Raúl Rodríguez Cortés
Extraña que el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones no salga a poner orden entre quienes aspiran a la candidatura tricolor para el gobierno de Oaxaca. Y todo indica que no meterá mano hasta principios de enero próximo, el año de la elección.
Por lo pronto, algunos suspirantes siguen por la libre, gastando en su promoción recursos que se supone son propios, aunque cuesta creerlo, y sacando encuestas de todo tipo en diversos medios de comunicación, que los colocan como los primeros en las preferencias ciudadanas.
La más seria (porque explica metodología y tamaño de la muestra) la publicó La Jornada la semana pasada y señala en la delantera al ex director del INFONAVIT, Alejandro Murat quien ya está en Oaxaca ajustando todos los detalles para cuando se dé el banderazo a la campaña interna.
Otros, como el senador con licencia Eviel Pérez Magaña publicó en EL UNIVERSAL otra encuesta que lo señala a él en el primer lugar, aunque, le decía, no refieren metodología ni tamaño de la muestra. Algunas lenguas indiscretas contaron a este reportero que Eviel anda de road show por diferentes medios de comunicación solicitando apoyo (fiado) y, en casos muy específicos, crédito a saladar con creces cuando gane, dice, la gubernatura.
El ex vocero de Ulises Ruiz, el director de Liconsa Héctor Pablo Ramírez Puga de plano se bajó de la contienda, prefirió amarrar el hueso y sugirió a sus escasos seguidores que se fueran con quien consideraran el correcto.
Se ha insistido en que el recién sustituido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani sería el as bajo la manga de Beltrones, aunque por los rumbos de Insurgentes Norte, en la ciudad de México, los que aseguran saber de qué lado masca la iguana dicen que tal escenario es irreal y que el achichincle de los empresarios más bien estaría en los afectos de sus amigazos Gabino Cué y Diódoro Carrasaco.
Por ese lado, no hayan como ocultar todo el apoyo que se le está dando a José Antonio Garfias que hasta ahora sigue siendo el principal suspirante de una alianza PAN-PRD, aunque en los terrenos del sol azteca sigue muy movido el senador Benjamín Robles Montoya que hace alarde de gran convocatoria con resultados poco convincentes, pues convocó, según dijo, a cientos de alcaldes a tomar las oficinas de Hacienda en la ciudad de México para exigir la liberación de más recursos. Si llegaron 30 e hicieron una petición muy formal y nada rijosa de más lana.
El priismo, regresando a esos terrenos, deberá tener cuidado con el suspirante Samuel Gurrión (gastando millones de pesos inexplicables) que acaso no haya logrado los suficientes apoyos tricolores pero que se ha convertido en un elemento ¿atractivo? para el Morena de López Obrador.
NO HAY TOS; COMPRA DE VOTOS
El Partido Verde Ecologista de México acumuló multas por casi 600 millones de pesos (si sumamos la de 88 millones que le aplicaron la semana pasada), en el más reciente proceso electoral. El INE castigó así las interpretaciones delictivas que ese partido hizo de la ley para, entre otras cosas, poder anunciarse ventajosamente en salas cinematográficas, no dejar de hacerlo cuando se le exigió y hacer pasar por informes de labores mensajes francamente propagandísticos.
Con ese antecedente cuesta trabajo creer que Arturo Escobar y Vega, quien fuera su presidente cuando incurrió en las faltas electorales referidas, no haya echado mano de otras malas mañanas para comprar votos, práctica ya generalizada en México, con la sola diferencia de la discreción con que lo hacen los actores políticos.
No obstante, Escobar libró la acusación de haber entregado a ciudadanos diez mil tarjetas “Premia Platino” a cambio de votos para candidatos del Verde en las elecciones federales de julio pasado. Acusación ésta que le fincó el fiscal Especial de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo quien solicitó la aprehensión del verde que en ese momento era subsecretario de Gobernación y se vio obligado a dejar un cargo cuyo nombramiento causó mucha polémica, precisamente por las faltas electorales castigadas con las multas de marras.
Pero la juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la aprehensión. Consideró que el Ministerio Público Federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar. Explicó que la fiscalía electoral le imputó el delito de destinar o recibir aportaciones a favor de un partido, cuando la anomalía consistió en firmar un contrato con la empresa “Proyectos Juveniles”. Expertos en derecho electoral consideran que el tipo penal que mejor se hubiera ajustado a los señalamientos contra Escobar era el de haber usado datos personales para el reparto de propaganda a favor del Verde.
