Cristina de Borbón enfrenta juicio por presunta complicidad en delitos fiscales cometidos por su esposo.
“Es muy duro que la familia te abandone” confiesa la infanta.
Considera que no volverá a España; radica en Ginebra, Suiza.
Le fue retirado el pasaporte diplomático; conserva guardaespaldas.
Agencias.
Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, será finalmente juzgada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin, pese a los esfuerzos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para salvarla del banquillo. La Audiencia de Palma decidió este viernes mantener a la Infanta como acusada en el caso Nóos tras rechazar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que impide juzgar a alguien por delito fiscal si solo actúa una acusación popular. La Casa del Rey expresó su “absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial”.
Cristina de Borbón ocupará, a partir del próximo 9 de febrero, la silla número 18 —la última de todas— en el banquillo de los acusados del caso Nóos, la trama de desvío de fondos públicos de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y del Ayuntamiento de Madrid en el que figura como principal imputado su esposo, Iñaki Urdangarin. En una decisión para la que no cabe recurso, las tres magistradas que componen la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma rechazaron los argumentos de la defensa de la Infanta, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que el pasado 11 de enero, en el trámite de cuestiones previas, solicitaron que se la excluyera del juicio en virtud de la llamada doctrina Botín.
¿QUÉ ESTABLECE LA DOCTRINA BOTÍN?
Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplicada por primera vez al fallecido presidente del banco Santander Emilio Botín en 2007, establece que no se puede procesar a nadie por delito fiscal sólo con la acción de una acusación popular. O lo que es lo mismo: sin que acusen la Fiscalía o la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considerada la perjudicada directa en los delitos contra la Hacienda Pública, no se puede abrir juicio por este tipo penal.
El abogado de la Infanta, Jesús María Silva, reforzado por el fiscal Pedro Horrach, y la abogada del Estado Dolores Ripoll —que dijo en aquella sesión que la frase “Hacienda somos todos” es un lema publicitario— pedían que se sacara del proceso a la Infanta. Según ellos, el sindicato Manos Limpias, el único que ejerce la acusación popular contra la hija de Juan Carlos I, no está legitimado para llevarla a juicio.
LOS ACUSADORES DE CRISTINA DE BORBÓN
Manos Limpias pide ocho años de prisión para Cristina de Borbón, a la que considera cooperadora necesaria de los delitos fiscales supuestamente cometidos por Urdangarin en los años 2007 y 2008 a través de la mercantil Aizoon, de la que la Infanta posee el 50% de las acciones. Tanto el ministerio público como la Abogacía estatal sí actúan contra Urdangarín, a quien acusan de defraudar al fisco 182.005 euros en el primero de los ejercicios y 155.138 euros en el siguiente. El límite para que una defraudación tributaria sea considerado delito y no infracción administrativa es de 120.000 euros.
HACIENDO SI SOMOS TODOS
La resolución de este viernes, tan esperada como técnica, resuelve en 85 páginas todas las cuestiones previas planteadas el 11 de enero. La parte más polémica, la que afecta a la Infanta, ocupa una treintena de folios. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero, en una resolución adoptada por unanimidad, ofrece varios argumentos para sostener que Manos Limpias sí está legitimado para llevar a juicio a Cristina de Borbón.
El tribunal de Palma distingue entre el caso de Botín y el de la Infanta. En el primero, ni la Fiscalía ni la Abogacía ni si quiera observaban que existiera un delito fiscal y pedían el archivo completo de la causa. En el segundo, estas acusaciones públicas sí consideran que se produjo una defraudación y solo piden el sobreseimiento parcial para la Infanta.
El tribunal rechaza la teoría expresada por la Abogacía de que el único perjudicado del delito fiscal es la Agencia Tributaria: según ellas se trata de un delito “pluriofensivo” y de “naturaleza difusa, colectiva o metaindividual”. Hacienda somos todos, en términos jurídicos.
El juicio se reanudará el próximo 9 de febrero. Todos los procesados deberán estar presentes durante las declaraciones de los coacusados, que se prolongarán hasta el día 27. Después podrán ausentarse hasta el trámite de última palabra, el 7 de junio.
PERCIBE LA INFANTA ABANDONO FAMILIAR
Una semana antes de sentarse en el banquillo, la infanta estuvo “muy abatida”, según gente de su círculo cercano. “No va a volver a España”.
SE DESMORONÓ FAMILIA REAL
Fue el miércoles 12 de octubre de 2011 cuando los fotógrafos, ajenos al momento histórico que estaban viviendo, tomaron la última imagen de los siete juntos en el Palacio Real. En ella, a Don Juan Carlos se le ve con bastón, como ahora, recién operado del tendón de Aquiles. El rey emérito es un hombre de costumbres: ya en esa instantánea se observa cómo ignora la sonrisa amable que le dedica la reina Sofía, vestida del mismo color lila que la corbata de su único yerno, Iñaki Urdangarin, situado en el extremo de la fotografía.
Los entonces príncipes de Asturias -con doña Letizia en otra fase de su proceso de transformación física- comparten espacio con las infantas Elena y Cristina, que aparecen contentas y unidas. La infanta mayor sonríe bastante más que la menor, como sigue siendo el caso. Entre canapés y cava tras el desfile militar del Día de la Hispanidad, nada hacía presagiar ese mediodía la tormenta familiar e institucional a punto de desatarse tres semanas más tarde sobre las cabezas de esos siete miembros de la Familia Real española.
INICIO DEL ESCÁNDALO
El 7 de noviembre de 2011, la policía judicial entró en la sede del Instituto Nóos en Barcelona, donde Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, habían montado una supuesta red de corrupción que incluyó el desvío de dinero público y el fraude fiscal, según el juez que ha investigado el conocido como caso Nóos.
“Es muy duro que la familia te abandone”, se ha lamentado estos días la infanta Cristina a una semana del banquillo, donde acudió denunciada por el sindicato Manos Limpias como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el caso Nóos. Según distintas fuentes de su entorno, doña Cristina, de 50 años, casada desde 1997 con el ex balonmanista Urdangarin, “está muy abatida” por una situación que ya dura más de cuatro años y que sigue deteriorándose desde ese 12 de diciembre de 2011 en el que la Casa del Rey impuso el alejamiento oficial a su marido por su conducta “no ejemplar”.
IMPRESIONADA POR EL MENOSPRECIO
“Está muy impresionada por la dureza familiar, por la ignorancia y el menosprecio del que está siendo víctima”, señalan fuentes del entorno de doña Cristina, quien «jamás» pudo imaginar el infierno en el que iba a convertirse ese “ya veremos” con el que Rafael Spottorno, el jefe de la Casa, zanjó ese 12 de diciembre de 2011 el futuro de la infanta.
Un “ya veremos” convertido en un descenso al abismo. Estas navidades, a lo más hondo. Oficialmente, la Casa del Rey nunca ha hecho público el alejamiento de la infanta Cristina como hizo con su marido. No hace falta. Ella “sabe de sobra que no va a participar nunca más en actos oficiales”, según su entorno. Ahora bien, lo que le resulta particularmente “difícil” es el lado personal de esa expulsión de facto.
NAVIDAD SIN LA FAMILIA; AUTOEXILIO EN SUIZA
Ha «digerido» que ya es sólo familia del Rey y no miembro de la Familia Real, y que desde el pasado junio tampoco es Duquesa de Palma (su hermano revocó vía real decreto el título que le había regalado su padre cuando se casó con Urdangarín). Pero estas navidades le ha resultado “insoportable” que ni ella ni sus cuatro hijos hayan sido bienvenidos en La Zarzuela. Cada navidad con “cajas más destempladas”.
Doña Cristina está “empezando a asumir” que el exilio de Ginebra que comenzó en el verano de 2013 como algo temporal va camino de convertirse en permanente. “Están juzgados y condenados”, afirma una fuente muy cercana a doña Cristina en referencia al supuesto juicio paralelo sufrido por la sociedad española.
A partir de 2006, los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta comenzaron a ofrecer detalles del lujoso estilo del matrimonio Urdangarín-Borbón supuestamente a cargo del dinero público de Nóos. En 2011, las informaciones se generalizaron. En enero de 2014, una encuesta realizada por El Mundo reveló que la mayoría de los españoles tenía una imagen “mala o muy mala” de la segunda hija de Juan Carlos I (el 93% lo rechazaba a él y el 63% a ella).
SU MAYOR APOYO, URDANGARÍN
“Nunca va a volver a España”, concluye esta fuente, mientras otra apunta que “tiene la impresión de que a ella puede irle bien [en el caso Nóos], pero que a su marido lo van a triturar”.
La fiscalía pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarín, que cumple 48 años cuatro días después del inicio del juicio. Demacrado y flaco, el ex duque consorte necesita asistencia psicológica para afrontar el día a día como desempleado de lujo en el piso de la rue des Granges de Ginebra.
Según el entorno de la pareja, “ella está muy cerca de su marido” y muy mentalizada: “Que pase lo que tenga que pasar”, se le atribuye haber dicho en referencia a la resolución del caso Nóos, que se juzgará en Palma de Mallorca entre enero y junio de este año.
Del Estado español, la infanta “no tiene queja”, afirman personas de su círculo íntimo. Tras salir de la Familia Real, el Ministerio de Asuntos Exteriores le retiró el pasaporte diplomático porque así lo solicitó la Casa del Rey, según se excusó el propio ministro José Manuel García-Margallo, al que en la Zarzuela de Juan Carlos I calificaban con sorna de “más monárquico que el rey”.
El Real Decreto 1123/2008, de 4 de julio, sobre pasaportes diplomáticos establece que podrán disponer de él “Su Majestad el Rey, la Familia Real, el Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, el Jefe del Cuarto Militar y el Secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey”. La nueva Familia Real está formada desde junio de 2014 exclusivamente por los reyes Felipe y Letizia; los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía; la princesa de Asturias, Leonor, y su hermana la infanta Sofía.
MANTIENE EQUIPO DE SEGURIDAD
El Ministerio de Interior, por el contrario, le mantiene a la infanta Cristina en Ginebra los tres escoltas de los que ya dispuso cuando vivió en Washington DC entre 2009 y 2012.
El mismo número de escoltas protege también a la infanta Elena. Este es el paquete habitual del que dispone la mayoría de las autoridades, según personas conocedoras de la protección real. Un escolta hace las veces de conductor, mientras que los otros dos tienen misiones distintas: en caso de “problemas”, uno está obligado a poner a salvo a la infanta mientras que el otro tiene que hacer frente a la situación.
Aunque ya no es duquesa, la infanta no ha renunciado a los derechos dinásticos. En estos momentos, ocupa el sexto lugar. Infanta lo será hasta que muera por ser hija de Rey, una condición que ella lleva “muy presente”, según su entorno.
DE GOLDEN BOY A PARIA
“A pesar de lo que está sufriendo, no va a hacer nada que perjudique a la institución, es de una lealtad espectacular a su familia”, insisten personas cercanas que sí han percibido un cierto dolor ante la actitud de Juan Carlos I, “que no quiere problemas”.
En un principio, Urdangarín fue el golden boy de don Juan Carlos, recuerdan fuentes cercanas a Zarzuela. Lo quiso y lo mimó, y le ayudó tanto que llegó a pedir su pareja de entonces, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que le buscara un trabajo en la fundación deportiva internacional Laureus. Ahora, el Rey emérito “carece de autoridad real y moral” en la nueva Zarzuela, explican fuentes cercanas a la Casa del Rey.
El resultado ha sido particularmente desolador para la infanta Cristina y su familia, según el entorno: “Ella esperaba un último gesto y no lo ha encontrado. Hace meses que no oye la voz de su hermano, con el que apenas se cruza algún un sms. Normalmente, es para decirle ‘no’ a todo”, últimamente también todo lo que tiene que ver con los niños”.
La infanta Cristina tiene cuatro hijos con Iñaki Urdangarin: Juan Valentín (16), Pablo Nicolás (15), Miguel (13) e Irene (10).
Según fuentes del entorno de la infanta, Miguel, que es ahijado del rey Felipe, se quejó estas Navidades de la siguiente manera: “No es justo que la familia nos haya abandonado”.