Ubaldo Díaz
El pasado jueves tomó posesión como gobernador de Durango, Esteban Villegas, que se convirtió así en el primer mandatario estatal emergido de la alianza “Va por México”, con militancia priísta, pero este evento se registró en momentos sumamente difíciles para esta coalición, -a lo mejor a estas alturas-, ya inexistente.
Lo que sí, es que será otra pasarela para “corcholatas”, que ocupan las primeras filas y aprovecharán la ocasión, con todo y que no se trata de un cambio de gobierno de Morena, pues ya el partido oficial es el dueño de todo el escenario político por la adelantada carrera presidencial y porque la coalición “Va por México”, o lo que queda de ella, no ha podido sacar a un grupo de aspirantes.
Pero quienes por parte de la oposición suspiran y aspiran por el 2024, ya están “haciendo adobes” para auto destaparse.
Tal es el caso del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, que ya dijo que sí y cada vez que le preguntan, subraya que no está afiliado al PAN.
Tampoco puede dejarse de lado al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que aprovecha esa posición para ganar reflectores y vaya que la tuvo difícil, en San Lázaro durante la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional ante en las calles hasta 2028.
Está también la senadora y expresidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, con muchísimas batallas en la política qué de manera mesurada, ha venido diciendo que si se considera que ella es el elemento ideal para ser candidata presidencial, pues entonces sí le entra. Solo que olvida la tlaxcalteca que fue candidata al gobierno de la Ciudad de México en donde fue derrotada, en forma estrepitosa.
No se puede soslayar a quien se ha estado promocionando fuerte, especialmente, por las “redes sociales” y se trata de Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo en el sexenio pasado e hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Y la lista crece, pensando que cualquiera puede hacer morder el polvo a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto Hernández o a Claudia Sheinbaum.
APRUEBAN PROPUESTA DEL PRI
A FAVOR DE FUERZAS ARMADAS
Sin sorpresas fue aprobada la iniciativa propuesta por el PRI para prorrogar hasta marzo de 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De policías, pues. Morena, PRI, Verde y PT, votaron a favor (335 votos) en tanto que el PAN, PRD y MC, lo hicieron en contra (152 votos).
Sin embargo ellos practican el enemigo de tu enemigo es tu amigo, que dio paso a la impensable alianza entre PAN, PRI y PRD, parece que ya no aplicará más. Aunque el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas confía en que la alianza política se mantendrá, el presidente del PAN, Marko Cortés, no puede contener más.
El senador Ricardo Monreal dio a conocer que el Senado de la República ya recibió la minuta que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública.
A través de sus redes sociales, el senador informó que el documento se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Como a cada reforma constitucional, enfatizó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se le aplicará el procedimiento legislativo en todas sus etapas.
El proyecto de decreto reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019.
Plantea que, durante los 10 años siguientes -en lugar de los cinco años que establece la disposición actual-, a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Además, precisa que dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos.
RECHAZA SCJN INCONSTITUCIONALIDAD
DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Semana de éxitos para la 4T, en la que, una vez más, se hizo evidente la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.
En el caso del Poder Judicial, el peso de las mañaneras fue suficiente para que los ministros de la SCJN, rechazaran la inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), que invalidaba la medida cautelar, como venía el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Ante la andanada en contra, el ministro ponente habría solicitado posponer la votación para una próxima sesión en donde presentaría un nuevo proyecto. Seguramente más a tono de la 4T. Mientras tanto, el precepto correspondiente a la PPO quedaba tal cual.
Y es que, en una mañanera, el Primer Mandatario habría expresado su decepción de las personas que propuso para la Corte. “Me equivoqué”, habría sido la expresión, pues actúan en función de los mecanismos jurídicos en lugar de apoyar el proyecto de transformación. El comentario logró su cometido y, por lo pronto, la medida cautelar sobrevivió y la Corte no lo defraudó.
Por lo que toca al Legislativo, se trataba de darle la vuelta a una reforma constitucional, para que la Guardia Nacional pasara a depender de la Sedena, a través de una ley secundaria, que, las bancadas de Morena en las Cámaras de Senadores y Diputados, podrían aprobar sin problema, como sucedió.
INICIATIVA PARA QUE SECTOR
SOCIAL A RECIBA APOYOS
El diputado priista José Antonio Gutiérrez Jardón presentó una iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para incluir al sector social de la economía en concurrencia con el sector privado, en los programas de apoyo económico del gobierno federal.
Y explicó que el objetivo de este proyecto de decreto es formalizar el acceso del sector social en forma de micro, pequeñas y medianas empresas a todo tipo de programas de emprendedores o autogestión.
En ese sentido, el legislador fundamentó que el propósito es que la Ley reconozca las MIPYMES no importando su origen social o privado y ambas tengan acceso a programas con un principio de igualdad, a fin de disminuir los niveles de pobreza.