Eduardo Murillo / La Jornada
Ciudad de México. Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa (PPO), en una sesión que requiere el voto de al menos ocho ministros para declarar inconstitucional esa medida cautelar.
En caso de que la Corte tome esa decisión, sus efectos no implicarán la liberación inmediata de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad, según el proyecto del ministro Luis María Aguilar.
La propuesta es anular la aplicación de la parte del artículo 19 de la Constitución que permite imponer la PPO en una veintena de delitos, que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación.
En consecuencia, en ese caso quedarían inválidas fracciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como del 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que autorizan esa medida precautoria.
Aún en el caso de que ese sea el sentido del acuerdo de la SCJN, los efectos del fallo no serán generales ni inmediatos.
“La procedencia de la prisión preventiva oficiosa corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto, sujeto a su conocimiento”, señala el proyecto de Aguilar.
Reacciones
El asunto ha desatado diversas reacciones. Mientras colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil están a favor de desaparecer la PPO, funcionarios y activistas se han manifestado por mantenerla.
La Barra Mexicana de Abogados entregó a la SCJN un amicus curiae –un alegato jurídico de una parte no involucrada directamente en un juicio–, donde manifiesta: “Rechazamos categóricamente la figura de la prisión preventiva oficiosa, recomendando su desaparición de nuestro ordenamiento y se propone una interpretación conforme a los tratados y criterios internacionales, para que los jueces se abstengan de imponer la prisión preventiva en automático”.
En otro amicus curiae, la asociación Intersecta afirma que esta medida provoca desigualdad: “Al impedir juzgar las circunstancias de cada caso, la prisión preventiva oficiosa impide juzgar con perspectiva de género”.
En contraste, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que eliminar la PPO generaría una gran impunidad.
El activista Adrián LeBarón hizo un llamado a la SCJN a favor de la PPO: “Antes de decidir liberar criminales, piensen en las víctimas. Si los sicarios de mi hija y mis nietos pudieran llevar su proceso en libertad, ya hubieran ocupado su ‘presunción de inocencia’ para matar más personas, incinerar más familias y sembrar más dolor”.