Raúl Rodríguez Cortés
En entrevista publicada el lunes pasado por EL UNIVERSAL, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar reveló que redes de corrupción encabezadas por afamados despachos privados y diversos grupos políticos con cotos de poder dentro de los juzgados, oponen una feroz resistencia al proceso de limpia que se lleva a cabo en el Poder Judicial de la Federación.
Muchas son las historias contadas, desde que tengo memoria, que avalan este aserto y que principalmente han afectado a los más pobres y vulnerables, pero que ahora también alcanzan a los fuertes y poderosos. Le contaré ésta que involucra al heredero de la fortuna de Manuel Espinoza Yglesias, el poderoso empresario que fuera dueño del legendario Banco de Comercio.
Su nieto, Moisés Cosío Espinosa, heredero de una fortuna estimada en 700 millones de dólares que también incluye los bienes de su padre Moisés Cosío Ariño, suele quejarse de que sus amigos y socios le han mentido durante toda la vida. Pero si eso le molesta, entonces debe ser mayúsculo el coraje que trae después de caer en la cuenta –dicen sus cercanos- que sus abogados defensores, Fernando Elías Calles y Carlos Gutiérrez Salazar, lo han acabado de hundir.
El despacho Elías Calles y Asociados tiene tres grandes clientes que le dan de comer: la constructora Be Grand, de Nicolás Carrancedo; las empresas del Grupo Pegaso de Alejandro Burillo Azcárraga; y Alumnos 47 Holdings, de Moisés Cosío Espinosa. Se dice que las dos primeras cubren la nómina y que la tercera aporta las jugosas utilidades del despacho.
En medio de disputas por la herencia y el manejo de sus millonarios fondos, Cosío Espinosa demandó en febrero de 2020 al banco Credit Suisse en Estados Unidos, alegando que sus brokers lo defraudaron con millones de dólares. Pero esto lo llevó a exhibir una amplia red de activos de su peculio personal, que dio lugar a que la UIF y el SAT iniciaran investigaciones por evasión fiscal en operaciones como la compra de acciones de Investa Bank, al que le cambió el nombre por el de Accendo, y el presunto uso de la fundación Alumnos 47 para la compra-venta ilegal de costosas obras de arte, de las que es afamado coleccionista.
Su defensa la emprendieron Elías Calles y Gutiérrez Salazar, sin que Cosío haya visto los resultados esperados. Para ello, refieren sus cercanos, se han embolsado más de 36 millones de pesos de 2020 a la fecha. Y cuentan que, en su última participación en 2020, se pagaron un bono de 12.5 millones de pesos para solventar los problemas legales de su defendido.
A través de terceras personas, Cosío Espinosa ha denunciado que sus abogados simularon una asamblea mediante la cual intentaron hacerse del control de la empresa Private Equity, en la que buscaron imponer a Arturo Rosas Barrientos como su liquidador. A esa asamblea, por cierto, le dio forma el notario Alfredo Bazúa, famoso por ser parte de escándalos similares en la Cooperativa Cruz Azul y que, de dice, está a punto de perder su patente.
Aseguran que Elías Calles y Gutiérrez Salazar llevaron el caso con el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, al que acabaron corrompiendo, lo que provocó que la autoridad iniciara sendas carpetas de investigación: la del notario y la del juez.
La pregunta es si Moisés Cosío Espinosa es el orquestador de esta intrincada historia o es víctima de asesores legales que no sólo se han visto beneficiados económicamente con sus supuestas estrategias de defensa, sino que pudieron hacerlo incurrir en delitos. Quienes lo conocen –no es el caso de quien esto escribe- descartan que sea el cerebro de tales maniobras, pues aseguran que no tiene la perversidad, ni la indecencia, ni la malicia para dirigir esta cadena de ilícitos.
INSTANTÁNEAS:
- DIECIOCHO DÍAS. Tan algo deben los diputados Saúl Huerta, de Morena y Mauricio Toledo, del PT, que desaparecieron mucho antes del miércoles pasado, día en que fueron desaforados para que el ministerio público pueda proceder contra ellos por los delitos de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente. De Huerta se desconoce su paradero. De Toledo se informó que huyó a Chile, la tierra de sus padres. Es claro que, por la tardanza de más de cien días en quitarles el fuero, hay intereses políticos que con maniobras como esa los ayudaron a evadirse de la justicia. Maniobras en que la perversidad es reina, sobre todo en el caso de Toledo. Si la Fiscalía de Justicia de la ciudad de México no lo captura en el transcurso de los próximo 18 días, el impresentable ex delegado de Coyoacán bien podría rendir protesta como diputado de la próxima Legislatura ya que, como se sabe, logró la reelección. Si eso llega a suceder, volvería a tener fuero y para quitárselo tendría que ser sometido a otro juicio de procedencia. Sería una burla para los tres poderes de la Unión.
