- Las señales en la Cooperativa Cruz Azul son para alarmarse.
Raúl Rodríguez Cortés
Muy delicada y altamente explosiva es la situación que atraviesa la Cruz Azul. En días recientes ya dejó ver expresiones de violencia y sus casi 700 cooperativistas advierten ya del riesgo de un colapso económico. Quiebras a la vista por los efectos de la ya larga disputa por el control de la Cooperativa, atizados, a no dudarlo, por la pandemia.
El más reciente episodio tiene a los protagonistas de siempre: José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Velázquez Rangel, principales promotores de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada contra el director Guillermo “Billy” Álvarez, cuya aprehensión fue ordenada por un juez federal el pasado 29 de julio y de quien hasta ahora se desconoce su paradero.
Marín y Velázquez, quienes se asumen como parte de un consejo directivo surgido de asambleas no reconocidas por las autoridades jurisdiccionales, instigaron el pasado 14 de octubre a un grupo que irrumpió violentamente en la planta de la Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca.
Oculta su identidad entre un grupo de golpeadores, pretendieron apoderarse de la planta como supuestos representantes legítimos, acompañados por sus abogados Rafael Anzures y Guillermo Barradas. Éstos no encabezaron, como cabría esperar, diligencia alguna ni presentación de pruebas del reclamo, lo que derivó en un zafarrancho con los cooperativistas y trabajadores.
El ánimo de violencia se atizó cuando una camioneta negra con placas DLC 228-C del estado de Chiapas arrolló al cooperativista Oliverio Guerrero, quien hasta ayer era reportado grave. Marín y Velázquez declararían horas después que en el vehículo iba gente afín a “Billy” Álvarez, lo que rechazó más tarde Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa, quien compartió con este reportero evidencia de su desmentido.
Tres fotografías corroboran que quien iba en la camioneta era Marín. El atropellado, Oliverio Guerrero, forma parte de su grupo y se puso frente al vehículo para que se detuviera y pudiera abordarlo para escapar de la creciente irritación de cooperativistas y trabajadores de la planta de Lagunas, según confirman testigos.
Otra fotografía documenta la presencia del abogado Rafael Anzures, vestido con camisola militar, supuestamente para blindarse de posibles agresiones, lo que constituye un delito según la fracción cuarta del artículo 250 del Código Penal Federal.
Anzures, como lo hemos señalado aquí, es hijo de Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vínculo que algunos cooperativistas consideran que habría inclinado decisiones a favor del grupo de Marín. Éste, debe recordarse, autorizó en agosto de 2019, durante la toma de tres días de la caja de Cruz Azul, transferencias por 47 millones de pesos a Anzures hijo.
Federico Sarabia, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, reconocido por la asamblea legal de agosto de 2018, compartió por su parte copias de los recibos que documentan el pago con recursos de la Cruz Azul de más de 400 millones de pesos, tan solo en septiembre pasado, a los abogados Anzures y Barradas. Ese monto –explica Sarabia- equivale a la mitad de lo gastado en asesorías jurídicas durante cinco años de la administración de Guillermo Álvarez, según denunciaron en su momento Marín y Velázquez.
Los abogados Anzures y Barradas –denuncian algunos cooperativistas- siempre echan por delante lo que dicen es su muy buena relación con uno de los despachos más importantes del Palacio Nacional y, no en pocas ocasiones, aseguran, se han ostentado como representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En medio de todas estas artimañas de un grupo de no más de 60 cooperativistas, hay alarmantes señales de quiebra de empresas filiales de Cruz Azul, como Médica Azul y el Club Deportivo Social y Cultural; y del riesgo de colapso una cooperativa histórica que genera más de 25 mil empleos.
INSTANTÁNEAS:
- TRANSPARENCIA. En medio del debate de la desaparición de los fideicomisos –que continuaba anoche al cerrar esta columna- aparecen antecedentes de compras directas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Los fideicomisos con que ha operado este último, han sido de los más debatidos. Pero la falta de transparencia que hay en el tema deja ver ahora que el TEPJF, durante la administración de la magistrada Janine Otalora, adjudicó al CIDE, sin licitación, contratos por casi diez millones de pesos. Ya le contaré en la próxima.
- FONDEN. Otro de los temas polémicos por la desaparición de fondos y fideicomisos que pretende el gobierno es el del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). ¿Cómo prescindir de esos recursos? preguntan quienes se oponen. Una respuesta les dio ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El FONDEN no tiene recursos sino una deuda de trece mil 123 millones de pesos. “No se trata de tomar lo que existe ahí porque lo que existe ahí son deudas”, dijo el funcionario a través de un video. Y detalló que al último día de agosto el fondo tenía cuatro mil 911 millones de pesos, pero por los huracanes anteriores y los sismos de 2017 tiene ya pasivos por 18 mil 34 millones de pesos.
- SE VA. Telefónica Movistar anunció que se va de México por su operación ya no es costeable. Trabajará en México hasta el último día del año porque en ningún país paga lo que aquí por el uso del espectro radio eléctrico.
Rafael Anzures Uribe - LECTURAS. Ganó el PRI en las elecciones del domingo pasado en Hidalgo y Coahuila. Sui dirigencia lo ha celebrado con bombo y platillos. Pero es equivocado alardear, como lo ha hecho su dirigencia nacional, que es el regreso contundente y triunfal del otrora partidazo. Morena perdió y, sin duda alguna, se encendieron señales de alarma. Pero es equivocado creer que es el inicio de la debacle del partido en el poder en las elecciones intermedias de 2021. ¿Cuáles son las lecturas, en todo caso? Que el PRI, en efecto, dispone estructuras que bien operadas, sobre todo en estados por él gobernados, pueden apuntalarlos. Que Morena debe curar sus fracturas sucesorias y que, aún en unidad, su arrastre sigue dependiendo de una sola figura: AMLO.
- FICHAJE. Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y ex aspirante a la dirigencia nacional del PRI y a su candidatura presidencial, deja el tricolor. Ya fue fichada por Dante Delgado y su Movimiento Ciudadano.
PATADAS BAJO LA MESA POR
LA SUCESIÓN EN EL TRIFE
El próximo 4 de noviembre los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán elegir de entre ellos a quien la presida los próximos cuatro años (2020 a 2024). Tocará al que resulte electo encabezar el proceso de calificación de las cruciales elecciones que renovarán el año próximo la Cámara de Diputados y las presidenciales de 2024. De manera que el proceso sucesorio en el TEPJF ha desatado en su interior una soterrada guerra entre quienes aspiran a encabezarlo.
El actual presidente, Felipe Fuentes Barrera tiene la prerrogativa de reelegirse y fuentes de su ponencia aseguran que lo buscará. Otros aspirantes, a saber, son los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, muy identificado con el PAN; José Luis Vargas Valdés, quien se asegura tiene amarres con la 4T y simpatías con algunos priistas; y Reyes Rodríguez Mondragón, de quien se hizo pública recientemente su cercana relación con Felipe Calderón, Margarita Zavala y Roberto Gil Zurth.
Es entre Vargas Valdés y Rodríguez Mondragón donde las patadas bajo la mesa se observan más intensas, a grado tal que han sacado a relucir polémicos asuntos ocurrido en el TEPJF en el pasado reciente. Uno de ellos es el de dos contratos por casi diez millones de pesos entregados por el tribunal mediante adjudicación directa al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). El asunto se volvió a ventilar justo en el momento en que ese centro de enseñanza superior estuvo en el centro del huracán, por ser uno de los más beneficiados por los fideicomisos que acaba de extinguir el Congreso a iniciativa del gobierno de AMLO.
En 2017 y 2018, el tribunal electoral adjudicó en forma directa dos contratos al CIDE: Uno por cuatro millones 295 mil pesos para realizar un “Diagnóstico integral para el Desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020”; y el otro por cinco millones 379 mil 310 pesos para realizar un “Diagnóstico a profundidad y propuesta para el fortalecimiento del Centro de Capacitación Electoral”.
Para tomar esa decisión, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del TEPJF, presidido por su secretario administrativo, Jorge Enrique Mata Gómez, ordenó sendos estudios de mercado que incluyeron propuestas de Impacto Social Consultores S.C., el Instituto Politécnico Nacional, el Tec de Monterrey y el CIDE. La de este último fue la que dicho comité consideró la mejor en cuanto a calidad y precio.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación en su informe sobre la Cuenta Pública 2018 hizo observaciones al tribunal electoral que cuestionaron la calidad y suficiencia de los productos entregados por el CIDE y las razones por las que se optó por la adjudicación directa.
