Raúl Rodríguez Cortés
Mientras avanza el procedimiento de juicio político contra Gabino Cué Monteagudo, se conocen más datos de la fortuna amasada por Jorge “El Coco” Castillo Díaz, operador sin cartera del ex gobernador y responsable del trabajo sucio del grupo político que depredó Oaxaca durante los últimos seis años y que se conformó en la Secretaría de Gobernación cuando su titular fue el también ex mandatario oaxaqueño, Diódoro Carrasco Altamirano.
Una bien documentada investigación del periódico El Financiero abunda en datos sobre los abusos y excesos de Castillo Díaz, reiteradamente denunciados durante el gobierno de Cué en las páginas de El Correo de Oaxaca.
“El Coco” se encargaba de cabildear las contrataciones gubernamentales, lo que seguramente generaba jugosas comisiones o desvíos presupuestales. Así, tras bambalinas, el operador sin cartera, de acuerdo con los documentos referidos por El Financiero, habría abierto 26 cuentas a su nombre o el de personas cercanas, en instituciones como Bancomer, Scotiabank y HSBC. La mayoría de esas cuentas fueron abiertas en 2014 y los depósitos sumarian más de siete mil millones de pesos.
Algunas de esas cuentas fueron congeladas por el SAT en 2015 por un adeudo fiscal de 64 millones de pesos.
De acuerdo con la información, Castillo Díaz también echó mano de prestanombres, entre otros su hermano Antonio y otros supuestos familiares identificados como Alejandrina Díaz Rodríguez y Graciela Adriana Díaz Rodríguez, además de sus amigos Miguel Carranza Guasch, Claudia Monserrat Calleja Gómez y Jorge Ramírez Bolaños. De ellos el más conocido es Carranza Guasch, quien en el apellido paterno lleva los talentos depredadores que mostró a su paso por la secretaría de Gobierno, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Estatal de Educación Pública durante el mandato de Cué Monteagudo. Todos aparecen en las cuentas como beneficiarios de “El Coco” y éste aparece como tal en las cuentas de ellos.
Castillo Díaz, es amigo de Gabino desde la adolescencia y a principios de 1990 se integró al grupo político que lidera Diódoro Carrasco, entonces gobernador del estado. Con él se fueron a la secretaría de Gobernación donde hicieron equipo con José Antonio Estefan Garfias quien fuera candidato a la gubernatura por el PAN-PRD en las pasadas elecciones.
La pinza se va cerrando y hasta ahora Castillo Diaz es el más expuesto. Por eso “Coco”, ahí viene el coco.
TITIRITERO DE BORGE
Al senador Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo (2005-2011), le ha empezado a llegar la lumbre a los aparejos. Su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia en la investigación contra su sucesor Roberto Borge Angulo (2011-2016) detenido en Panamá desde el pasado 4 de junio. Fuentes del actual gobierno aseguran en Chetumal que, incluso, ya se abrió una investigación específicamente contra él.
La PGR (carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016 consignada por la SEIDO) acusa a Borge de la adquisición con prestanombres de terrenos del estado a precios subvalorados y de presunto lavado de dinero en la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Rivera Maya.
Cada vez surge más evidencia de que Borge habría operado con la anuencia, o de plano bajo las órdenes de González Canto. A los quintanarroenses les queda claro que Roberto era el títere de Félix, a lo largo de una añeja relación política y de negocios que se remonta a sus padres. Esa condición es la que lleva a afirmar en los corrillos políticos del estado que Borge no hacía nada sin el aval de su antecesor.
Es más, la respuesta a una solicitud de información pública (00195812) dada a la presidenta de la asociación civil “Somos tus Ojos”, Fabiola Cortés Miranda precisa los folios del Registro Público de la Propiedad que confirman que durante el gobierno de González Canto también se malbarataron a particulares 877 predios del estado: 406 en Playa del Carmen, 176 en Cozumel, 156 en Cancún y 139 en Chetumal.
Pero ese negocio (que continuó tras el cambio de gobierno ya que Borge al cuarto día de su gestión vendió mil kilómetros cuadrados de la isla de Cozumel a 50 centavos el metro cuadrado), quizás palidezca con el escándalo de las navieras, donde la dupla González Canto-Borge habría lavado dinero para crear Barcos Caribe (Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V) y disputar el mercado de transbordadores a otras dos poderosas familias quintanarroenses: la de los Joaquín (a la que pertenecen el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell y el actual gobernador panista Carlos Joaquín) y la de los Molina (Trino, el fundador y su hijo Juan Pablo Guillermo, asociado con los Joaquín en gasolineras, hoteles y tiendas de Cozumel).
Barcos Caribe, fue fundada por el papá de Borge y el tío de González Canto. Ya fue asegurada por la PGR sin que hasta ahora el SAT haya dado a conocer el resultado de la auditoría emprendida para determinar la procedencia de los 299.9 millones de pesos con que fue creada. El “Caribe 2”, uno de sus ferris, sigue fondeado en el muelle de la Capitanía de Cozumel, por la insolvencia de la empresa para cubrir reparaciones. El “Caribe 4” y el “Caribe 5”, salieron de astilleros australianos hace unos meses, pero continúan fondeados allá porque su importación no ha sido autorizada por la Aduana de México, ya que no han justificado la procedencia del capital de compra.
Pero el remate de terrenos y la creación de una naviera para, presuntamente lavar recursos de procedencia ilícita, no parecen ser las únicas fuentes de corrupción de los dos anteriores gobiernos quintanarroenses. Hay una tercera que toca peligrosamente al narcotráfico y que explica la violencia entre cárteles en que se han sumido importantes destinos turísticos del país.