- REVOCACIÓN. Menudo reto trae por delante el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Sus contrapartes de la oposición (PRI-PAN-MC) ya le dijeron que ni hablar, que no avalaran un nuevo período extraordinario para sacar adelante la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato antes de que termine agosto, como amablemente se lo exigió AMLO. Le reiteraron que tendrá que esperar hasta el período ordinario que inicia en septiembre. Pero tozudo como es, ya se planteó la ruta para conseguirlo. De entrada, empezó a operar para conseguir el voto que le falta en la Comisión Permanente para que se pueda realizar un segundo período ordinario de sesiones. Para ello el dictamen correspondiente deberá quedar listo el próximo lunes, la sesión de la Permanente realizarse el miércoles y el extraordinario el viernes. En tanto sigue afinando su iniciativa y ya modificó la pregunta propuesta de la que quitó el término “pérdida de confianza” que nada gustó en el Palacio Nacional. La nueva protesta de pregunta es: “¿Está de acuerdo en que el Presidente de la República, electo para el período constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato?”.
- CONCILIACIÓN. El que rindió su informe de actividades legislativas en la sede histórica de Xicoténcatl 9, fue el presidente del Senado Eduardo Ramírez. El legislador morenista defendió la gestión de AMLO, dijo que ha sentado las bases de una transformación pacífica y llamó a dejar atrás la polarización para dar paso a la conciliación y fortalecer la unidad nacional. La tarea es de todos, así que bien harían en escuchar al presidente del Senado en el Palacio Nacional.
Carlos Gutiérrez Salazar - DEUDA. ¿Por qué los 12 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (Deg´s) que otorgará el FMI a México, no pueden destinarse al pago de la deuda externa como propuso AMLO? La clave está en los artículos 18 y 20 de la Ley del Banco de México. El primero define la función de la reserva de activos internacionales: “… coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”. El segundo precisa el término divisas y establece cuáles pueden formar parte únicamente de la reserva: billetes y monedas metálicas extranjeras, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago, incluidos los Derechos Especiales de Giro del FMI. Por eso el subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, cercano a la 4T, tuvo que salir a corregirle la plana al Presidente.
- MARTES 13. Un día como hoy, pero de hace 500 años, fue martes. Martes 13 de agosto de 1521. Tras 70 días de un inclemente sitio caía la Gran Tenochtitlán. Cuenta el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo: “Juro, amén, que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos… no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos… y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir”. Para unos fue un injustificable acto genocida. Para otros un justificado proceso civilizatorio. Fue en cualquier caso la aniquilación de dos culturas, para que su fusión diera nacimiento a la Nación que hoy somos. Eso es lo que conmemoramos.
BARRUNTOS DE TORMENTA EN EL
PJF E INSTITUCIONES ELECTORALES
Tres hechos recientes pueden considerarse claros indicios de la sacudida que está por venir en las instituciones electorales y el Poder Judicial de la Federación:
- La crisis aún no resuelta en el Tribunal Electoral (TEPJF); 2. El rechazo del presidente de la Corte, Aturo Zaldívar de prolongar su gestión dos años más tras conocer el proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco que considera inconstitucional el artículo transitorio de la reforma aprobada por el Congreso que así lo mandata; y 3. La abierta confrontación evidenciada ayer en sus declaraciones por el presidente López Obrador.
Aquí le referí lo ocurrido en el TEPJF entre el martes y el jueves de la semana pasada (https://bit.ly/3Ae9nBJ). El viernes 6 de agosto amanecimos con dos presidentes del Tribunal Electoral, cada uno de ellos alegando tener la razón legal y sus respectivos fardos a cuestas: el depuesto Vargas con investigaciones abiertas por enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, así como la animadversión de cinco de sus pares por la manera de gobernarlo; y el designado Reyes Rodríguez Mondragón con sus inocultables lazos con el expresidente Felipe Calderón.
Ese mismo viernes –tras su reunión en la víspera con los cinco magistrados rebeldes-, el presidente de la Corte salió a una inusual conferencia de prensa en la hizo notar su papel de mediador en el conflicto, con un llamado a la conciliación interna ante la imposibilidad legal de que el máximo tribunal resolviera el conflicto por el carácter independiente del TEPJF.
Aprovechó además su comparecencia ante los medios para informar que no aceptaría la prolongación de su Presidencia dos años más y que ya estaba listo el proyecto de sentencia que sobre el asunto elaboró la ponencia del ministro Franco, cuyo contenido no se hizo público.
El lunes 9 de agosto, Zaldívar se reunió con el magistrado Vargas. Tras el encuentro se desencadenaron varios hechos: 1. La declinación de Reyes Rodríguez Mondragón luego de reconocer que su designación había sido acordada solo por cinco magistrados y no por la totalidad de los siete integrantes de la Sala Superior como es obligación de todo cuerpo colegiado; 2. La renuncia de Vargas para dar paso a una conciliación interna; y 3. Una larguísima reunión de los siete magistrados electorales en la que se designó como presidente interino a Felipe Fuentes Barrera para sacar adelante la calificación de quince elecciones estatales (al menos tres de ellas con severas impugnaciones: Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán), así como contenciosos pendientes, y se acordó elegir en septiembre próximo, con nuevas reglas, a quien será el nuevo presidente o presidenta del TEPJF.
Ese mismo lunes se conoció el contenido del proyecto de sentencia sobre la prolongación por dos años de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte conforme al transitorio aprobado con la reforma al Poder Judicial. Es inconstitucional, propuso el ministro Franco, posición que, según se supo, es compartida por la mayoría de los ministros.
Ayer martes 10 de agosto, se esperaba que el pleno de la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad del referido artículo transitorio, pero la mayoría de los ministros determinó no hacerlo y dejar la resolución para después, a fin de atender otra demanda pendiente de inconstitucionalidad y la consulta del asunto a los ministros.
Pudieron haberlo hecho de inmediato ya que hay un proyecto de sentencia ya listo, pero dicen los que saben de las luchas de poder al interior de la Corte que los ministros que han sido abiertos opositores a Zaldívar y que avalan la inconstitucionalidad de la ampliación de su período como presidente, buscan alargar el trámite sabedores del enorme desgaste que le ha generado y le sigue generando.
En la mañana de ayer AMLO ya había soltado un par de petardos declarativos. Sobre la prolongación dos años en la presidencia de la Corte: Zaldívar “fue avasallado” en su intento por reformar el Poder Judicial por sus compañeros ministros que “vienen del antiguo régimen”, a los que calificó de hipócritas y falsarios. Y sobre la crisis en el TEPJF: “No coincido” con Zaldívar de que esa crisis esté zanjada, “el Tribunal no está bien, no ha demostrado actuar con rectitud”, “lo mejor es una renovación… tajante, tanto en el Tribunal como en el INE, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible y honesta”.
En este sentido ratificó que va por una reforma electoral amplia, aunque adelantó que no promoverá otra constitucional en el Poder Judicial (“como lo hizo Zedillo”), que dejará que la lleven a buen puerto los propios jueces, magistrados y ministros, y que el Consejo de la Judicatura (encargado de vigilar su conducta) asuma un papel más activo.
INSTANTÁNEAS:
- REVOCACIÓN. Uno se pregunta si todos los jaloneos que hemos atestiguado en lo que va del gobierno de la 4T, ¿responden a un auténtico afán de cambio de régimen o son expresión de luchas de poder por el control político? En cualquiera de los casos no parece recomendable el tono de regaño que una mañanera sí y otra también ha asumido el Presidente de la República. Vaya que los hubo ayer y uno de ellos fue dirigido a los liderazgos legislativos de Morena y a las otras fuerzas políticas, por no incluir en los asuntos a tratar en el Período Extraordinario de mañana la iniciativa para reglamentar la revocación de mandato incorporada de la Constitución. Esto llevó a que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado a empezar a operar para que haya un segundo período extraordinario para discutir y en su caso aprobar antes del próximo primero de septiembre la ley reglamentaria correspondiente.
Derecho Especial de Giro (DEGS) no son para pagar deuda - PÉRDIDA DE CONFIANZA. Por cierto, la iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato ratifica que ésta solo procederá a petición del tres por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores distribuidos en al menos 17 entidades federativas y que su resultado solamente será vinculatorio si la participación total de la ciudanía es de al menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en ella. La pregunta que deberán responder los ciudadanos con un “sí” o un “no” sería: ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza? El INE será el encargado de realizarla y llevarla a cabo, mientras que el TEPJF la calificará y se encargará de resolver a los medios de impugnación.
- NO A LA REVOCACIÓN. Ya hay voces que claman por un no a la consulta de revocación de mandato. Una de ellas es la del expresidente del INE, Juan Carlos Ugalde. Argumenta que si la Suprema Corte ya se pronunció por la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, esa tesis debe prevalecer en el caso de reducir el mandato ciudadano de que el Presidente cumpla con el período de seis años para el que fue electo. También pone por delante el principio de que la ley no puede ser retroactiva y que si la reforma constitucional que incorpora la revocación del mandato fue aprobada en 2019 (un año después de electo el actual Presidente), entonces deberá aplicar para que jefe del Ejecutivo que se elija en 2024.
(rrodriguezangular@hotmail.con , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx ).