Juan Becerra Acosta/La Jornada
El Poder Judicial es, aquí y en todo el mundo, un poder conservador. Los jueces tratan de conservar, y hoy quien propone los cambios es el Poder Ejecutivo. En tiempos de cambios y transformaciones, como los que vivimos, es necesario preguntarnos cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia dentro de un sistema constitucional –sobre todo porque se ha extralimitado en ella– y a partir de ahí reformar al sistema de impartición de justicia para que camine junto con un Estado que se reconfigura. Pero para que en nombre de la ley se dejen de cometer injusticias de nada servirá reformar el sistema de impartición de justicia si no se atienden los rezagos y las causas que hacen que el sistema de procuración de justicia en México sea ineficiente.
Hace una semana ocho militares acusados de haber participado en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa salieron de prisión por la puerta número 3 del Campo Militar número 1 para continuar su proceso en libertad, debido a que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo les otorgó el beneficio de la libertad condicional cumpliendo con una serie de medidas cautelares.
Desde diciembre se veía venir esta resolución judicial que se da en medio de una pugna entre poderes de la Unión que ha ocasionado, en demasiados casos, que la politiquería se imponga a las funciones. Fue durante aquel mes, el día 12, que la secretaria de Gobernación envió una misiva a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtiendo el riesgo de sustracción de la justicia que ocasiona la liberación de los ocho militares, en un asunto que, destacó, es de enorme trascendencia por las graves violaciones que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos y sus padres.
La preocupación ante la posible comisión de injusticia que al amparo de letra de la ley se veía venir fue puntualmente señalada en aquella carta. Los argumentos son sólidos y hacen un necesario llamado a evitar que la impunidad en el caso Ayotzinapa continúe lastimando a la sociedad y alimentando el entramado de colusión que posterior a la desaparición de los normalistas se dio y sigue dando. La única imprecisión que parece existir en esa misiva es el destinatario. Debió haber sido enviada a la fiscalía.
Una vez más el sistema de procuración de justica –léase fiscalías– falla. Se liberó a los ocho militares como resultado de un amparo interpuesto por su defensa. Ese amparo, un recurso de revisión, no fue impugnado por la fiscalía, que no presentó recurso de revisión alguno y con ello dejó de presentar ante esta instancia elementos probatorios suficientes como para que los militares continuaran detenidos. No es que no existan elementos, simple y lamentablemente no los presentaron.
Los militares no están exonerados, pero a como van las cosas, si la fiscalía continúa cometiendo este tipo de omisiones, es posible que en un futuro no lejano lo estén, no debido a la acción de la justicia, sino a la inacción en su procuración, por lo que es imposible dejar de preguntarse si la fiscalía es nada más ineficiente, o tal vez eficiente a intereses que continúan, y con éxito, impidiendo llegar a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.
Ingenuo resulta pensar que se les olvidó presentar el recurso de revisión al amparo que derivó en la liberación de los ocho militares. De nadie es secreto que los tentáculos de la corrupción continúan aferrándose en dependencias de seguridad y justicia. Qué bien que se propongan reformas al Poder Judicial, urgen, pero de nada servirá reformarlo si no se atiende el rezago que en procuración de justicia existe. Si no se investiga para sustentar la acusación, el impartidor de justicia carece de elementos para consignar culpables y, al mismo tiempo, cuenta con elementos para evadir la justicia si, por la razón que sea, se lo propone.
Por primera vez en la historia del país llega una ministra con ideología claramente de izquierda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Su arribo al máximo tribunal del país da curso a una necesaria reconfiguración del Poder Judicial para que lleve a cabo sus funciones de acuerdo con la inercia de cambio cuyo rumbo se inició hace casi seis años. Ahora el sistema de procuración de justicia deberá contar con la profesionalización de las fiscalías, iniciando por su titular, de quien se espera experiencia y resultados en combatir al crimen y conocimiento sobre los tentáculos que el crimen tiene infiltrados para impedir la acción de la justicia.