Iván Restrepo/La Jornada
A raíz del artículo del pasado lunes sobre las violaciones a la legislación vigente que se cometen al permitir construir hoteles y residencias de lujo en la zona marítima federal terrestre, varios lectores refieren que aun con resoluciones que clausuran las obras, finalmente se terminan gracias a la corrupción y a la impunidad. Otros más me ofrecen numerosos ejemplos de lo que pasa en las principales ciudades donde la especulación del suelo urbano se impone sobre la necesidad de lograr un crecimiento sustentable.
Sobresalen al respecto las entidades que conforman la megaurbe más importante de América Latina: la Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y México. En todas ellas la mancha de concreto avanza sobre zonas verdes y agrícolas, indispensables para la recarga de un acuífero cada vez más sobrexplotado. Abundan las construcciones que violan las normas vigentes en cuanto a ubicación, densidad, altura, estacionamiento y servicios básicos. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México cita las que cometen los desarrolladores al levantar complejos habitacionales sin cumplir las normas establecidas. A su vez, los medios divulgan la queja de los vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Tlaplan, por ejemplo. La titular de esta última, Claudia Sheinbaum, enumera las irregularidades al autorizar desde el gobierno capitalino centros comerciales, como el Gran Terraza Coapa, en Acoxpa, y el Patio Tlalpan (con una tienda Walmart como eje). Agreguemos en Xochimilco dos grandes plazas comerciales en lugares de recarga del acuífero. Otra irregularidad muy frecuente es que en un terreno donde se autoriza construir cuatro o cinco viviendas, se edifican hasta 70, y de lujo, como en Cuajimalpa.
Y mientras los desarrolladores violan la normatividad vigente y regularizan lo irregular en la megaurbe, en Córdoba, Veracruz, comenzaron a demoler lo que fue sede de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), que elaboraba y almacenaba plaguicidas. El 3 de mayo de 1991 el local de dicho negocio, ubicado en una zona densamente poblada, se incendió y explotó. Los plaguicidas se dispersaron en el ambiente, mientras su combustión generó dioxinas y furanos, sustancias muy tóxicas y persistentes. Además, provocan problemas de reproducción y desarrollo, afectan el sistema inmunitario, interfieren con el sistema hormonal y causan cáncer.
De este grave caso, que sigue teniendo resonancia nacional y en el exterior, se ocupó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual reconoció que se violaron los derechos de la población. También emitió una recomendación para que los entonces titulares de Salud y de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Semarnat) repararan los daños ocasionados, proporcionaran atención médica especializada a los afectados y establecieran una vigilancia epidemiológica de larga duración. Dicha recomendación nunca se cumplió.
Como esas sustancias tóxicas permanecen en el ambiente por décadas, es imposible validar que han desaparecido si antes el predio no es sometido a una remediación profunda. Sin embargo, hace dos años las autoridades de Córdoba intentaron construir allí un mercado. La ciudadanía impidió tal estupidez. Pero recientemente, los dueños del predio, representados por Federico Garmendia, demolieron las oficinas y la planta donde se elaboraban los plaguicidas. No contaban para hacerlo con ninguna autorización oficial. Los vecinos alertaron al municipio de esta violación el cual procedió a clausurar los trabajos el 25 de febrero pasado. Como los escombros fueron tirados en un baldío, personas pobres se los están llevando sin saber que ponen en peligro su vida.
Diversas organizaciones veracruzanas piden la intervención urgente de las instancias oficiales locales, estatales y federales. Y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que ese foco tóxico sea resguardado y los dueños sancionados por violar la legislación vigente. ¿Les harán caso esta vez o continuará la impunidad?
