Eduardo R. Huchim/Reforma
El proyecto arquitectónico del Instituto Nacional Electoral para construir dos edificios y gastarse en ellos 1,100 millones de pesos pinta muy bien lo que ocurre en el INE: una parte de sus consejeros, y con ellos una porción de mandos medios, se han marginado de la realidad y construido un mundo donde su palabra es algo así como la verdad revelada y, si se les cuestiona y se les demuestra sus equivocaciones, argumentan con datos y cifras que los llevan a conclusiones absurdas.
En ese mundo de fantasía, la construcción de tales edificios es una necesidad que, además, ahorrará mucho dinero en rentas. Las tareas del INE son tan trascendentes que no importa si la economía está frenada y se hacen obligados ajustes presupuestales en el sector público. Sus requerimientos ascienden a 15,400 millones de pesos (incluidos 4,000 millones para partidos) y se determinaron con base en criterios de austeridad (no se ría el lector, así se dijo).
Ni por equivocación pasa por las mentes de los habitantes de Inelandia que no sólo sus edificios sino su presupuesto entero es una desmesura. Lo sería aun si la economía nacional fuese bonancible y lo es más en las circunstancias actuales. Ni por equivocación pasa por sus mentes que deben hacer un esfuerzo de racionalización y, por ejemplo, revisar su personal para suprimir duplicidades y adiposidades burocráticas y dejar de otorgar a los amigos generosos contratos que esencialmente buscan la buena opinión alimentadora de egos.
No es admisible, por muchas que sean sus funciones y sus responsabilidades, que un órgano electoral y los partidos consuman 15,400 millones de pesos en un año. Bueno, incluso los partidos, por lo menos en el discurso, ya hablan de reducir su también desmesurado financiamiento. Que lo hagan ellos, raza política inferior, pero no la docta cúpula depositaria de la democracia.
Importa preguntarse qué recibe la sociedad a cambio de tal voracidad presupuestal. En cuanto a organización de elecciones, el trabajo es relativamente bueno aunque decreciente en calidad (sólo 26% cree que las elecciones son limpias: Latinobarómetro), pero como árbitro el trabajo es deficiente y es pésimo como fiscalizador. Aunque la mayoría de consejeros se resista a admitirlo, su fiscalización de las campañas de 2015 fue un fracaso monumental porque su unidad técnica no logró detectar ni siquiera un porcentaje importante del gasto real de partidos y candidatos, y no tanto por deficiencias de los fiscalizadores -cuyo esfuerzo es reconocido por todos- cuanto por falta de una estrategia y una organización adecuadas que no tuvieran como eje los informes de los partidos sino el trabajo de campo.
En lo privado, candidatos y contadores de los partidos cuentan que en los informes asientan lo que quieren y sólo por excepción anotan los montos reales de sus erogaciones de campaña y esto lo saben -o debieran saberlo- los consejeros.
Como en el caso de los edificios, algunos consejeros se fugan de la realidad en materia de fiscalización y son sordos a los sensatos señalamientos de adentro, como los de la consejera Pamela San Martín, y rechazan también las críticas externas y llegan, por ejemplo, al absurdo de situar en 109.5 millones de pesos los gastos del Partido Verde, un tercio de lo que un vocero autorizado de este partido anunció que se gastarían.
Si algo de sensatez quedara en los consejeros del INE, el proyecto de los edificios debiera ser archivado. En vez de ello, el presidente del INE realiza un intenso cabildeo para convencer a los legisladores de las «bondades» del proyecto («Gran jefe chichimeca querer templo nuevo», escribió Brozo en Twitter). Voceros de varios partidos han señalado su rechazo a los edificios, pero la reducción no debiera quedarse ahí. Es importante empezar a disminuir el descomunal costo de las elecciones de este país, que -como he apuntado (Revista R, 26/07/15)- este año rebasó los 35 mil millones de pesos sólo en gasto presupuestal de instituciones electorales y partidos. Y en ese monto, el INE es rey, mirrey, diría Ricardo Raphael.
