Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
¿Alcanza usted a imaginar sobornos por 516 millones de pesos? Ese es, más o menos, el monto del cohecho que denunció Emilio Lozoya Austin ante la FGR, parte del cual –acepta- fue para su beneficio. Agregue a eso una multimillonaria suma, hasta ahora no cuantificada, de pérdidas para el erario, por contratos leoninos, compras fraudulentas de plantas chatarra y transacciones ilegales para el beneficio personal, el de amigos contratistas y el de grandes intereses políticos y económicos. Una operación criminal de escándalo, pues involucra a tres expresidentes, dos excandidatos presidenciales, dos gobernadores y al menos cinco exlegisladores del PAN y del PRI.
Es claro que el que acusa tiene que probar, como claro es que el acusado debe demostrar su inocencia. Es incontestable, además, que el acusador Lozoya Austin es un infractor confeso (así haya actuado por órdenes superiores y se haya acogido a criterios de oportunidad para atenuar su castigo); como incontestable es que ya denunció formalmente a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna, Ricardo Anaya, Osiris Hernández, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo y Carlos Salinas de Gortari.
Una trama de corrupción inaudita que, insisto, deberá ser probada, transcurre en las 64 hojas de la denuncia de hechos que la FGR recibió el pasado 11 de agosto, una copia de la cual fue misteriosamente filtrada y circuló profusamente en las redes sociales.
Una revisión de los montos señalados como sobornos por el exdirector de Pemex en su denuncia de hechos, lleva a las siguientes cantidades:
Cuatro millones de dólares (40 millones de pesos a un tipo de cambio de diez por uno en 2012), entregados por Odebrecht para la campaña de EPN. De esa cantidad, 2.5 millones de dólares se usaron para pagar a once asesores electorales extranjeros, y 1.5 millones de dólares que se quedó Lozoya.
Seis millones de dólares (60 millones de pesos) que entregó en efectivo la contratista Fabiola Tapia Vargas, socia en México de Odebrecht, dinero que según la denuncia se utilizó para los sobornos ordenados por Peña Nieto y Videgaray para aprobar las reformas estructurales del Pacto por México, señaladamente la Energética. De ahí salieron 6.8 millones de pesos entregados a Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya, y la mayor parte de los 80 millones de pesos acordados con los exlegisladores panistas, recibidos por su operador, Rafael Caraveo Opengo.
84 millones de pesos, también de Odebrecht, para que el gobierno de Felipe Calderón aprobara el proyecto de Etileno XXI y 84 millones de pesos más para que el de EPN avalara su continuidad. Con estos últimos se completaron los pagos acordados con los exlegisladores panistas en lo que, según Lozoya Austin, ya se había convertido en una abierta extorsión; y se entregaron 32 millones de pesos a Álvaro Rivera, representante de Luis Videgaray quien entregó una parte a Luis Vega Aguilar, entonces secretario de Finanzas del PRI.
Y 152 millones de pesos adicionales que según Lozoya gestionó el propio Videgaray, sin precisar con quién, para saldar pagos y compromisos con otros funcionarios públicos. El ex director de Pemex asegura que de ese montó entregaron el 15 de septiembre de 2014, vía Norberto Gallardo, 4.3 millones de pesos a José Antonio González Anaya, cuatro millones de pesos a José Antonio Meade y cuatro millones de pesos a Carlos Treviño Medina.
Las acusaciones de Lozoya contra Carlos Salinas de Gortari básicamente se centran en su cabildeo a favor de exlegisladores del PAN y de su hijo Juan Cristóbal en contratos de Pemex.
Muchos son dichos de Lozoya que tendrán que confrontarse con los dichos de sus acusados. Pero en la denuncia nombra testigos y refiere evidencias. Entre los primeros están: Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera su secretario particular; Francisco Olascoaga, su jefe administrativo en la dirección general de Pemex; Norberto Gallardo, ex miembro del Estado Mayor Presidencial que fungía como su jefe de escoltas; Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores y Edgar Torres Garrido, asesor. Y entre las segundas, presenta transferencias bancarias, números de cuenta y bancos, empresas off shore y al menos un video hasta el momento.
