J. Jaime Hernández y David Brooks/La Jornada
En el día 42 de la presidencia Trump, su Fiscal General, Jeff Sessions, amaneció con la exigencia de su renuncia inmediata por sus presuntos vínculos con Rusia que, al parecer, consiguió interferir a favor de Donald Trump durante el pasado proceso electoral.
Los peticionarios son los líderes de la minoría demócrata en el Congreso; el senador por Nueva York, Chuck Schummer y la congresista por California, Nancy Pelosi.
¿El delito de Sessions?. El haber mentido bajo juramento durante su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos sobre sus contactos con el embajador de Rusia, Sergey Kislyak, durante la campaña presidencial de Donald Trump.
La mentira de Jeff Sessions, quien se habría reunido con el embajador en al menos dos ocasiones, se tipifica como perjurio. Una falta grave que podría llevarle a la cárcel.
Pero, como estamos hablando del Procurador de Justicia de Donald Trump —un hombre que ha hecho de la mentira su mejor aliada para conquistar el poder—, y del primer miembro del Congreso que le manifestó su respaldo, su procesamiento o su exoneración dependerá del apoyo del presidente y de la mayoría republicana que, por el momento, no considera necesaria su renuncia.
De hecho, el presidente Trump le ha reiterado su «absoluta confianza» en medio de la tormenta de acusaciones y reclamos.
Desde el punto de vista de la Casa Blanca, Jeff Sessions no mintió durante la audiencia en la que se le preguntó oralmente y por vía escrita, si acaso él había tenido contactos con funcionarios del gobierno ruso de Vladimir Putin.
“Jeff Sessions solamente olvidó esos dos encuentros”, aseguran en tono indulgente algunos republicanos que se han sumado a su defensa.
Sin embargo, la mentira o el perjurio es una mancha para la credibilidad del Fiscal General y la integridad de todo el Sistema de Justicia. Particularmente cuando el FBI realiza una investigación a fondo de los presuntos contactos entre miembros de la campaña de Donald Trump y funcionarios del gobierno ruso.
Una investigación de la que, según un creciente grupo de republicanos, Jeff Sessions tendría mantenerse lo más alejado posible.
“Tendría que recusarse de la investigación”, aseguró el republicano, Jason Chaffetz, el poderoso presidente del comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes.
La conexión rusa, algo que desde Moscú se han empeñado en negar Vladimir Putin, se ha convertido así en un escándalo que muchos consideran con el potencial de convertirse en algo peor que Watergate, la trama que le costó la presidencia a Richard Nixon.
Hoy sabemos, gracias a la investigación de The New York Times y la colaboración de las “gargantas profundas” de la comunidad de inteligencia, que los contactos entre la campaña de Donald Trump y miembros del gobierno ruso tomaron por sorpresa a la CIA y al FBI durante los últimos meses de la administración Obama.
Ante el temor de que la presidencia de Donald Trump se apresurara a echar tierra o dar carpetazo a las investigaciones, varios agentes se dieron a la tarea de recolectar y preservar la información para compartirla con miembros del Congreso y con otros funcionarios de la comunidad de inteligencia a través de Intellipedia, una red secreta que permite el intercambio de información clasificada.
El objetivo, ha sido el evitar que Donald Trump intente sepultar esta información para siempre.
En medio de esta guerra entre los servicios de inteligencia y la Casa Blanca, la campaña lanzada por Donald Trump contra medios de comunicación como The Washington Post, The New York Times, Político o la cadena CNN, comienza a tener sentido.
Las acusaciones de Trump, acusando a estos medios de difundir “noticias falsas”, ha tenido como objetivo atacar al mensajero por adelantado. Neutralizarlo y desacreditarle antes de que salgan a la luz más evidencias de un posible complot para descarrilar la candidatura presidencial de Hillary Clinton en beneficio de Donald Trump.
En medio de este escándalo, que ha dejado al descubierto la incapacidad de la administración Obama para salvaguardar la integridad del proceso electoral y la división al interior del partido republicano —para descubrir toda la verdad de la conexión rusa o proteger a cualquier costo la presidencia de Donald Trump—, los medios de comunicación se han convertido en la última trinchera para esclarecer los alcances de un escándalo que apenas comienza.
SESSIONS SALE DE PESQUISA SOBRE CONTACTO CON RUSOS
Nueva York. Los rusos han invadido Estados Unidos de nuevo. El gobierno de Donald Trump se encontró una vez más en crisis al revelarse que el procurador general Jeff Sessions se había reunido en dos ocasiones con el embajador ruso de Estados Unidos durante la campaña electoral presidencial y después ocultó el hecho durante sus audiencias de ratificación ante el Senado en enero, cometiendo potencialmente el acto criminal de perjurio y provocando llamados por su renuncia.
En un intento de controlar los daños, Sessions fue obligado hoy a anunciar que se recusará de toda investigación relacionada con la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales estadunidenses.
En las últimas 24 horas el liderazgo demócrata ha llamado por su renuncia o destitución, mientras que algunos de sus colegas republicanos presionaron por su rechazo ante las investigaciones en curso sobre la supuesta intervención rusa en el proceso electoral estadunidense.
Poco antes del anuncio de Sessions, el presidente Trump declaró tener “plena confianza” en su procurador general y que no pensaba que tenía que recusarse de las investigaciones. A la vez, dijo que “no estaba enterado para nada” de que Sessions había hablado con el embajador ruso el año pasado.
El asunto del involucramiento del gobierno ruso en la elección presidencial ha sido una sombra persistente sobre Trump desde el verano pasado, y existen por lo menos tres investigaciones separadas en curso sobre el tema -una del FBI (la cual es agencia dentro del Departamento de Justicia que encabeza Sessions), y las otras dos por los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso.
El Wall Street Journal reporta que hay otras indagaciones encabezadas por el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro sobre los contactos de Sessions, en su papel de asesor de política exterior del entonces candidato Trump, con los rusos en 2016.
Como siempre es el caso en Washington, las crisis políticas suelen ser resultado no de algún acto indebido o controvertido sino de esfuerzos para encubrirlo.
El Washington Post reveló el miércoles que Sessions se había reunido con el embajador ruso Sergey Kislyak en el verano y por segunda ocasión en septiembre de 2016, cuando ya se sabía que agencias de inteligencia estadunidense estaban investigando la posible interferencia rusa en el proceso electoral.
Sessions, declaró ayer sobre las revelaciones del Post: “yo nunca me reuní con ningún oficial ruso para discutir temas de las campaña. Es falso”.
Hoy reafirmó que nunca se había reunido con rusos “en ningún momento para discutir cualquier campaña política y esas afirmaciones son increíbles y son falsas…”.
El 10 de enero de este año, Sessions fue preguntado en una sesión del Senado para su ratificación qué haría ante pruebas de que la campaña de Trump había tenido comunicaciones con el gobierno ruso.
“No estoy enterado de ninguna de esas actividades. Me han llamado suplente de esa campaña en una u otra ocasión y yo no tuve comunicaciones con los rusos”, respondió.
Una semana después, en respuesta a una pregunta por escrito del veterano senador demócrata Patrick Leahy sobre si “había estado en contacto con cualquier parte del gobierno ruso donde se abordó la elección de 2016, antes o después del día electoral”, Sessions respondió “No”.
Hoy, al anunciar su recusación, insistió en que sus declaraciones al Senado en enero fueron “honestas y correctas hasta donde yo entendía en ese momento”, pero reconoció que tal vez debería de haber dicho que “me reuní con un oficial ruso un par de veces”.
Una vocera de Sessions declaró al Post ayer que “no hubo absolutamente nada engañoso en su respuesta” ante el Congreso, y que las reuniones con el embajador ruso estaban relacionadas con su trabajo como senador integrante del Comité de Fuerzas Armadas y no en su papel dentro de la campaña de Trump.
Con lo revelado por el Post, Sessions ahora se encuentra no sólo en apuros políticos, sino potencialmente penales. Vale recordar que el mes pasado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, fue despedido por Trump de su nuevo puesto por mentir sobre sus propios contactos con el mismo embajador ruso.
El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer declaró que “para el bien del país, el procurador general Sessions debería renunciar”, su colega, la líder de la minoría demócrata en la cámara baja Nancy Pelosi, fue la primera en exigir su renuncia el miércoles.
Hoy la Casa Blanca declaró -a través de un alto funcionario quien pidió el anonimato- que todo esto es solo “el ataque más reciente contra el gobierno de Trump de demócratas” y reiteró la justificación oficial de que Sessions se vio con el embajador en su capacidad de senador, y no como representante de la campaña de Trump.
Poco después, el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer afirmó que Sessions estaba “cumpliendo” con su trabajo de senador y que su respuesta ante el Senado había sido “100 por ciento recta”, y acusó a los demócratas de “continuar promoviendo una narrativa falsa para propósitos políticos”.
Pero seguramente alarmó a la Casa Blanca que un coro creciente de legisladores republicanos, incluyendo al influyente senador Rob Portman, el jefe del Comité de Supervisión Gubernamental de la cámara baja Jason Chaffetz y su colega Darrell Issa, entre otros, solicitaran la recusación de Sessions sobre las investigaciones en curso.
Algunos expertos legales creen que Sessions comentió perjurio y recordaron que es un delito y puede llevar una condena de hasta cinco años. “Engañar al Senado en declaraciones bajo juramento sobre los contactos de uno con los rusos es una buena manera para acabar en la cárcel”, escribió en Twitter Richard Pianter, el abogado encargado de normas éticas de la Casa Blanca de George W. Bush.
Durante el día, algunos activistas anti Trump en las afueras del Departamento de Justicia coreaban “encarcélenlo”, revirando una de las consignas de la campaña de Trump que se escuchaba en todos sus eventos cada vez que mencionaba a Hillary Clinton.
Dan Rather, el veterano periodista y ex conductor del noticiero nacional de CBS News, dijo que “de vez en cuando en Washington, la mecha se prende para lo que parece ser un gran escándalo.
Mucho menos frecuentemente esa mecha lleva a una explosión de la magnitud que estamos viendo con Rusia y el nuevo gobierno [de Trump]”, escribió en su cuenta de Facebook.
Pero algunos progresistas alertan que se requiere cautela ante la histeria sobre los rusos. El reconocido experto académico sobre Rusia Stephen Cohen argumenta que “el centro de alegaciones contra Trump es que Putin ordenó el hackeo del Comité Nacional Demócrata y la difusión de los correos electrónicos robados a través de Wikileaks para minar la campaña Clinton y poner a Trump en la Casa Blanca” esta basado, hasta ahora, en un informe desclasificado de la comunidad de inteligencia en el cual “casi nada es convincente” ya que no hay “pruebas sobre una operación del Kremlin a favor de Trump”.
Más figuras destacadas
El ex gobernador de Texas Rick Perry, quien como precandidato presidencial republicano en 2012 propuso eliminar el Departamento de Energía, fue ratificado hoy por el Senado como secretario de esa misma dependencia bajo su nuevo jefe Trump a quien había caracterizado hace un par de años como “un cáncer sobre el conservadurismo”.
El neurocirujano Ben Carson también fue ratificado como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, a pesar de que su única experiencia para el puesto es que ha vivido en casas.
LA TRAMPA MIGRATORIA DE DONALD TRUMP
Entre las sorpresas que deslizó el presidente Donald Trump, durante su primer informe sobre el Estado de la Unión, su aparente disposición a una reforma migratoria ha vuelto a colocar a toda la nación ante el inicio de un nuevo ciclo de promesas y esperanzas para llegar a esa tierra prometida de la legalización, a donde nadie pueda ser discriminado, explotado o perseguido por su condición de “ilegal” en Estados Unidos.
Donald Trump insinuó así un posible giro en el frente migratorio. Un abandono de la posición radical que defendió durante su campaña, mientras el sector más racista y extremista del partido republicano le aplaudía a rabiar y le convertía en su candidato.
“Creo que es posible una reforma migratoria real y positiva, siempre y cuando nos enfoquemos en los siguientes objetivos: mejorar los empleos y los salarios de los estadunidenses, fortalecer la seguridad de nuestra nación y restablecer el respeto a nuestras leyes”, aseguró Donald Trump.
“Si nos guiamos por el bienestar de los ciudadanos estadunidenses, creo que los republicanos y los demócratas pueden trabajar juntos para lograr un resultado que ha eludido a nuestro país durante décadas”, añadió el presidente.
Detrás de estas palabras, que se han repetido como un mantra fallido a lo largo de los últimos 30 años, están las mentiras de siempre.
Es decir, las trampas y argucias que, legislatura tras legislatura, han puesto tanto demócratas como republicanos para dinamitar toda posibilidad de acuerdo. Para decepcionar una y otra vez a esa población indocumentada cansada de vivir en las sombras y de ser utilizada como “chivos expiatorios” por los republicanos.
como el reclamo electoral de los demócratas para seguir pastoreando impunemente a la base electoral hispana.
Por esta razón, Donald Trump no ha dudado en deslizar la oferta de una reforma migratoria que, en última instancia, dependerá de la posibilidad de un compromiso entre demócratas y republicanos.
Es decir, Trump prometió porque nada le cuesta. Se comportó como el demagogo que hemos visto desde el inicio de su campaña por la presidencia. Y, además, lo ha hecho con alevosía y ventaja porque, en caso de una nueva decepción, la culpa recaerá de nueva cuenta en el Congreso.
En junio de 2007, cuando el entonces presidente, George W Bush, vio fracasar su polémico proyecto de reforma migratoria, la base conservadora del partido republicano y el movimiento nativista que impulsó el movimiento de los vigilantes en la frontera (conocidos como los Minuteman), celebraron su victoria.
Las culpas cayeron en un Congreso incapaz de arreglar un sistema migratorio que hacía aguas por todos lados.
Posteriormente, bajo la presidencia de Barack Obama, el denominado grupo de los 8 senadores demócratas y republicanos, consiguieron una importante “victoria histórica”.
Con una votación de 68 senadores a favor y 32 en contra, la cámara alta aprobó un proyecto de reforma migratoria que contemplaba una inversión por 46 mil 300 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y una vía a la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados.
Además, el proyecto de ley elevaba a 40 mil el número de agentes de la patrulla fronteriza y contemplaba el reforzamiento del muro fronterizo (con la construcción de 1,126 kilómetros) y el emplazamiento de nuevos sistemas de vigilancia electrónica con el despliegue de drones y vuelos no tripulados.
El proyecto de ley naufragaría, sin embargo, en la Cámara de Representantes. La mayoría republicana se encargaría de sepultarla bajo una montaña de enmiendas y bajo el permanente reclamo de colocar siempre por delante la seguridad de la frontera con México.
Un recurso que Donald Trump ha vuelto a poner por delante de cualquier acuerdo entre demócratas y republicanos. Entre otras cosas porque nadie es capaz de garantizar el blindaje de la franja fronteriza con niveles de efectividad de capturas superiores al 90%, tal y como han exigido los republicanos.