Armando G. Tejeda, corresponsal / La Jornada
Madrid. La multinacional eléctrica española Iberdrola informó a través de un comunicado que firmó el acuerdo vinculante para vender al Estado alrededor de 80 por ciento de su negocio en México, que ahora gozará de más autonomía energética. El informe oficial de la compañía lo acompañó de una fotografía en la que aparecen sonrientes y estrechándose la mano el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que el convenio fue suscrito por el gobierno mexicano “en los términos y condiciones que anunció el presidente López Obrador” el pasado 4 de abril, por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares (108 mil millones de pesos).
La operación entre Iberdrola y el Estado mexicano fue posible gracias a la intervención del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que se convirtió en el principal negociador por parte del lado mexicano en la adquisición para el patrimonio nacional de algo más de 8 mil 500 megavatios de activos de generación de energía, que ahora en lugar de estar controlados y gestionados por esta multinacional extranjera permanecerán bajo la tutela del Estado.
En el comunicado, la multinacional informó que “Iberdrola México y México Infrastructure Partners (MIP) han firmado el acuerdo vinculante, por el que el fideicomiso liderado y gestionado por MIP adquiere 55 por ciento del beneficio bruto de explotación (ebitda) de Iberdrola en el país, incluyendo los contratos asociados y los más de 410 empleos relacionados”. Según lo firmado por Iberdrola, como parte del acuerdo, 99 por ciento corresponde a ciclos combinados de gas y 87 por ciento a plantas que operan bajo el régimen de productor independiente de energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad. “La operación se cierra de acuerdo con los términos acordados y el calendario previsto”, especifica la nota.
Los ciclos combinados de gas que se incluyen en el acuerdo son Monterrey I y II (449 megavatios), Altamira III y IV (mil 96 mv), Altamira V (mil 155 mv), Escobedo (878 mv), La Laguna (537 mv), Tamazunchale I (mil 179 mv), Baja California (324 mv), Topolobampo II (917 mv) y Topolobampo III (766 mv), junto con el activo eólico La Venta III (103 megavatios). Esto supone “87 por ciento del total de la capacidad instalada a desinvertir, y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey III y IV (477 megavatios), Tamazunchale II (514 mv) y Enertek (144 megavatios). Con lo que los 410 empleados de estas instalaciones también pasarán a formar parte del fideicomiso liderado y gestionado por MIP.
Tras la operación, Iberdrola conservará 13 plantas, toda su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables de 6 mil megavatios en México, donde tiene previsto seguir incrementando sus activos eólicos y solares en los próximos años. De ahí que en el mismo comunicado, la multinacional española informó que había recibido la autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al parque eólico Santiago, ubicado en el estado de Guanajuato y con una capacidad instalada de 105 megavatios.
Con la firma de este acuerdo vinculante, Iberdrola sigue la hoja de ruta que trazó en el consejo de administración de la empresa del pasado 4 de abril, en el que se decidió vender la mayoría de los activos en México después de unas duras negociaciones con el gobierno de López Obrador, quien en el inicio de su mandato se fijó como una de sus prioridades la recuperación de la autonomía energética perdida durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que las grandes multinacionales internacionales, como Iberdrola, recibieron un trato de privilegios para realizar negocios en nuestro país.
Hacienda no detalló más términos de la operación, como qué instituciones bancarias participaron con financiamiento.
Con información de Dora Villanueva