Gran Angular : Una tragedia abrió el camino del diálogo entre Poderes

• Negociarían extinción de fideicomisos judiciales entre Ejecutivo y Judicial.
• Situación ubicaría a la Corte como juez y parte; ¿ una crisis constitucional?
• Huracán Otis dejó en Acapulco devastación total; miles sin techo ni comida.
• Dos expresidentes de México opinan que la democracia en México peligra.

Raúl Rodríguez Cortés

El balón está en la cancha de la ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que AMLO le propusiera usar para el rescate y reconstrucción de Acapulco los multimillonarios fondos de los fideicomisos del Poder Judicial extinguidos por el Congreso, de que ella avalara y pidiera los términos en que se llevaría a cabo dicha negociación y de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde le solicitara iniciar el diálogo incluidos los órganos directivos de las cámaras de Diputados y Senadores.

La extinción de trece de los catorce fideicomisos judiciales con un monto ligeramente superior a los 15 mil millones de pesos, aprobada por las mayorías morenistas de San Lázaro (martes 17 de octubre) y del Senado (martes 24 de octubre), escalaron la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, a un peligroso nivel sin precedente en la historia reciente del país.

Con argumentos a favor de la extinción (acabar con privilegios), pero también en contra (violan la autonomía de los juzgadores y los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial), la situación llevó a protestas masivas de trabajadores y a la elaboración de una estrategia legal opositora (presentación de controversias constitucionales y solicitud de amparos directos), que podrían poner a la Corte en el nada conveniente papel de juez y parte.

Ese tema competencial no es menor. Al no deber ser juez y parte ¿tendrían que excusarse los jueces, en este caso los ministros, por conflicto de interés? ¿Quién entonces resolvería? Lo que se ve en el fondo de estas preguntas es una crisis constitucional.

HURACÁN OTIS EN ACAPULCO;

DEVASTACIÓN TOTAL

El huracán Otis arrasó Acapulco en los primeros minutos del miércoles 25 de octubre. Entre la furia atípica del huracán y los fallos con las alertas tempranas y los protocolos de prevención y protección civil, el daño social que resultó fue mayúsculo. Miles y miles sin techo, ni trabajo, sin alimento y sin agua, muchos dispuestos a matar por un trozo de pan.

La respuesta del gobierno ha sido lo más rápida posible, pero el tamaño de la destrucción le impide avanzar con la celeridad deseada y exigida, en medio de un clima preelectoral hiperpolarizado en el que lo que resulta más fácil es criticar y en el que se propagan falsedades de que la ayuda recabada por la sociedad es retenida por el gobierno, sin reconocer los esfuerzos que despliegan instituciones muy confiables para el común de los mexicanos, como es el caso de la Marina, o el plan ya anunciado para la reconstrucción y apoyo a la población de Acapulco por un monto de 61 mil millones de pesos, que ahora resulta -según Marko Cortés del PAN- se lo fusilaron a Xóchitl Gálvez. ¿No será al revés? ¿No será otro plagio de Xóchitl?

La situación, cierto, podría derivar en estallido social y de ahí en una crisis política. ¿Se la imagina, en esta coyuntura, sumada a una crisis constitucional?

PROPUESTA AL

PODER JUDICIAL

En medio de los daños de Otis y la confrontación entre los poderes de la unión, AMLO propuso al Poder Judicial en la mañanera del pasado martes 31 de octubre, destinar los 15 mil millones de pesos obtenidos de la extinción de 13 de sus fideicomisos para atender a los damnificados de Acapulco y planteó que la Judicatura y la Auditoría Superior de la Federación (poder Legislativo) que integrarán un comité junto con el Ejecutivo para dar seguimiento al gasto de esos recursos.

La oposición política vio en el ofrecimiento una perversidad de AMLO, pues una respuesta negativa a su ofrecimiento de diálogo daría lugar a la percepción de, por lo menos, falta de solidaridad del Poder Judicial.

Por eso y pese a que varios de los ministros del pleno no sabían de esa respuesta que al igual que a varios actores políticos dejó rascándose la cabeza, resultó bocanada de oxígeno la respuesta que vía oficio le dio al presidente la ministra Piña Hernández el mismo martes 31 de octubre pasado: “… es una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de la población…” No olvidó su obligación de garantizar los derechos de todos los integrantes del Poder Judicial y aprovechó para informar que se trabaja …un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado… para garantizar derechos… y mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos públicos”. Y pasó el balón a la cancha del Ejecutivo: “… quedó a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.

Al día siguiente, el pasado miércoles primero de noviembre el balón regresó a la cancha judicial a través de una carta dirigida desde la secretaría de Gobernación a la ministra Piña y firmada por Luisa María Alcalde, en la que comunica que fue instruida por AMLO para iniciar el diálogo junto con los órganos directivos de las cámaras de Diputados y Senadores.

Todo indica que el balón se quedará en la cancha judicial hasta el próximo lunes 6 de noviembre, cuando el Poder Judicial reanude labores tras el largo puente de muertos.

Sin embargo, el tiempo apremia, pues fuentes consultadas en el Poder Judicial comentan que un posible recurso de negociación sería aceptar la transferencia a Acapulco de los recursos de los fideicomisos a cambio de evitar el recorte presupuestal a la Corte, la Judicatura y el Tribunal Electoral que sumaría casi seis mil 500 millones de pesos de los 84 mil 700 millones de pesos que inicialmente solicitó, propuesto en el pre dictamen que votará hoy la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que se pretende subir al pleno el lunes próximo.

Otro aspecto para negociar por parte del Poder Judicial -según pudo indagar esta columna- es que de la extinción se pongan a salvo fondos que son aportaciones de los empleados. Es el caso de un esquema de ahorro para el retiro, en el que ellos podían destinar de su salario mensual a un fideicomiso y en 30 años integrar ese dinero a la jubilación del ISSSTE.

Voces más radicales insisten en que no se inicie diálogo alguno sin antes no hay la derogación del decreto de extinción, lo que francamente se ve intransitable. Las próximas horas serán cruciales.

INSTANTÁNEAS:

1. ¿DEMOCRACIA A PUNTO DE CAER? Esta misma semana dos expresidentes enderezaron severas críticas al actual e hicieron desbocados vaticinios. ¿Será coincidencia? Primero Ernesto Zedillo diciendo que el país necesita un mandatario que no gobierne mintiendo. ¿Se le olvidaría que, en su momento, México necesitó un presidente que no le transfirieron al ciudadano común las deudas de sus amigos banqueros? Calderón, por su parte, declaró que México está en peligro, que su democracia está a punto de caer por el constante ataque de AMLO a sus instituciones y criticó al gobierno de usar toda su maquinaria de cara a las elecciones de 2024. ¿Se olvidaría que, en su momento, el inefable alto vacío Vicente Fox utilizó toda la maquinaria de su gobierno (reconocido por él mismo) para robarse la Presidencia poniendo en grave riesgo la democracia? Corta memoria.

   

2. TRAPECISTAS MORELENSES. La favorita de Morena para ser candidata al gobierno de Morelos es Margarita González Saravia, ya acatada la cuota de género que ordenó el INE a los partidos políticos de cinco candidatas y cuatro candidatos para los ocho estados y la CDMX que irán a elecciones locales el año próximo. Pero resulta que al equipo de González Saravia se le están colando algunos perfiles que quizá no abonen a su causa.  Se trata de Víctor Sánchez Ayala, Víctor Sánchez Trujillo, Mario Caballero y Alberto Machuca Nava. Trapecistas todos ellos, lo mismo han brincado de partido que de grupo. Ellos y otros más, lo mismo están involucrados en la “estafa maestra” del gobierno de Enrique Peña Nieto que en los presuntos latrocinios denunciados contra el exgobernador de la entidad, Graco Ramírez.
3. DELITO Y SALUD MENTAL. Cheque estos datos: 22 millones de delitos se cometen al año con un nivel de impunidad de 95% y que dejan huella psíquica individual y colectiva, de acuerdo con el INEGI.  59% de trabajadores asegura que su compañía o empresa no ayuda a cuidar su salud mental, según la OCC Mundial, la bolsa de trabajo más grande del país; el número de asistencias psicológicas telefónicas creció 94% en comparación con 2022, informa un estudio de Allianz Partners; la depresión aumentó 38% en hogares pobres, se dijo en el Coloquio Be Mind de este año; y el consumo de fentanilo en México creció 100% de acuerdo con el Foro Consumo de fentanilo y cristal en jóvenes del año pasado.

   

   De todo esto se infiere que “más de 20 millones de delitos al año en México, con una impunidad superior al 95%, agravado por las secuelas de la pandemia, no sólo dejan pérdidas millonarias por 16 mil millones de pesos, según la OCDE, sino un oleaje emocional de múltiples consecuencias que obligan al Estado a intervenir”, demanda Raúl Rodríguez Rodríguez, promotor del ODS 3: Salud y Bienestar de la Agenda 2030 , portavoz de Visionarios 2030, quien el pasado lunes 30 de octubre encabezó con un grupo de especialistas en salud emocional, el Foro “Alternativas para revertir el deterioro emocional de los mexicanos” en la Cámara de Senadores, convocado por el senador del partido Verde Israel Zamora, integrante de diversas comisiones, entre ellas la del Trabajo y Previsión Social.

   

   Comunicador, activista y escritor, Rodríguez Rodríguez recuerda que “una de las pocas herramientas que existen para paliar este problema es la Norma Oficial Mexicana 35, que busca prevenir riesgos psicosociales en el ámbito laboral, pero que es letra muerta porque no existen contenidos específicos, para orientar a los trabajadores respecto a cómo fomentar su bienestar emocional, lo que da pie a la improvisación y la simulación por parte de los patrones”.

4. MEJORA MOVILIDAD EN ACAPULCO. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado anunció la reanudación gratuita del servicio del Acabús. Esto representa un gran beneficio para los habitantes de Acapulco afectados por el paso del huracán Otis. Se pusieron en operación cuatro rutas, como parte de la recuperación a marchas forzadas de los servicios públicos del puerto. Por otro lado, las brigadas de limpieza desplegadas por el gobierno local en las principales carreteras lograron la recuperación de los carriles que van de Pie de la Cuesta a Barra de Coyuca, lo que mejora movilidad, conectividad y transporte de la población.

(rrododriguezangular@hotmail.com , raulrodriguezcortes.com.mx , @RaulRodriguezC ).