparatorio por un monto de 10.7 millones de dólares y otorgarle un criterio de oportunidad para retirarle los cargos a Lozoya por haber recibido sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La defensa del ex director de Pemex, preso desde noviembre de 2021 en el Reclusorio Norte, confió en firmar el convenio con las instituciones federales en los próximos 15 días.
Sin embargo, en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura (CJF) se dio a conocer un resolutivo del recurso de amparo presentado el pasado 4 de abril, en el que se especifica que se promovió a fin de que le otorgara protección en contra de “la celebración, aprobación y publicación del tratado inconstitucionalidad (sic) del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua entre México y Brasil”, cuyo antecedente es el proceso penal 261/2019, que es la causa penal en la que se le acusa de recibir sobornos de Odebrecht para que se le otorgaran contratos de obra pública.
La resolución de desechamiento fue notificada y la defensa de Lozoya Austin presentó un recurso de apelación que será analizado por un tribunal colegiado.