Gran Angular : Temen en la Corte andanada del Legislativo

• Declaraciones de Ministra de la SCJN molestan a legisladores.
• Se podría modificar Ley Orgánica de la Corte, advierte Monreal.

Raúl Rodríguez Cortés

Las recientes declaraciones de una de las integrantes del pleno de ministros de la Corte, han metido en un brete al máximo tribunal y dañado la relación entre los poderes Judicial y Legislativo.

Los ministros de la Corte declararon por unanimidad de votos el pasado martes 16 de noviembre la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba el plazo de los cargos del actual ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de los Consejeros de la Judicatura.

Avalaron así el proyecto de resolución del ministro José Fernando Franco que determinaba que esa propuesta de ampliación de plazos –introducida a última hora por legisladores de Morena, presuntamente presionados por AMLO- es violatoria del 97 constitucional, artículo que establece que el presidente del máximo tribunal durará en su cargo cuatro años y cinco los consejeros de la Judicatura, además de prohibir expresamente su reelección, por lo que el transitorio de marras “transgrede de forma evidente esa regla” al pretender ampliar períodos que exceden los límites temporales establecidos por la Constitución.

Pero en su intervención, al razonar su voto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández la emprendió contra los legisladores que habían aprobado la ampliación del mandato del presidente de la Corte aún a sabiendas de que, tradicionalmente, la cortesía política recomienda que cuando una ley se declara inconstitucional se hace por argumentos jurídicos y constitucionales, sin denostar al órgano legislativo que la emitió.

La ministra Piña Hernández dijo, entre otras cosas, que la misión de los tribunales constitucionales “no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución” y consideró que la pretendida ampliación de mandato atentaba directamente contra la división de los poderes y la independencia de los jueces.

Tiene razón, desde la perspectiva de quien esto escribe, pero su fraseo denotó una rudeza innecesaria que ha puesto en aprietos a la Corte, pues para muchos legisladores y otros actores políticos se trató de una imprudente y agresiva falta de respeto hacia el poder de la unión del que son parte, y respecto a la cual habrá respuestas no convenientes, un flanco más de confrontación política.

Una de esas respuestas ya ha sido esbozada por el líder de Morena en el Senado y presidente de su Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal quien se ha dado a la tarea, confirman fuentes de la propia cámara alta, de analizar cada una de las prestaciones, canonjías, privilegios y prebendas de las que son beneficiarios los ministros del máximo tribunal del país, un tema que se asumía zanjado.

El argumento de Monreal es: si desde la Corte se permite la intromisión de uno de sus miembros en el Poder Legislativo, éste bien podría modificar su Ley Orgánica y hasta la Constitución para que se respeten los principios de austeridad del actual gobierno. El líder senatorial moreno incluso ha comentado en varias entrevistas que ya se trabaja en una nueva iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Qué bueno que en nuestro país todas y todos podamos expresar libremente nuestros argumentos y opiniones como en este caso lo hizo la ministra Piña Hernández, pero desde esas posiciones de poder suelen ser más efectivas las buenas formas y la buena memoria, pues parece que ella olvidó que fue la mayoría política en turno del expresidente Enrique Peña Nieto la que la llevó, después de dos intentos, a la alta magistratura que hoy ostenta.

Pero en los pasillos de la Corte se comenta que la ministra no tiene un gran sentido del tacto.

INSTANTÁNEAS:  