Si bien estos contratos fueron otorgados cuando el TEPJF era presidido por la magistrada Janine Otálora, fuentes consultadas en el propio tribunal aseguran que fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón el principal promotor de que se entregaran al CIDE, institución en la que cursó estudios de maestría y con la que tiene fuertes relaciones.
Consultada al respecto, la magistrada Otálora compartió la documentación con la que se justificó la adjudicación directa. Se sustenta en estas normas:
- Las fracciones dos y tres del artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que autorizan ese tipo de contratación a quienes no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, y a la condición de que sus servicios sean indispensables para el cumplimiento de programas autorizados.
Salvador Cienfuegos
Y 2. Al Acuerdo General que regula los Procedimientos de Adquisición, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Prestación de Servicios, Obra Pública y Servicios del TEPJF, que exentan de la licitación pública cuando no se exceda determinado monto, que el contrato se otorgue a dependencias de la administración pública federal o de instituciones educativas de carácter público y que sea urgente su realización.
La magistrada Otálora argumentó que no toca a la Sala Superior avalar este tipo de contrataciones y que es responsabilidad directa del Comité de Adquisiciones. Aseguró además que -aunque tiene la prerrogativa de reelegirse en la presidencia del tribunal- no está en su radar hacerlo. De manera que es ajena, al parecer, de la lucha soterrada por la sucesión en el TEPJF. Esperemos al 4 de noviembre.
INSTANTÁNEAS:
- ¿RELEVOS? Si como dijo ayer AMLO en la mañanera está “más que contento” con el trabajo que ha venido desempeñando Marcelo Ebrard en la secretaría de Relaciones Exteriores, parece poco probable que sea él quien sustituya a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. El espaldarazo del Presidente fue tal que aseveró que con Marcelo “la política exterior ha vuelto a ser ejemplo mundial” y al canciller le viene bien sobre todo después de la andanada de ataques, incluidos los de Porfirio Muñoz Ledo, de que ha sido blanco durante los últimos días. AMLO, además, se refirió también al buen desempeño del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, favorito de Durazo para sucederlo en el cargo. No se olvide, sin embargo, que en estos asuntos el presidente es impredecible.
- PROMESAS. Se consumó la extinción de 109 fideicomisos. Se ha dicho que se realizarán minuciosas auditorías para evidenciar sus corruptos manejos. La lógica sugiere que el procedimiento era al revés: primero se audita y después se corta lo podrido. AMLO usa esta lógica en relación con la detención del general Salvador Cienfuegos: Que el exsecretario de la Defensa sea acusado de vínculos con el narcotráfico, no significa que todas las fuerzas armadas los tengan. ¿No aplicaría igual en el caso de los fideicomisos? Que uno, dos o más estén podridos no significa que todos lo estén. En fin. Ya los extinguieron y quedan dos promesas hechas a las comunidades científicas y artísticas afectadas: Que no faltarán los recursos y que éstos serán entregados vía presupuestal de manera trasparente. Hay que vigilar y exigir su cumplimiento.
Marcelo Ebrard - CRUZ AZUL. A propósito de lo escrito aquí en la entrega pasada, el grupo de cooperativistas de la Cruz Azul que apoya a José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel hizo llegar a esta columna lo que llama sentencia definitiva de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que declara la legalidad de la asamblea de socios celebrada el 29 de septiembre de 2018, que los designó presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, respectivamente. Quienes se oponen a estos dos personajes, aseguran que el fallo judicial aun no es definitivo y que falta al menos una instancia. Explican, además, que esos dos cargos, por estatutos, no pueden durar más de dos años. Si Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel fueron designados en 29 de septiembre de 2018, el pasado 29 de septiembre se cumplieron esos dos años y, por lo tanto, ya no estarían al frente de esos cargos.
- ATROPELLADO. Por cierto, el cooperativista Oliverio Guerrero, atropellado por una camioneta durante el zafarrancho ocurrido en la planta de la Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, falleció ayer. Cooperativistas y trabajadores de esas instalaciones han mostrado fotografías que evidencia que Marín Gutiérrez iba en esa camioneta, aunque no manejándola. Eso podría convertirlo en copartícipe de un homicidio imprudencial.
(rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )