Jorge Santibáñez Romellón*/La Jornada
El primer acuerdo internacional que suscribió Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México fue con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, el cual busca sentar las bases de entendimiento para construir un Plan de Desarrollo Integral que impulsará el desarrollo y las oportunidades de la región, contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas estructurales simultáneamente.
Este acuerdo refleja lo que López Obrador ha expresado desde la campaña electoral, que el antídoto para la emigración es el desarrollo, las oportunidades y el empleo en los países de salida. Cuando haya todo eso, la gente no tendrá necesidad de dejar sus países. Suena bien, pero en las condiciones actuales eso parece muy rebasado por la realidad y tiene faltas que me parecen mayores.
En primer lugar, el proceso migratorio de la región no se explica ni se entiende sin siquiera mencionar a Estados Unidos, principal país de destino; ignoro si se les invitó. En realidad el acuerdo es de principios, demasiado general, no esboza acciones específicas y ninguno de los firmantes asume alguna responsabilidad explícita. No veo por qué Estados Unidos se negaría a firmarlo (aunque fuera como testigo) o, peor aún, por qué ni siquiera mencionarlo. No incluirlo representa una limitación importante si algún día se deriva alguna acción de este acuerdo.
El documento evade las responsabilidades de los firmantes. Casi las solapa. Ciertamente en la región hay un problema de desarrollo y de falta de empleos, pero la salida de los países con los que se firmó el acuerdo se da sobre todo por las condiciones de violencia e inseguridad extremas y alarmantes que ahí se viven y ante las cuales los gobiernos de la región han hecho poco o nada; hay quien dice que son cómplices y la organización en caravana se explica por los abusos y extorsiones de las que los emigrantes son sujeto, sobre todo en territorio mexicano. Los gobiernos de los países que firmaron el acuerdo tendrían bastante que decir al respecto. Incluso López Obrador pudo haberse comprometido a que nunca más pasará eso. El acuerdo les lavó la cara.
No tomar en cuenta que las causas son la violencia e inseguridad es irresponsable y perjudica gravemente a los migrantes centroamericanos, porque si fueran la falta de desarrollo y empleos como refleja el acuerdo, entonces esos migrantes no pueden ni deben solicitar asilo en Estados Unidos, porque sus vidas no correrían riesgo y Donald Trump tendría razón en verlos como migrantes económicos y no como quienes buscan asilo y refugio.
No sé quién asesora a López Obrador en el tema migratorio, pero no lo está haciendo bien. El acuerdo en cuestión es un ejemplo. Sumar a los mexicanos a la migración centroamericana es equivocado y refleja ignorancia del tema. La presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es estable desde hace 10 años, mientras que la de centroamericanos crece más rápido.
Lo que López Obrador dijo de los migrantes mexicanos es un punto de vista de la realidad de hace 20 años. Incluso en el discurso de su toma de posesión señaló que en Estados Unidos hay 24 millones de mexicanos, cuando una consulta elemental permite establecer que hay casi 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, 11.5 millones nacidos en México y 24 millones son estadunidenses de origen mexicano.
Si el objetivo era mostrar una solidaridad y liderazgo con Centroamérica que México perdió hace algunos lustros, y demostrar que los presidentes de Honduras y Guatemala y el vicepresidente de El Salvador aprovecharon el viaje, bien se pudo haber firmado algo en esa lógica y no el acuerdo mencionado.
Sin embargo, es apenas el inicio. Concedamos el beneficio de la duda y sobre todo contribuyamos con la crítica para que en el desgarrador proceso de salida de los países del llamado Triángulo Norte, México juegue un liderazgo positivo para los centroamericanos y no sólo para sus gobernantes.
* Director de Mexa Institute
Twitter: @mexainstitute