El argumento de la juez Cervantes Mejía parece impecable y transfiere al fiscal Nieto Castillo la responsabilidad de que Escobar no haya sido consignado. Sin embargo, en la percepción de la gente quedó plantada, como siempre, la certeza de que la juez fue comprada, a lo que se suma, sí, la probable pifia del fiscal electoral, sin que deje de pesar en esa opinión la andanada de críticas que ha recibido durante los últimos días, tras conocerse que antes de asumir la titularidad de la FEPADE, no notificó al Senado, instancia obligada a ratificarlo, que fue asesor del PRD, lo que constituía un claro conflicto de interés de cara a la imparcialidad requerida para su función.
La fiscalía electoral tiene tres días para impugnar la negativa de la juez, costa que no había hecho hasta el momento de escribir esta columna. Mientras tanto Escobar, desde la soberbia que da el dinero (¿se acuerdan cuando fue descubierto en el aeropuerto de Chiapas con una maleta Louis Vuitton cargada con un millón cien mil pesos en efectivo que jamás pudo explicar de quién eran y para qué?), emprendió acciones legales contra Nieto Castillo a quien exige una disculpa pública y la reparación del daño moral (¿cuál moral?), además de acusarlo de violar el debido proceso al dar a conocer datos de una investigación, no respetar la presunción de inocencia ni resguardar datos personales.
Quizás el tiempo y la ley den la razón en esto a quien la tenga. Queda claro, por lo pronto, que aquí ya no creemos en los jueces, ni se respeta la autonomía con que, en este caso, se dotó al fiscal electoral; que nada pasa con las interpretaciones delictivas de la ley y que en este país los partidos políticos ya no buscan convencer sino comprar al votante.
Sentar un precedente legal en contra de la compra de votos, mal hubiera caído en el PRI y en el gobierno, pues justamente de eso de eso se les acusó en las pasadas elecciones presidenciales, con la exoneración, por supuesto, del Tribunal Electoral.
REFORMA POLÍTICA PARA EL DF
El pleno de la Cámara de Diputados tomó decisión muy importante en la vida política del país y de la ciudad de México. Su trascendencia, además, abona con mucho al capital político de Miguel Ángel Mancera: la transformación de la capital del país un estado más de la República sin que por ello deje de ser la sede de los poderes federales.
El Congreso de la Unión avaló el dictamen de la reforma política para el Distrito Federal, que ahora deberán aprobar la mitad más uno de los congresos de los estados, púes se trata de una reforma constitucional.
El dictamen contempla convocar a elecciones el año próximo para elegir una Asamblea Constituyente que se ocupará de elaborar una Constitución política para la ciudad de México.
Esas elecciones las organizaría el Instituto Nacional Electoral (INE) y tendrían lugar, tentativamente, en el mes de junio, de manera que tuvieran lista la Constitución a más tardar el 31 de enero de 2017, para su promulgación al siguiente 5 de febrero, en coincidencia con el centenario de la Constitución federal.
La Asamblea Constituyente para la ciudad de México quedará conformada por cien integrantes: 60 de ellos elegidos directamente en las urnas, 14 diputados federales de la actual Legislatura, 14 Senadores, seis representantes del gobierno federal y seis más del gobierno capitalino.
De acuerdo con el dictamen aprobado el lunes, los integrantes de esa Asamblea no cobrarán sueldo, será un cargo honorífico que desempeñarán de septiembre de 2016 a enero de 2017. Trabajarán en paralelo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal electa en julio pasado.
La reforma política del D.F. incluye también la transformación de las 16 delegaciones políticas en municipios. Cada presidente municipal o alcalde contará con un grupo de diez concejales que será electos en los comicios de 2018. Su cargo será equivalente al de los regidores de las otras entidades del país.
La reforma política del D.F. será la culminación de un largo proceso impulsado por los partidos de oposición al PRI. Empezó en 1987 con una reforma constitucional que permitió a los capitalinos elegir representantes por primera vez desde 1928. Surgió así la Asamblea de Representantes del D.F. que solo funcionó dos períodos, de 1988 a 1994. Otra reforma constitucional que le dio más atribuciones la transformó en la actual Asamblea Legislativa del D.F. que viene funcionando desde 1996.
En ese camino de la ciudad de México hacia una mayor autonomía, otra reforma constitucional, la de 1997, aprobó que los capitalinos eligieran por voto directo al Jefe de Gobierno y a los 16 delegados. Desde entonces la capital del país ha sido gobernada por la izquierda (Cárdenas, Robles, López Obrador, Encinas, Ebrard y ahora Mancera, de la mano de la cual ha seguido el camino que la convertirá en el estado número 32 y sede de los poderes de la Unión.
Esa culminación le toca a Mancera, lo que sin duda sumará a su capital político. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )
