Asa Cristina Laurell/La Jornada
A más de una década de la reforma que creó el Seguro Popular hay cierto consenso sobre que el sistema de salud enfrenta serios problemas y que México está lejos de garantizar el acceso igual a los servicios requeridos. Así lo reconocen entre otros el Programa Sectorial de Salud, Funsalud, los datos de cobertura del Conteo de 2015, el Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), además de muchos académicos de distintas instituciones.
La OCDE, convertida en think tankdel gobierno federal, publicó hace unas semanas un estudio sobre el sistema de salud mexicano y hace recomendaciones. Su diagnóstico repite muchos mitos de éxito oficiales, pero, aun así, llega a la conclusión de que es un sistema segmentado con un acceso muy desigual de distintos grupos poblacionales, poco eficiente y con escasez grave de recursos humanos, físicos y financieros, así como un débil desarrollo del primer nivel de atención. Pronostica que la problemática no se resolverá en el corto o mediano plazo, lo que significa que no habrá un Sistema Nacional de Salud Universal (SNSU) en este gobierno.
La solución que la OCDE propone es una reforma estructural del sistema muy semejante a la que ha fracasado, es decir, la competencia gerenciada con separación de funciones entre regulación, financiamiento, administración de fondos-compra de servicios y prestación de servicios. Este modelo, que se conoce en Colombia y México como pluralismo estructurado, tiene el objetivo de abrir el mercado en salud y garantizar la participación de los administradores/compradores de servicios y los prestadores privados, sometiendo el sistema de salud a las fuerzas del mercado y consolidarlo como un ámbito de lucro.
Así la OCDE recomienda establecer una clara separación entre compradores de servicios y prestadores, tal como se ha intentado en la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1995/97, luego en el Seguro Popular y finalmente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que ha fracasado en todos los casos. Por otro lado, sugiere enfocar el sistema en la atención del individuo antes que en la comunidad o colectividad. Es decir, exalta un modelo de atención donde los privados tienen su mayor campo de acción para que se haga un uso efectivo del sector público y privadoy se garantice un sistema rentable y sustentable.
Con esta finalidad se sugiere establecer una comisión para estandarizar protocolos de atención y precios de las intervenciones, ambos necesarios para la compra-venta de servicios y para que los administradores de fondos/compradores y prestadores puedan calcular sus costos y ganancias.
Tiene el mismo sentido la recomendación de redefinir los paquetes de servicios para que sea el mismo para el Seguro Popular y los institutos de seguridad social como señala la propuesta del SNSU. En particular la OCDE considera que el IMSS y el Issste deben reducir su beneficios en salud y definir un paquete explícito de servicios financiados. Incluso sugiere que ello abriría un mercado de seguros privados complementarios para los servicios excluidos tal como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha propuesto. Justifica su posición alegando que estos servicios son marginales pero podrían ser valorados por algunas personas dispuestas a pagarlos.
Para mejorar la calidad se propone establecer una autoridad independiente de la SSa y de los institutos de seguridad social, o sea otra estructura burocrática, cuya función sería establecer normas, con competencias regulatorias. Adicionalmente, debe desarrollar indicadores de desempeño de aplicación nacional y publicar los resultados de los distintos prestadores para que los administradores/compradores de servicios puedan hacer compras inteligentes de servicios.
La OCDE reconoce que el sistema de salud está subfinanciado y propone realizar nuevas reformas fiscales y dejar de depender de las contribuciones al seguro social; propuesta semejante a la que ya se ha hecho de incrementar el IVA y liberar a los patrones del pago al seguro social. Adscribe un papel importante al financiamiento público y al establecimiento de un fondo único de salud que transferiría el dinero a los administradores públicos y privados sobre la base del número de sus afiliados, lo que significa subsidiar también a estos últimos. Para lograrlo, se crearía un padrón único de asegurados, públicos y privados.
Conocedora de la pugna entre la Secretaría de Salud y los institutos de seguro social, considera que en el corto plazo no habrá más que convenios interinstitucionales de intercambio de servicios, pero si sus recomendaciones avanzaran se podría llegar a un sistema basado en la competencia entre administradores de fondos y prestadores.
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