1. FOCOS ROJOS. Datos preocupantes sobre la situación económica del país ha dado a conocer el INEGI en el transcurso de esta semana. El miércoles pasado informó que la inflación anualizada se volvió a colocar muy por arriba del objetivo del Banco de México y que, incluso, rebasó el techo de 7%, algo que no se veía desde hace veinte años. Algunos consideran –incluido AMLO- que se trata de un fenómeno transitorio, de un problema generalizado que la pandemia ha dejado al mundo, pero el hecho es que sigue el aumento de los precios. Ayer, el INEGI dio a conocer que durante el tercer trimestre del año el PIB disminuyó 0.4% respecto al trimestre precedente. En términos anuales, la economía estará creciendo 6.1%, dos puntos menos que el 8.2% que cayó en 2020. Sin embargo, los analistas económicos ajustaron su estimación de crecimiento para este año a 5%.
2. NOMBRAMIENTOS. La salida de la sub secretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja para ir como propuesta presidencial para gobernar el Banco de México, no será el único cambio que habrá en Hacienda durante los próximos días. Su titular, Rogelio Martínez de la O ya trabajaba en la conformación de su equipo. Así las cosas, la Cámara de Diputados ratificó ayer por amplísima mayoría de 422 y 423 votos, respectivamente, a María del Carmen Bonilla al frente de la Unidad de Crédito Público y a Fernando Renoir Baca Rivera en la Coordinación con Entidades Federativas. En el Palacio Legislativo de San Lázaro también fue ratificado por 305 votos a favor de Morena, PT, Verde y PRI, 95 en contra del PAN y 35 abstenciones de MC y PRD, el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Santiago Nieto quien renunció el pasado 8 de noviembre.
3. REPARACIÓN. Alfonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) ya pagó los primeros 50 millones de dólares, de los 216.6 millones de dólares que se le exigieron como reparación de daño por la venta a Pemex a sobreprecio de la planta chatarra AgroNitrogenados. Su abogado, Mauricio Flores Castro confirmó que el pagó se hizo a la una de la tarde del martes pasado y que Pemex ya fue notificado favorablemente. Ayer se habría notificado al juez de la causa.

   

EL FLANCO DÉBIL DE “DECRETAZO”

No salimos de una polémica cuando ya estamos en otra. La más reciente gira en torno a la decisión de AMLO de declarar “de interés público y seguridad nacional” a los proyectos de infraestructura del gobierno (en comunicaciones, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, entre otros) y ordenar que las licencias y permisos correspondientes se autoricen provisionalmente en un plazo no mayor de cinco días con vigencia de un año, “período en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.

Eso dice el acuerdo, que no decreto, publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación. La diferenciación es pertinente, antes de intentar un análisis de su significado e implicaciones. Ambos son prerrogativa del Ejecutivo Federal, pero un acuerdo es más una resolución de carácter administrativo (tomada en este caso entre el Presidente y sus secretarios de despacho), mientras que un decreto es más de carácter normativo.

Para la vox pópuli, en todo caso, tienen el mismo significado. De ahí que use desde ya en este asunto, el apelativo de “el decretazo”, expresión que remite a una reforma drástica y repentina en aspectos de gran repercusión social, económica y política.

López Obrador rechazó ayer en la mañanera que se trate de un “decretazo” y dijo que es un acuerdo interno entre dependencias para agilizar trámites y se evite que la burocracia frene el avance de las obras. En esa parte parece tener razón: todos nos quejamos de la burocracia que entorpece la gestión de trámites personales, empresariales y públicos.

Ahora bien, ¿a qué obras se refiere? Pues, entre otras, a tres emblemáticas de su gobierno: el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas que prometió entregará a mediados del año entrante. Eso lleva a formular unas cuantas preguntas: ¿Vislumbra que estén por venir más acciones para frenarlas por parte de los poderosos grupos de interés que se han opuesto a ellas y buscado detenerlas?, ¿estará viendo que ya se le vino el tiempo encima para cumplir con el plazo de entrega? O acaso ¿buscará en el incumplimiento del “decretazo” una justificación ante la posibilidad de no cumplir con la palabra empeñada?

Declarar de seguridad nacional esas obras de infraestructura tiene, por otra parte, sus significados. Su función estratégica y su operación embonan, sin duda, en ese concepto. Pero no se olvide que la seguridad nacional es una razón centralísima para reservar o clasificar la información pública. Acaso se justifique si se solicitará información operacional y de seguridad de dichas obras, no así si lo que se pide es información de costos, licitaciones o concesionarios de las mismas.

Tenemos así dos razones que, contra lo argumentado por AMLO, alientan la opacidad y la falta de transparencia: Por un lado, permisos exprés para adjudicar directamente el millonario presupuesto de las obras de marras; y por el otro, la justificación de la seguridad nacional para negar y clasificar información respecto a ellas.

Tras casi treinta años en el centro de la política del país, a López Obrador no le han encontrado nada que cuestione su honradez personal y vaya que le han buscado. No ha sido así con su círculo cercano. Recuérdense si no los video escándalos, cuando era jefe de gobierno del D.F., con su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce apostando en Las Vegas y su secretario particular, René Bejarano recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada; o, ya Presidente, los videos de sus hermanos Pío y Martín recibiendo sobres con dinero. O, más recientemente, el caso de las propiedades no declaradas de Manuel Bartlett, del que fue finalmente exonerado por la Función Pública.

Si lo que pretende el “decretazo” es evitar que se entorpezca el avance de sus obras emblemáticas, a lo mejor se consigue lo contrario. El ministro en retiro José Ramón Cosío considera que por falta de fundamentación y motivación en lo que específicamente se vaya decidiendo con el acuerdo de marras, facilitará los amparos. A su vez, el INAI y la coalición legislativa “Va por México” anunciaron que interpondrán controversias constitucionales en la Corte contra el “decretazo”.

Una más de las muchas decisiones impugnadas de este gobierno que han llegado al máximo tribunal para su resolución. Van 27 controversias constitucionales en tres años. Las preguntas son: ¿Por qué no planchan antes los acuerdos, decretos e iniciativas? ¿Qué el Presidente no tiene abogados?

INSTANTÁNEAS:  

1. AMLO NO VIOLÓ PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Hoy, por cierto, la ministra de la Corte Margarita Ríos Farjat propondrá a sus compañeros de la Primera Sala declarar válido el acuerdo del pasado 11 de mayo de 2020, mediante el cual AMLO transfirió al Ejército y a la Marina algunas de las labores de seguridad pública que desempeña la Guardia Nacional. Su proyecto de resolución establece que López Obrador no violó con dicho acuerdo el principio de división de poderes. No incluye, al parecer, un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de lo que para muchos es la militarización de la seguridad pública del país.
2. TRES ERRORES TRES. Aunque digan que están concentrados en sus actuales funciones, las tres principales “corcholatas” destapadas por AMLO para 2024 cometieron en estos días errores que sólo pueden explicarse por el adelantadísimo banderazo de salida que dio el Presidente al proceso sucesorio. El del canciller Marcelo Ebrard fue viajar a Washington a la Cumbre del T-MEC en business class, mientras que sus compañeros de gabinete lo hicieron en clase turista (ahora lo tachan de “fifí”); el del senador Ricardo Monreal al asistir al Salón Tenampa a celebrar cantando al compositor José Alfredo Jiménez (no se vio nada natural); y el de la Jefa de Gobierno Claudia Scheinbaum al aparecer en la portada de El País Semanal (muy bien se veía, por cierto), cuando es sabido que ese tipo de publicaciones pocas veces dan portada por el valor periodístico de lo que se informa, y la mayoría de las veces la decisión implica un costo para estar en ese tipo de escaparates propagandísticos.

   

3. PREOCUPACIÓN. El Departamento de Estado norteamericano, a través de su vocero, dejó en claro ayer que Estados Unidos le planteó a México, en diversas formas, su preocupación por la promoción de energía sucia y más cara que la renovable, y de que no contribuya a metas del combate al calentamiento global, además de recordarle que las empresas privadas tienen un papel que desempeñar en esos objetivos.
4. SOBRERREGULACIÓN. La llamada “Ley Rider” en España, que regula a las plataformas tecnológicas de reparto y entrega a domicilio ha generado una nueva afectación. El próximo lunes 29 de noviembre, la empresa Deliveroo sale oficialmente de ese país y cuatro mil familias quedarán sin ingreso, según información del sitio especializado Safeshopping.news. Situaciones como esa podrían replicarse en México si se insiste en la sobrerregulación de una actividad que aquí cuenta con flexibilidad para decenas de miles de trabajadores.