En materia de derechos fundamentales nuestro sistema constitucional ha presentado oscilaciones conceptuales significativas. En 1857 el primer capítulo de la Constitución tuvo como epígrafe «De los derechos humanos»; pero en 1917, equivocando los términos, se adoptó el título «De las garantías individuales». Una reforma de 2011 mejoró la redacción: «De los derechos humanos y sus garantías».
La parte polémica consiste en la orientación ideológica del precepto. En el siglo XIX se seguía una corriente iusnaturalista en el sentido de que los derechos eran reconocidos por el Estado. Esto resultaba congruente con la doctrina adoptada por la Constitución que, pese a ser la primera en nuestra historia que abandonó la imposición del catolicismo a todos los mexicanos, fue promulgada «en el nombre de Dios». El constituyente de 1917 giró hacia el positivismo laico y determinó que los derechos eran otorgados por el ordenamiento constitucional; en 2011 regresamos al principio decimonónico.
La reforma reciente tiene aciertos, como el de diferenciar los derechos sustantivos de sus respectivas garantías, esto es, de los medios procesales para hacer eficaces esos derechos. Lo sorprendente, empero, reside en una importante omisión: los mexicanos en el extranjero.
En Europa, varios Estados con una dolorosa experiencia en cuanto a expulsión de personas, han adoptado previsiones constitucionales en esa materia. En España se dispone que: «El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno». En Grecia se establece: «El Estado velará por las condiciones de vida de los helenos del extranjero y por el mantenimiento de sus vínculos con la madre patria. Velará asimismo por la promoción social y profesional de los helenos que trabajen fuera del territorio nacional». La norma suprema de Portugal estatuye que los trabajadores tienen derecho a «la protección de las condiciones de trabajo y la garantía de los beneficios sociales de los trabajadores emigrantes», y a «asegurar a los hijos de los emigrantes la enseñanza de la lengua portuguesa y el acceso a la cultura portuguesa».
La población total de Grecia es de casi 12 millones, la de Portugal de 11, y la española de 47. La población de origen mexicano en Estados Unidos se calcula en 38 millones, que se va acercando a la de España. Esa población incluye a 11.6 millones inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, o sea el equivalente al total de habitantes de Grecia o Portugal. De esos, casi seis están indocumentados. Esto acentúa el contraste entre el orden jurídico nuestro y el de los países europeos.
Ignoramos a millones de compatriotas en el desamparo, mientras que por otra parte proclamamos la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Esos mexicanos merecen al menos una asistencia análoga a la que otros Estados constitucionales garantizan a sus nacionales.
En México existe el «Programa de asistencia jurídica a mexicanos a través de asesorías legales externas», aplicado por los consulados mexicanos en Estados Unidos. El personal de nuestro servicio exterior es experimentado y serio, a pesar de encontrarse mal remunerado y de que sus jubilados son objeto de abandono por parte del Estado al que sirvieron bien. Aún siendo muy profesionales, es poco lo que pueden hacer con los recursos simbólicos asignados al programa de defensa jurídica de nuestros compatriotas.
Prevalece la idea de que los mexicanos en Estados Unidos son un problema ajeno y nos limitamos a ver qué deciden el Congreso y el gobierno de aquel país. También los dejamos esquilmar por las comisiones que pagan al hacer sus trasferencias. Centenares de millones de dólares van cada año al bolsillo de los intermediarios. Este problema tampoco existe para el Estado mexicano.
Expulsados de aquí por falta de oportunidades, perseguidos allá por la irregularidad de su ingreso, atrapados por los especuladores en los dos países, varios millones de mexicanos viven al margen de cualquier sistema de derechos humanos.
Entre 2000 y 2014 el gobierno mexicano erogó 20 millones de dólares en la defensa jurídica de los mexicanos en Estados Unidos. En ese mismo periodo nuestros emigrantes remitieron al país más de 290 mil millones de dólares. No les otorgamos derechos aquí ni les procuramos defensa suficiente allá. Para recibir sus remesas los tenemos presentes; para lo demás, son nuestros olvidados.
