Carlos F. Chamorro*/La Jornada
El viernes 11 de marzo, en un nuevo simulacro de juicio efectuado en la cárcel del Chipote, el juez Luden Quiroz declaró culpables a cinco presos políticos por los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, y gestión abusiva, por su vinculación con las actividades desarrolladas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Entre los sentenciados están mi hermana Cristiana Chamorro, ex precandidata presidencial y ex presidenta de la FVBCH; mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, fundador del partido CxL y ex vicepresidente de la FVBCH; los ex funcionarios de la FVBCH Walter Gómez y Marcos Fletes, y Pedro Vázquez, ex combatiente del Ministerio del Interior en los años 80, conductor de Cristiana Chamorro.
La fiscalía pide contra ellos penas que van de siete a 13 años de cárcel, además de multas económicas, por presuntos delitos que no pudieron demostrar en nueve meses de investigaciones y siete días de audiencias judiciales a puerta cerrada en la cárcel.
Igual que los otros 170 presos políticos, los cinco reos de conciencia de la FVBCH son inocentes, porque no han cometido delito. La promoción de las libertades de prensa y de expresión, que ha sido la principal actividad de la Fvbch desde hace más de 20 años, no es un crimen, sino un derecho constitucional, que ha sido criminalizado desde que Daniel Ortega impuso un Estado policial en septiembre de 2018.
En realidad, la campaña de persecución política contra la FVBCH empezó en enero de 2021, el día en que Cristiana Chamorro anunció su decisión de buscar una candidatura presidencial de la oposición. Ese día se empezó a fraguar su detención, el pretexto de la acusación y esta sentencia de culpabilidad.
Otros seis precandidatos presidenciales y más de 40 líderes políticos y cívicos, también están presos y han sido condenados en la cárcel, por demandar elecciones libres. Los siete precandidatos presidenciales de la oposición –Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre– le ganaron anticipadamente al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre, y por ello la dictadura los encarceló, eliminó la competencia electoral, y se robó las elecciones para imponer la relección de Daniel Ortega.
Mi hermano Pedro Joaquín Chamorro fue capturado el 25 de junio de 2021, para investigarlo por presunta conspiración contra la soberanía nacional, luego de que en entrevistas a CNN y Univisión afirmó que estaba dispuesto a aceptar una posible nominación presidencial del partido CxL, cuando ya había seis precandidatos en la cárcel. Por asumir ese riesgo, el régimen lo ha castigado con nueve meses de cárcel en el Chipote, y ahora lo están condenando por gestión indebida, no porque exista prueba de malversación de fondos en una fundación en que no manejaba recursos, sino por administrar los gastos de mantenimiento de un condominio de cuatro apartamentos, que no tiene relación con la FVBCH, del cual él era copropietario. Por ese delito inexistente, la fiscalía pide que lo condenen a ocho años de cárcel, para justificar una venganza política.
Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vázquez tampoco han cometido delito, porque únicamente han ejercido su trabajo de forma honrada, eficiente, y profesional.
Los 177 presos políticos representan hoy la decencia y la dignidad nacional ante sus verdugos y torturadores. Su condena nunca acallará el reclamo de libertad, por el contrario, al castigarlos a penas que incluso sobrepasan el ilegítimo periodo presidencial de Ortega y Murillo, el régimen más bien está acortando los plazos políticos de su propia sobrevivencia. Al condenarlos, Ortega relanzará con más fuerza la demanda nacional e internacional para la liberación incondicional de los reos de conciencia. Su libertad es un imperativo humanitario, para salvar sus vidas de la tortura, y también político, para iniciar la liberación de un país que se encuentra encarcelado.
Mientras, quedará pendiente el clamor de justicia para investigar los crímenes de lesa humanidad que se mantienen impunes.
En Nicaragua, todos sabemos quiénes son los verdaderos delincuentes que ejecutaron el mayor acto de corrupción de la historia nacional con el desvío de más de 5 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, para enriquecerse con sus negocios familiares a costa del Estado.
Los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República, y masacraron al pueblo que salió a las calles en abril 2018 a demandar libertad, democracia y justicia.
Los únicos golpistas son los que ejecutaron un golpe de Estado desde arriba, para demoler todas las instituciones democráticas, hasta imponer una dictadura totalitaria.
Los que menoscaban la soberanía nacional son los aliados de Vladimir Putin y la invasión rusa en Ucrania, que han colocado a Nicaragua en el mapa mundial de las sanciones contra los invasores y oligarcas rusos.
Los responsables del aislamiento internacional en que se encuentra el Estado, son los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, que han llegado al extremo de expulsar del país al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, ex representante del papa Francisco en Nicaragua.
La justicia llegará de la mano de la verdad, después del fin de la dictadura, y la ruta del cambio empieza con la liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios espurios.
*Periodista nicaragüense