Luis Hernández Navarro/La Jornada
En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, le declararon la guerra al magisterio oaxaqueño. Veían en los profesores de la entidad el principal obstáculo para que su reforma educativa avanzara. Desataron en los medios de comunicación una salvaje campaña de calumnias. Militarizaron el estado. Encarcelaron a varios dirigentes y giraron órdenes de aprehensión contra otros. El 19 de junio de 2016, lanzaron a policías contra el pueblo y los maestros de Nochixtlán, que bloqueaban una carretera. Los uniformados asesinaron a ocho pobladores e hirieron a más de 200 (https://bit.ly/3F4jjRX).
Los docentes oaxaqueños resistieron las agresiones. El entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo doblegarlos. Los maestros se cobraron la afrenta, votando masivamente en 2018 contra los candidatos del PRI y quienes fueron parte del Pacto por México.
A partir de 2018 algunas de las heridas fueron cicatrizando. Los presos obtuvieron su libertad, los despedidos fueron reinstalados. La dirección sindical recuperó parte de su interlocución. Otras siguen abiertas. Las víctimas de Nochixtlán siguen esperando verdad y justicia.
Entre los problemas generados por la embestida se encuentra uno que afecta significativamente el proceso pedagógico en la entidad: en el área de educación primaria no se han cubierto las plazas de 500 trabajadores de asistencia a la educación, de 432 maestros de grupo, de 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector. Se ha resentido la falta de ascensos para atender estas instancias directivas. Centenares de profesores se han jubilado desde entonces y sus plazas no se han cubierto. La cadena de coordinación y mando que enlaza los niveles inferiores de la enseñanza con los superiores está maltratada.
La situación se agravó con la pandemia. En el nivel primaria general, fallecieron de Covid unos 110 maestros, 50 trabajadores de apoyo y 11 supervisores, sin que se hayan cubierto las plazas.
Estas carencias provocan grandes dificultades para que 31 mil profesores de primaria realicen su labor. Para tapar hoyos, se abren otros más grandes. Se está tomando personal frente a grupo para cubrir huecos, pero el lugar que dejan no es ocupado por nuevos profesores. Quienes sirven de bomberos para apagar los fuegos no reciben compensación. Más aún, deben poner dinero de su bolsa para sufragar los gastos generados por desplazarse a visitar las escuelas o adquirir materiales para hacer su trabajo. Se carece de vehículos y viáticos. Quien conozca Oaxaca sabe lo difícil y costoso que resulta transportarse en ciertas regiones.
La cadena de mando en el sector tiene varios eslabones: intendente, secretaria, maestro de grupo, director, supervisor y jefe de sector. Un director coordina y encauza el trabajo de los profesores de grupo de una escuela. Un supervisor compagina y guía las actividades en unos 25 centros escolares. Está al frente de un consejo técnico donde se decide sobre las actividades de las zonas escolares. El jefe de sector organiza con los supervisores el trabajo educativo, social y los talleres pedagógicos de una región.
La situación se asemeja a un ejército en el que no se sustituyen a los cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y coroneles que se dan de baja. Y, en el que se cubren informalmente los huecos que dejan con soldados rasos. Un ejército no puede funcionar sin oficiales.
Directores, supervisores y jefes de sector son, usualmente, los docentes con mayor antigüedad y conocimiento del mundo de la enseñanza. Muchos tienen entre 30 y 40 años de servicio. Son gestores del conjunto de problemática educativa. Se encargan de sistematizar y trasladar las demandas de las comunidades escolares. Por ejemplo, documentan qué escuelas están en malas condiciones, carecen de infraestructura y servicios. Esto es particularmente importante en Oaxaca, donde se necesita construir y reparar las escuelas que se cayeron o las aulas que se cuartearon por el sismo de 2017.
Además, los directivos se topan con que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) funciona en más de 90 oficinas distribuidas en la capital del estado y municipios conurbados, muchos con accesos casi desconocidos para los maestros. Esto complica y encarece las gestorías que deben hacerse. Por eso, demandan que los funcionarios regresen a despachar al edificio histórico en que se encontraba su sede.
El conjunto de estos funcionarios escolares se agrupa en el comité directivo del H. Cuerpo de Supervisores y Jefes de Sector de Educación primaria del estado de Oaxaca. Ellos han caminado con el movimiento magisterial desde que el gremio se democratizó en 1980. La insurgencia de base los arrastró. El comité se fundó en 1982. Sus representantes cambian cada tres o cuatro años, cuando se releva a los dirigentes de la sección 22.
Ante lo difícil de la situación, el comité directivo instaló un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca el 28 de febrero pasado. Tuvieron que replegarse sin que su pliego petitorio fuera atendido. No era la primera ocasión que lo hacían. En 2019 también se movilizaron. El pasado lunes, se trasladaron a la Ciudad de México para buscar respuesta a sus demandas.
El comité directivo pregunta: ¿dónde están las plazas del personal que se ha jubilado de 2015 a la fecha que faltan? ¿Por qué no se han cubierto adecuadamente? Demanda la instalación de una mesa de negociación con el IEEPO, la comisión política de la sección 22, la secretaria de trabajos y conflictos de primaria general y el comité directivo para que se solucionen sus demandas laborales, económicas, educativas y materiales.
Ya es hora de que cicatricen las heridas abiertas por la agresión al magisterio oaxaqueño en 2015.
Twitter: @lhan55