- Ombudsman de Oaxaca presentó en La Haya denuncia contra Ulises Ruiz Ortiz.
- Por su gravedad, delitos y atrocidades cometidas por exgobernador no prescriben
- Arturo Peimbert Calvo, Diego E. Osorno y Emeterio Marino Cruz, en Holanda.
Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) ha recibido esta mañana una demanda en la que la defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca acusa al exgobernador Ulises Ruiz de haber cometido delitos contra la humanidad durante la insurrección popular 2006-2007 encabezada por la sección 22 del magisterio y la APPO.
Entre los argumentos contra quien hoy aspira a dirigir al PRI destaca que los agravios y estragos por él perpetrados siguen vigentes porque “se enmarcan en un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que, después de esos hechos, se generalizó y sigue aplicándose en distintas partes del país”. Ese modelo represivo fue repetido -se agrega- en casos como el de Tlatlaya (2014), Ayotzinapa (2014), Tanhuato (2015) y Nochixtlán (2016).
Se documenta, además, que Ruiz recurrió a grupos parapoliciales, denominados “caravanas de la muerte”, que hicieron el trabajo sucio a las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales con el apoyo “comprobado”, por primera vez, de sicarios del crimen organizado.
Las acusaciones van acompañadas del vasto expediente que integraron con pruebas y testimoniales la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, encabezada por Arturo Peimbert (quien concluye su gestión el próximo jueves 9 de mayo) y la Comisión de la Verdad, creada por el Congreso local y al frente de la cual estuvo el padre Alejandro Solalinde, reconocido activista por los derechos humanos.
En el informe final de esa Comisión, presentado en 2015, se documenta que las “caravanas de la muerte”, coordinadas por la policía estatal del gobierno de Ruiz, realizaron 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas la del activista y periodista estadounidense Brad Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura y la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). De ahí que se acuse a Ruiz de la comisión de crímenes contra la humanidad.
Antes, el 14 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia lo encontró responsable de violaciones graves de garantías individuales en Oaxaca entre mayo de 2006 y enero de 2007.
Las resoluciones y recomendaciones surgidas de ambas instancias nacionales se perdieron en la maraña de impunidad que enreda al país, por lo que se resolvió recurrir a la CPI, en La Haya.
Mañana, en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Holanda, el ombudsman oaxaqueño abundará sobre el contenido de la demanda, acompañado del periodista Diego Enrique Osorno, integrante de la Comisión de la Verdad y de Emeterio Merino Cruz, víctima de tortura.
Y precisamente cuando una insurrección popular tiene lugar en Venezuela, es pertinente preguntarnos ¿qué hacemos nosotros con nuestros tiranos? ¿Cobijarlos con un manto de impunidad? ¿Escuchar sus asertos sobre democracia y moralidad? No estoy seguro si un acusado de crímenes contra la humanidad, como Ulises Ruiz. esté habilitado para dirigir un partido político. ¿Qué dice el PRI? Su militancia tiene la última palabra.
Instantáneas:
- MEDICINAS. El proceso de compras consolidadas para el sector salud está en un impasse. El lunes no se anunciaron las bases previas de licitación y se fijó como fecha el próximo 13 de mayo. Fuentes de la SSA dijeron que, ante la eventualidad de un desabasto de medicamentos, realizaría como alternativa pequeñas adjudicaciones directas con Birmex que trabaja de la mano con la Canifarma.
- RUTA MIGRANTE. Después de la fuga de mil 300 migrantes de la Estación Siglo XXI de Tapachula ocurrida el jueves pasado, el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López instrumentó un plan de acción para el control de la frontera sur. Desde el viernes llegó a la ciudad fronteriza chiapaneca un equipo especial de la dependencia encabezado por el director jurídico y de derechos humanos, Luis Alberto Cortés Ortiz. Ya se interpusieron denuncias penales contra los daños causados a la estación migratoria y la Policía Federal continúa la búsqueda de los 600 cubanos que promovieron la fuga. El fenómeno migratorio se complica. Ya no son sólo centroamericanos quienes buscan cruzar nuestro territorio para llegar a EUA. Ahora se han sumado asiáticos y africanos. (rrodriguezangular@hotmail.com,raulrodriguezcortes.com.mx, @RaulRodriguezC)