Raúl Rodríguez Cortés
La Lista Nominal de Electores, de acuerdo con el INE, es de 93 millones 597 mil 559 ciudadanos. Si es necesaria la participación de por lo menos 40% de quienes estamos inscritos en ella para que el resultado de la primera consulta popular constitucional en la historia del país sea de aplicación obligatoria -como lo establece la Carta Magna en la fracción octava de su artículo 35-, eso significa que tendrán que votar el próximo domingo al menos 37 millones 439 mil 23 ciudadanos. Si la participación es menor a ese número de sufragios, el resultado no será vinculatorio.
En las elecciones federales intermedias del pasado 6 de junio votaron 49.1 millones de ciudadanos; en las presidenciales de 2018, lo hicieron 56.6 millones; en las intermedias de 2015, 39.8 millones; en las presidenciales de 2012, 50.1 millones; en las intermedias de 2009, 34.6 millones; en las presidenciales de 2006, 41.7 millones; en las intermedias de 2003, 26.7 millones; y en las presidenciales de 2000, 37.6 millones.
Como se aprecia, las elecciones presidenciales siempre tienen mayor participación que las intermedias, ya que despiertan mayor interés en la ciudadanía. Entre las ocho aquí referidas, dos, ambas intermedias (2009 y 2003), han tenido una participación menor a los 37.4 millones de votos requeridos para que la Consulta Popular del próximo domingo sea de aplicación obligatoria; otras tres -una intermedia (2015) y dos presidenciales (2006 y 2000)- han superado por poco ese número de votos; y tres más -una intermedia (2021) y dos presidenciales (2018 y 2012)- registraron una participación ciudadana notablemente mayor.
Lo que estas cifras sugieren es que será difícil alcanzar el domingo esos 37.4 millones de votos, aunque no imposible. Todo dependerá del interés que haya despertado entre la ciudadanía esta consulta constitucional sin precedente.
Que jamás alcanzará la participación requerida por la ley y esperada por el gobierno, es el más reciente argumento de quienes la descalifican en seguimiento de otros: que la ley no se consulta; que la pregunta es “cantinflesca”; que por qué no se incluye al actual gobierno; y que es un proceso muy costoso e innecesario.
Es cierto que la aplicación de la ley no se consulta, pero acaso en México ¿se ha aplicado con estricta justicia en su historia reciente? ¿No ha sido una desesperada queja la ofensiva impunidad en que hemos vivido y una humillante bofetada la que ha favorecido a quienes por casi medio siglo nos han gobernado? ¿Es posible creer en una justicia que –alce la mano quien lo niegue- se incorporó al aparato de protección política y económica del régimen?
Esta Consulta Popular, en apego a la Constitución, fue convocada por el Congreso de la Unión a petición de la Presidencia, uno de los tres posibles solicitantes. La pregunta formulada se enfocó en “investigar y en su caso sancionar” a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por presuntos delitos cometidos “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”. Tocó a la Corte –conforme al procedimiento legal- dictaminar la constitucionalidad de la pregunta. No avaló la inicialmente formulada y la cambió, para darle ese carácter constitucional, quitando los nombres de los expresidentes para generalizar en “actores políticos del pasado”, y replanteando que de lo que se trata es de emprender “un proceso de esclarecimiento”.
¿Es “cantinflesca” la pregunta? Parece claro que lo que busca es dar cauce a la también añorada y exigida participación de la gente para que diga si quiere aproximarse a una verdad que sería punto de partida para suturar heridas que impiden reconciliarnos; rescatar esa verdad y evitar que se filtre y desaparezca en los agujeros de la memoria que todo régimen totalitario impone para garantizar su subsistencia, como advirtió en su momento el novelista británico George Orwell.
“¡Que se juzgue también al actual gobierno!”, claman otros. Pues sí, que también se le juzgue. Será menos complicado ya que AMLO abolió y ya no es beneficiario del fuero que protegió a sus antecesores contra delitos del orden común.
¿Cuánto cuestan la verdad o la justicia? Se trata de valores que no tienen precio, por lo que no tienen referente para saber si son muy costosos o innecesarios.
Quiénes descalifican a la Consulta Popular del domingo próximo ¿por qué no llaman a votar por el No, en lugar de convocar a la no participación? ¿A qué le temen, a que la gente hable en número suficiente para que diga tenga fuerza de ley? ¿O será que un Sí por esclarecer la verdad sería la puntilla del viejo régimen? Si lo que busca AMLO es que la gente diga si vamos o no a tocar a los intocables, bueno sería que el Presidente no se asumiera como uno de ellos con sus andanadas mañaneras contra el periodismo crítico de su gobierno.
INSTANTÁNEAS:
- ¡QUE NECESIDAD! Fuentes de la Presidencia dijeron ayer que el evento que AMLO encabezará el próximo sábado para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa, tendrá carácter privado. Fue cerrada a la prensa la visita al municipio natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mismo en el que el pasado 29 de marzo de 2020, el Presidente saludó a la madre de 92 años del narcotraficante convicto en una prisión de Nueva York, imagen que se hizo viral en redes sociales y dio lugar a todo tipo de especulaciones. Según las fuentes, que no explicaron por qué se cerró el evento, ni siquiera tendrán acceso los camarógrafos del CEPROPIE y los fotógrafos de la Presidencia que normalmente hacen el seguimiento del primer mandatario. ¿Cuál es la necesidad de esos misterios? Decisiones como esas, mal comunicadas, dan lugar a todo tipo de interrogantes. ¿Hay alguna preocupación de seguridad en un territorio del narcotráfico? ¿Volverá a hablar con la mamá de “El Chapo”? ¿Con quién o quienes se va a reunir? O ¿sólo pretende evitar tergiversaciones maliciosa e inevitablemente vinculadas a la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo del cártel de Sinaloa, en octubre de 2019? El vocero presidencial Jesús Ramírez aclaró anoche que los eventos de la gira serán abiertos el viernes y el sábado (incluido el de Badiraguato) y cerrados el domingo por la Consulta Popular.
- EXTRAORDINARIO QUE NO TRANSITA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no pudo alcanzar otra vez la mayoría calificada para que este jueves, se llevara a cabo el período extraordinario que votaría el eventual desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo y del de Morena, Saúl Huerta. La oposición argumentó que Morena añadió al dictamen correspondiente asuntos no consensuados como la ratificación de los nombramientos de los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; así como la modificación de un artículo transitorio de la Reforma Laboral para ampliar del primero de agosto a primero de septiembre la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de subcontratación (outsourcing). El dictamen fue regresado finalmente a comisiones por lo que la posibilidad de este extraordinario sigue vigente. Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de la JUCOPO del Senado, dijo que seguirá buscando consensos. El tema es que, en materia de outsourcing el tiempo apremia pues la entrada en vigor sería el próximo domingo.
Enrique Peña Nieto - REACTIVACIÓN. Un plan de reactivación económica de la ciudad de México fue presentado el lunes pasado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar detalló que tiene diez ejes en los que se privilegian las acciones coordinadas entre las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía. Sheinbaum parece tener claro que se necesita de todo para retomar el desarrollo económico de una ciudad que ha sufrido importantes afectaciones por la pandemia de la COVID19.
¿LA CONSULTA DARÁ SEÑALES
SOBRE REVOCACIÓN DE MANDATO?
Los resultados que arroje pasado mañana domingo la primera consulta popular del país constitucionalmente regulada, no solo medirán el ánimo de participación ciudadana respecto a la voluntad de esclarecer decisiones políticas del pasado reciente. También permitirán perfilar con más claridad, junto con los de las pasadas elecciones del 6 de junio, los rangos de apoyo o rechazo ciudadano al gobierno de AMLO, de cara a la consulta de revocación de mandato que tendría lugar a más tardar el primer domingo de marzo del año próximo.
Solo si se emiten al menos 37.4 millones de votos, lo que resulte tendrá fuerza de ley, es decir, será de aplicación obligatoria. Si esto se logra –ganen el sí o el no- la consulta del domingo será un éxito para la causa de AMLO. Pero si no se consigue esa cantidad mínima de participación para que el resultado sea vinculatorio, será un rotundo fracaso, ganen el sí o el no.
Para dilucidar que señales enviarían cualquiera de esos escenarios, de cara a la consulta sobre revocación de mandato de marzo próximo, fijémonos en ese piso de 37.4 millones de votos, ya que es el mismo que se exige para darle validez a ambos ejercicios plebiscitarios.
La revocación de mandato –a la que AMLO ofreció someterse y para lo cual promovió reformas al artículo 35 de la Constitución- debe ser convocada mediante las firmas de por lo menos tres por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, dos millones 807 mil 926 ciudadanos, de al menos 16 entidades federativas.
La consulta sobre revocación de mandato sólo se puede solicitar en una ocasión y debe llevarse a cabo tres meses después de que se cumplan los tres años de gobierno. Su realización está prevista para el primer domingo posterior al vencimiento de ese plazo de 90 días, es decir, el 6 de marzo de 2022.
Para que ese plebiscito sea válido tiene que participar al menos 40% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, es decir, 37 millones 439 mil 23 ciudadanos. El resultado ganador se obtendría por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total de votos, lo que quiere decir que, en un escenario de la participación mínima requerida para la validez, se necesitarían 18 millones 719 mil 512 votos.
En las elecciones federales de 2018, AMLO ganó la Presidencia con un resultado histórico de 30 millones 113 mil 483 votos, pero si sumamos los sufragios obtenidos por sus contrincantes, tenemos que 24 millones 861 mil 705 ciudadanos votaron contra él.
Eso quiere decir que si el rango de votación en la consulta revocatoria es el mínimo requerido para que sea válida (37.4 millones de votos) y en ella gana la opción que obtenga la mitad más uno (18.7 millones de votos), los que sufragaron contra AMLO en 2018 serían mucho más que suficientes para revocarle el mandato.
Sin menoscabo de que no despierta el mismo interés participativo una elección presidencial que una federal intermedia y que una figura (en este caso López Obrador) es más atractiva que su partido, en las elecciones del pasado 6 de junio votaron por Morena y por su coalición con el PT y el Verde 19 millones 373 mil 518 ciudadanos; y contra ellos votaron 19 millones 594 mil 247 que lo hicieron a favor del PAN, PRI y PRD más la coalición que conformaron.
Esto nos lleva también a que si el rango de votación en la consulta revocatoria es también el mínimo requerido (37.4 millones de sufragios) y en ella gana la opción que obtenga la mitad más uno (18.7 millones de votos), los que sufragaron contra Morena y su coalición en los comicios pasados, también serían suficientes para revocarle el mandato.
Lo que sugiere la revisión de estas cifras es que AMLO requiere de una participación mucho mayor a la mínima en ambas consultas, ya que solo así dispondría de la reserva de apoyo popular que lo llevó a la Presidencia y en la que deben descontarse arrepentidos y decepcionados, que no son pocos.
INSTANTÁNEAS:
- MUERTE Y COVID. Antes que unos y otros llenen de cargas políticas las muertes ocasionadas en el país por la pandemia de COVID19, asumamos como el más cercano a la realidad el aportado ayer por el INEGI a partir de las actas de defunción. De acuerdo con ellas, en 2020 se registraron 201 mil 163 decesos, 35.5% más que los 148 mil 629 registrados por la Secretaría de Salud para ese período. Destaca el dato de que por primera vez México registró en un año más de un millón de defunciones. Y es que para el año pasado se esperaban 749 mil 500 defunciones y se registraron un millón 75 mil 779. Este exceso de mortalidad es atribuible al COVID19, que pasó a ser la segunda causa de muertes apenas por debajo de las enfermedades cardiovasculares. Salud informó ayer que en lo que va de la pandemia tiene registradas 239 mil 997. Si a esa cifra le aplicamos (sólo para tener una proyección), el 35.5% de más considerado para el año pasado, es probable que hoy tengamos 325 mil 196 muertes por el SARS-COV-2.
Saúl Huerta - COVID E INGRESOS. Otro dato del INEGI respecto al brutal impacto de la pandemia. El ingreso cayó en 90 por ciento de los hogares mexicanos. En el diez por ciento de los de mayor ingreso bajó 9.2 por ciento, y en el diez por ciento de los de menor ingreso aumentó 1.3 por ciento. En general, el ingreso de los hogares mexicanos descendió 5.8 por ciento en 2020 respecto a 2018, luego de una caída de 4.8% en los dos años previos.
- EXTRAORDINARIO. Tras arduas negociaciones de Ricardo Monreal, finalmente habrá hoy período extraordinario de sesiones. Se buscará modificar transitorios para ampliar un mes la entrada en vigor de las nuevas disposiciones sobre subcontratación, para que las empresas puedan cumplir con los nuevos requisitos de ley y no se pierdan tres millones de empleos. También se buscará la ratificación en el Senado del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino y en la cámara de Diputados al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Quedaron fuera los casos de desafueros de los diputados Mauricio Toledo, del PT y Saúl Huerta, de Morena.
(rrodriguezangular@hotmail.con , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx ).