Carlos Velasco Molina
Durante 80 años fuimos considerados vasallos, no ciudadanos… En todo este lapso, pese a ser un país democrático, padecimos como si se hubiera vivido en una monarquía del siglo XVII o XVIII.
Estos son los argumentos:
La Presidencia de la República en nuestro país fue sinónimo de abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo, enriquecimiento explicable, sistema de complicidades, corrupción, impunidad e inmunidad… Todo ello a plenitud y sin límites.
Fueron generaciones de mexicanos que atestiguaron, vivieron y sufrieron cómo la persona que, cíclicamente, tenía en su pecho la Banda Presidencial, hacía, deshacía e inventaba en un país donde los que siempre han ganado aplaudían incondicionalmente al Primer Mandatario en turno, por supuesto, siempre y cuando los intereses no fueran trastocados mínimamente, mientras tanto, el número de pobres crecía, aumentaba y se desbordaba en las estadísticas.
Se cometieron muchos delitos a la sombra del poder presidencial, en nombre del estado de derecho, gracias a las instituciones y/o para dizque fortalecer a ese México que, primero fue un país subdesarrollado, luego pasó a ser una nación en vías de desarrollo y, el neoliberalismo, lo encasilló dentro de los países emergentes, ¿acaso no éramos lo mismo, pero con diferente nombre?
Subdesarrollado, en vías de desarrollo ó emergente, México fue y es un país en el que la miseria contrasta con la enorme riqueza de unos cuantos. Atraso en salud, atraso en educación, atraso agropecuario, atraso en vivienda, atraso en seguridad, atraso en alimentación, atraso en justicia, atraso…
Así, nadie sabe a ciencia cierta a partir de cuándo la institución presidencial, gracias a quien la ocupaba, tuvo su punto de quiebre.
Basta con recordar que el político llegaba a la cima del poder absoluto, Presidencia de la República, para inventar un país y con ello re-inventarse como “persona”, pero corrompido absolutamente.
Varias generaciones de mexicanos están conscientes que el Primer Mandatario en turno fue el gran intocable pese a los grandes errores y abusos de poder cometidos.
En nuestro país, en el que se inventó esa famosa Ley Textil (el hilo se rompe por lo más delgado), los mexicanos, todos, tenemos más errores que virtudes, menos uno: el Jefe del Ejecutivo Federal, quien es “fere perfectum”, por lo cual es aplaudido por todo y por todos, quien no lo hacía así cometía el error político más grave, de ahí que tal omisión pudo haberse considerado el octavo pecado capital en el sistema político mexicano.
La Carta Magna (Código Penal Federal), en el artículo 1 del artículo 123, precisa que se impondrá prisión de cinco a cuarenta años y una multa de hasta 50 mil pesos al mexicano (incluyendo al Presidente de la República) que cometa traición a la patria.
Nuestra Constitución, en la tinta y en el papel, intentó con ello que nadie estuviera al margen de la ley, que todos fueron juzgados por igual, que México no se convirtiera en territorio de intocables.
Sin embargo, quién o quiénes en los último 80 años se atrevieron a acusar a un Primer Mandatario, en funciones, de realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México a fin de someterlo a persona, grupo o gobierno extranjero de nuestro país o realice actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México.
Con y por todos estos elementos, se enriquecieron sin límite empresarios y financieros… se cometieron crímenes de estado violando flagrantemente los derechos humanos de líderes campesinos, grupos de estudiantes, de médicos, de ciudadanos que ya en la década de los 50 del siglo XX votaron en contra del entonces partido oficial, de ferrocarrileros, hasta llegar al crimen de estado cometido en Ayotzinapa, caso en el que la omisión de Enrique Peña Nieto, se llegó a la “verdad histórica” y a un “ya me cansé” (Jesús Murillo Karam dixit).
Obvio, recordemos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, quien por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, murieron cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas.
Tampoco olvidemos el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, día en el que un grupo de choque para-militar conocido como “halcones”, reprimió una marcha estudiantil, cuyo saldo fue de muchos jóvenes muertos. Luis Echeverría Álvarez, a la postre Primer Mandatario, simplemente práctico lo mismo que se había hecho: guardar las formas para que no se llegara a la verdad y menos obtener justicia.
Así transcurrió parte de la historia de México, en el que los beneficiarios del sistema político, hoy en agonía, también guardaron silencio, contrastando con la forma en la que hoy se rasgan las vestiduras al saberse afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desmantelar o destruir ese sistema de complicidades que llevó al hartazgo a un pueblo que ha decidido hacerse escuchar.
Pero, es mejor ilustrar el primer paso que se ha dado, en nuestro país, para acabar con un sistema que nos llevó a conocer a través de la historia moderna, a esos intocables que llegaron a la cúspide del poder político en México.
El siguiente, es el texto de la pregunta que millones de ciudadanos aprobarán o rechazarán el próximo 2021:
“¿Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo acciones pertinentes, con apego a derecho al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
¿Seguir o no seguir con los intocables?, es la cuestión.