INSTANTÁNEAS:
- LOS ALUDIDOS. Casi la totalidad de ellos han salido a responder. Todos niegan las acusaciones y dicen que son venganzas y calumnias de un delincuente para salvarse. Felipe Calderón se dice perseguido y acusa una venganza de AMLO. Ricardo Anaya demandó a Lozoya por daño moral. José Antonio Meade señala que son acusaciones sin pruebas y que está formalmente localizable para la autoridad. González Anaya considera que son actos desesperados de Lozoya ante los delitos que cometió. Carlos Treviño asegura que nada tuvo que ver con las reformas estructurales. Francisco García Cabeza de Vaca dijo que no permitirá que lo use electoralmente un delincuente como Lozoya. Y David Penchyna señala que no sobornó ni fue sobornado por nadie.
- MISTERIO. La Fiscalía General de la República ya investiga de dónde provino la filtración de la denuncia de hechos de Lozoya. Niega que de ahí haya salido, así como lo niega la defensa del acusado. Es crucial que se sepa pues, de otro modo, está en grave riesgo el buen término de este proceso judicial.
- GUERRA DE VIDEOS. Carlos Loret dio a conocer en su programa online un video en el que Pío López Obrador recibe en 2015 paquetes que el periodista asegura contienen dinero. Se los entrega David León, quien hasta hace algunos días era el Coordinador Nacional de Protección Civil. León dijo que entre noviembre de 2013 y noviembre de 2018 no era funcionario público sino consultor y que su manera de apoyar al movimiento de AMLO era recolectando recursos entre conocidos. Por lo pronto, David León dijo que se suspenderá su toma de posesión como director de la empresa estatal que se ocupara de adquirir y distribuir medicamentos, para no afectar al gobierno federal.
Luis Videgaray Caso - SERÁ ENCUESTA. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación resolvió con votación de seis a uno que Morena realice la renovación de su dirigencia mediante una encuesta telefónica entre los simpatizantes del partido. Será el INE el que organice la elección interna morenista. Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente interino de ese partido, quien había solicitado que la elección se pospusiera, acusó al Tribunal de haber llegado a esa determinación por sobornos y presiones del INE.
- MÉRITO. La Academia Mexicana de la Lengua, con sede en la CDMX, designó miembro correspondiente en Tijuana, al historiador David Piñera Ramírez. Se suma así a los prestigiados literatos, filósofos, antropólogos, historiadores y humanistas en general que la conforman. De ella han sido parte personajes como Miguel León Portilla, Edmundo O´Gorman y Luis González y González. Fundada en 1857, la Academia Mexicana de la Lengua también ha tenido en su seno a figuras como Justo Sierra, Amado Nervo, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Agustín Yáñez, Jaime Torres Bodet, Juan Rulfo y Octavio Paz. La distinción que recibe David Piñera Ramírez es un merecido reconocimiento a su labor de décadas en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California.
¿HAY FUEGO AMIGO PANISTA
EN LA FILTRACIÓN DEL VIDEO?
Fuentes de la FGR aseguran que el video en que dos empleados de un exdiputado y un exsenador panistas reciben varias bolsas repletas de dinero en efectivo, no forma parte de las pruebas aportadas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia de hechos sobre sobornos entregados a exlegisladores para aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que presentó el martes 11 de agosto pasado y de la que ese mismo día informó el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Eso no necesariamente significa –advierten- que el video de marras no sea parte de las varias evidencias video gráficas que sobre el caso de los sobornos dice tener el exdirector de Petróleos Mexicanos.
No descartan, incluso, que el video adjuntado por Lozoya Austin a su denuncia de hechos, sea parte del mismo que se hizo viral en redes sociales luego de que se subiera el domingo pasado desde una cuenta de YouTube. Lo que pasa –explican- es que los poco más de cuatro minutos de video que han circulado profusamente durante los últimos tres días, no estarían incluidos en el material hasta ahora entregado por el exdirector de Pemex.
Uno infiere, luego de esa explicación, que estamos ante el mismo video, una parte del cual está en el expediente de la FGR y otra parte es la que circula en redes sociales. Y queda claro que esa es y será la respuesta de la Fiscalía ante dos posibles escenarios: 1. Deslindarse de una eventual filtración originada desde el ministerio público federal que pondría en grave riesgo la investigación por faltas al debido proceso; y 2. Atajar una maniobra, procedente de partes interesadas (¿el mismo Lozoya, entre otras?), para descarrilar el caso precisamente por esas faltas al debido proceso.
La investigación sobre el video será crucial. Se sabe que fue subido el domingo (un día antes de que AMLO declarara que por ser cuestión de Estado debería ser del conocimiento público), desde una cuenta de YouTube, inmediatamente cancelada, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del exdirector de Pemex. La defensa de éste respondió que el señalado nunca ha tenido cuenta en esa plataforma digital y que demandará a quien utilizó su nombre para subir el video.
Su autenticidad, por otra parte, parece incuestionable. Muestra a personajes reales ya identificados: Guillermo Gutiérrez Badillo, cercano al exdiputado del PAN y hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de quien fue secretario privado hasta el lunes pasado, día en que fue fulminantemente cesado; y Rafael Caraveo Opengo, en ese momento secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado presidida entonces por senador panista Jorge Luis Lavalle, después expulsado del blanquiazul junto con Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas (en medio de las pugnas entre el calderonismo y la dirigencia panista), mencionados también por Lozoya como destinatarios de los sobornos.
Pero la investigación no debería descartar el fuego amigo del PAN. No se pierda de vista que Francisco Domínguez es uno de los más afectados por el video escándalo, pues le mueve el tablero de su propia sucesión al frente del gobierno de Querétaro, donde una gestión bien evaluada lo colocaba como un fuerte aspirante a la candidatura presidencial blanquiazul que podría ser descarrilada. Y es ahí donde se le atraviesan el también queretano Ricardo Anaya quien, dicen los que saben, busca relanzarse al más alto nivel después de su apabullante derrota electoral de 2018; y su delfín para la entidad, Mauricio Kuri, líder de la fracción senatorial panista, quien –se asegura- negocia un blindaje con la 4T que evite descarrilar sus aspiraciones. Cercanos al atribulado gobernador de Querétaro dicen ver la mano de Kuri detrás del video de marras.
INSTANTÁNEAS:
- CONAGO. En el chat de la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos los mandatarios confirmaron su cita de hoy en San Luis Potosí, incluidos los de la llamada Alianza Federalista: Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Durango y Chihuahua. A partir de las diez de la mañana sostendrán una reunión privada con todos los integrantes del gabinete federal. A la una de la tarde se incorporará el presidente López Obrador. Fuentes cercanas al presidente de la CONAGO, el gobernador priista de SLP, Juan Manuel Carreras López aseguran que los acuerdos ya están planchados.
- LA AGENDA. Tocará al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad hacer los planteamientos en cuanto a la reactivación económica; al de Yucatán, Mauricio Doval, los de emergencia sanitaria; al de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, los de salud; al de Oaxaca, Alejandro Murat, los del regreso a clases en la nueva normalidad; al de Querétaro, Francisco Domínguez, los de fortalecimiento del sistema de coordinación fiscal; al de Aguascalientes, Martín Orozco, los del pacto fiscal; y al de Jalisco, Enrique Alfaro, los de energías verdes.
- ACUERDOS. Si no hay cambios de última hora, la CONAGO firmará con la Procuraduría Fiscal de la Federación un convenio general de coordinación administrativa en materia de delitos fiscales y financieros; y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una declaración de intención para establecer o fortalecer Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en todas las entidades del país, para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procidencia ilícita.
Francisco Domínguez - DEBATE. Fuentes de la CONAGO aseguran que quedó proscrita de la agenda de la reunión la solicitud de renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell planteada en días pasado por algunos gobernadores, por lo que consideran una inadecuada estrategia contra la pandemia de Covid19. A cambio, aseguran, el gobierno federal aceptará la devolución de la totalidad o por lo menos un porcentaje, del dinero que las entidades han debido gastar para hacer para enfrentar la pandemia, y trabajar desde ya en un asunto que consideran crucial: fortalecer el sistema de salud ante el casi seguro panorama de que la temporada de influenza estacional que iniciará en octubre de lugar a rebrotes del nuevo coronavirus.
- REACTIVACIÓN. Otro tema, sobre el que se tienen grandes expectativas, es conocer el programa de reactivación económica que, según anunció el propio AMLO, se ha elaborado conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial.
- INVERSIÓN. Con una inversión de nueve millones de dólares y la expectativa de generar mil 400 empleos directos, Becton Dickinson México puso en marcha su décimo primera planta productiva en el país. Este complejo está ubicado en Hermosillo, Sonora y se concentrará en el ensamble manual de sets infusión, equipo básico para el suministro de medicamentos para pacientes con Covid19 y otras enfermedades. (rrodriguezangular@hotmail.com, @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx)